De Eric F. Artículo original: 20th Century Land Reforms in Guatemala vs. Mexico, del 18 de mayo de 2023. Traducción al español por Camila Figueroa.
Malcolm X dijo una vez que toda “[r]evolución se basa en la tierra. La tierra es la base de toda independencia. La tierra es la base de la libertad, la justicia y la igualdad”. Desde el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, de influencia marxista, que se apoderó de tierras baldías en Brasil, hasta los esfuerzos de los indígenas por recuperar sus tierras en Norteamérica, la lucha por la tierra -como medio de producción y como fuente sagrada de vida- continúa. Y no es de extrañar, cuando la propiedad absentista a gran escala de la tierra se impone unilateralmente mediante intervenciones estatales en todo el mundo, permitiendo, sólo en Estados Unidos, que 100 familias ricas posean 640 millones de acres (aproximadamente el tamaño de Nueva Inