Nathan Goodman. Artículo original: The Weekly Abolitionist: Prisons and Entrepreneurship, del 9 de junio de 2016. Traducido al español por Luis Vera Suárez.
Los emprendedores, o sea, las personas que están alerta a las oportunidades de obtener beneficios y que actúan para tal fin, existen en todas las sociedades. Pero las oportunidades que toman varían. Algunos emprendedores pueden buscar beneficios al proveerle a los consumidores aquellos bienes que valoran, como puede ser la pizza o la cerveza. Otros pueden buscar beneficiarse de los subsidios gubernamentales, demandando a sus rivales o robándole a los demás a mano armada.
Como argumenta el economista William Baumol en su paper “Entrepreneurship: Productive, unproductive and destructive”, el ambiente institucional de una sociedad da forma a los incentivos que impulsan a los emprendedores o bien hacia actividades productivas que producen beneficios mutuos o bien hacia actividades destructivas o improductivas que involucran beneficiarse a expensas de otros. Baumol mantiene que “Es el conjunto de reglas, no la cantidad de emprendedores ni la naturaleza de sus objetivos, la que cambia significativa de un periodo de tiempo al otro y ayuda a determinar el efecto final en la economía al asignar recursos empresariales”.
Entonces, ¿Cómo influencian las prisiones a esta asignación de energías empresariales? ¿Fomentan el emprendimiento productivo o el improductivo y destructivo?
Bajo circunstancias limitadas, las prisiones podrían servir para fomentar el emprendimiento productivo y desincentivar el improductivo o destructivo. Por ejemplo, al castigar a los ladrones, asesinos y otros agresores, la encarcelación puede aumentar el riesgo de emprendimientos improductivos que involucren robo o violencia, incentivando a los emprendedores a dirigir sus energías hacia proyectos que respétenlos derechos individuales. Como documenta Bruce Benson en The Enterprise of Law: Justice Without the State, los sistemas legales consuetudinarios han protegido los derechos individuales sin Estados ni presiones.
Estos sistemas legales típicamente se basaban en las demandas por agravio, que estaban reforzadas por amenazas de ostracismo, para que hubiese restitución financiera luego del saqueo o agresión. Esto creó incentivos para que las víctimas reportasen agresiones en su contra, y el deseo recíproco de que los demás ayudasen a proteger los derechos propios hizo que los miembros de la comunidad tuviesen incentivos para hacer cumplir los veredictos. Vemos entonces que los arreglos institucionales que hacen cumplir las reglas para desincentivar la empresarialidad improductiva y destructiva pueden existir sin prisiones. Además, como veremos, el moderno complejo industrial-carcelario crea varias oportunidades para la búsqueda de rentas, la expoliación legal y otras formas de empresarialidad improductiva o destructiva. Las prisiones también pueden servir para criminalizar o desincentivar la empresarialidad productiva.
Empresarialidad improductiva en el Complejo Industrial Carcelario
El Estado carcelario americano crea numerosas oportunidades para que los emprendedores alertas obtengan ganancias a expensa de los contribuyentes. Las prisiones necesitan construcción, operación, telecomunicaciones, comida y cuidado médico. Todo esto lo proveen individuos y empresas que son contratados a través del proceso político, por lo que trabajan para manipular el sistema político para su ganancia particular.
Por ejemplo, empresas como la Corrections Corporation of America, GEO Group, and the Management and Training Corporation se benefician operando prisiones, penitenciarías y centros de detención migratoria. La encarcelación masiva ha creado oportunidades para que estas empresas ganen no sirviéndole a los consumidores, sino haciendo tratos con políticos y burócratas para recibir dinero de los contribuyentes, a cambio de encerrar humanos en mazmorras. En vez de dirigir su perspicacia empresarial a oportunidades de usar recursos de la forma que los consumidores valoren más, los beneficiarios de las cárceles, como Jane Marquardt, ven oportunidades de ganancia en contratos con el gobierno, en la influencia política y en la violación de derechos humanos. Esto refleja mucho más que una falta moral de parte de estos beneficiarios. Refleja un problema institucional relacionado a los incentivos que crean las políticas de encarcelación masiva. Estas políticas crean oportunidades de ganancia, y estas oportunidades serán explotadas por emprendedores que en un mercado liberado tendrían que servir a los consumidores para obtener estas ganancias.
Las oportunidades de ganancia son creadas por la encarcelación masiva, independientemente si las prisiones están o no privatizadas. Las prisiones requieren guardias, y estos guardias se organizarán para asegurarse de que más recursos estén orientados hacia la encarcelación. Esto les permite seguridad laboral y mejores sueldos. Por tanto, no es sorpresivo que los guardias de prisiones se hayan organizado y dirigido recursos al proceso político para promover la expansión del sistema carcelario y reducir el riesgo de que los guardias tengan que rendir cuentas por abusar de los prisioneros.
Las prisiones también crean oportunidades para que los políticos ganen votos al crear trabajos en sus distritos. En 2014, el senador Dick Durbin y el Representante Cheri Bustos de Illinois, ambos demócratas, hablaban de los trabajos que serían creados si se gastasen 54 millones de dólares para reabrir el Centro Correccional Thomson. Estos políticos explotaron ingeniosamente una oportunidad de empresarialidad política destructiva, engraciándose con los votantes de sus distritos mientras que dispersan los costos entre el resto de la población. En el proceso, crean nuevas oportunidades improductivas para los habitantes de su distrito como beneficiarios del Estado carcelario que buscarán nuevas formas de obtener ganancias del gasto gubernamental. Como argumentan Christopher Coyne, Russell Sobel y John A. Dove, el emprendimiento improductivo crea nuevas oportunidades para otros emprendimientos improductivos, produciendo “nuevos niches no-productivos para la ganancia”.
La encarcelación masiva también crea oportunidades de ganancia improductiva para los prisioneros. Al estar vigilados y controlados por los guardias, los intercambios de mercado entre prisioneros están criminalizados y no les deja a compradores ni a vendedores ningún recurso legal formal si son estafados o defraudados. En prisiones pequeñas, este problema puede resolverse por reputación. Pero cuando la población carcelaria se vuelve suficientemente grande, nadie puede conocer la reputación de todos los demás. Entonces, surge otro mecanismo de gobernanza, como documenta David Skarbek en The Social Order of the Underworld, las bandas de prisiones surgieron para llenar este vacío de gobernanza. Pero además de producir gobernanza, las bandas tienen actividades depredadoras e improductivas. Por ejemplo, amenazan con violencia interna para extraer impuestos de las bandas fuera de prisión.
Desincentivando la empresarialidad productiva
Además de desviar talentos empresariales hacia actividades improductivas y destructivas, las prisiones pueden castigar, criminalizar, desincentivar o de alguna otra forma prevenir el emprendimiento productivo. Un ejemplo obvio es el de criminalizar las drogas o el trabajo sexual, que evidentemente es criminalizar intercambios voluntarios de bienes y servicios ilícitos, que es una forma de emprendimiento productivo. Sin embargo, mucha gente juzga que estos bienes y servicios son tan inmorales que se rehúsan a considerarlos emprendimientos productivos.
Pero el Estado carcelario no obstaculiza solamente a las formas más obviamente ilícitas de emprendimiento. Por ejemplo, Robert Blandford, Diane Huang, David McNab y Abner Schoenwetter fueron condenados a 8 años de prisión por violar el Acta Lacey, que prohíbe importar pescado o animales obtenidos “en violación de cualquier ley extranjera”. Como explica Gene Healey:
Tres comerciantes estadounidenses de productos del mar y un dueño de una embarcación hondureño están actualmente pagando condena por importar colas de langostas que eran del tamaño equivocado y que estaban empaquetadas en bolsas de plásticos en vez de en cajas de cartón. Chocaron con el Acta Lacey, un estatuto federal que criminaliza importar pescado o animales tomados “en violación de cualquier ley extranjera”.
El gobierno estadounidense argumentó que habían roto la ley hondureña porque algunas de las colas de langosta (tres por ciento, para ser exactos) medían menos de cinco pulgadas y media y porque la regulación hondureña requería que las langostas fuesen empacadas en cajas. Sin embargo, los oficiales hondureños testificaron que no se había violado ninguna ley.
Sin embargo, Blandford, McNab (el nacional hondureño) y Schoenwetter, tres pequeños comerciantes sin antecedentes penales, fueron sentenciados en 2001 a ocho años de cárcel. Su “cómplice”, Huang, salió en “mejores” condiciones: Dos años de prisión para la madre de dos niños pequeños.
Este caso refleja el problema pernicioso de la sobrecriminalización. El Congreso y las agencias regulatorias “han creado tantas ofensas penales que el Servicio de Investigación Congresional admitió que era incapaz de siquiera contarlas todas”. La sobrecriminalización desincentiva el emprendimiento productivo al imposibilitar que los emprendedores sepan que es legal, dejándoles en incertidumbre sobre si sus actividades los dejarán con ganancias o presos. Como enfatiza Baumol, las reglas del juego dan forma a la actividad empresarial de una sociedad. Cuando las reglas son estables, fáciles de entender y protegen los derechos de propiedad, estas tienden a incentivar la empresarialidad productiva. Pero la criminalización crea reglas de juego complicadas, inciertas y que son costosas de navegar. Esto desincentiva la empresarialidad productiva, esconde las oportunidades y protege a las grandes empresas que ya tienen suficientes recursos para gastar en el proceso de conformarse a estas leyes.
Además, una vez que los prisioneros son liberados están muy limitados para llevar a cabo emprendimientos productivos. En muchos estados, las leyes de licencias ocupacionales le prohíben a los trabajadores y emprendedores con antecedentes penales practicar un gran número de profesiones. Estas leyes evitan que los ex presidiarios cambien su situación produciendo bienes y servicios que otros desean. También crean barreras para la entrada que benefician a miembros ya atornillados de estas profesiones a expensa de personas que están entre los más marginados en nuestra sociedad.
Empresarialidad perdida: El costo oculto del complejo industrial carcelario
Algunos costos del complejo industrial carcelario son claros y evidentes. Hay costos monetarios que podemos calcular sumado los presupuestos que le destinan a nivel federal, estadal y local. También hay costos humanos para los prisioneros, sus familiares y amigos.
Pero al examinar el impacto del complejo industrial carcelario en la empresarialidad revela un costo que de otra forma no se ve. Las prisiones desvían energías empresariales hacia actividades improductivas como el lobbyismo, la búsqueda de rentas y el abuso de otras personas. Las prisiones también son usadas para hacer cumplir leyes que atacan el emprendimiento productivo. Esto previene la innovación que podría dar más posibilidades a los consumidores, y previene actividades empresariales que involucran reasignar recursos hacia usos más eficientes y valiosos. El Estado carcelario nos hace más pobres y nos despoja de mejoras a nuestro bienestar que no podemos imaginar. Al interferir el proceso empresarial, el complejo industrial carcelario nos afecta a todos.
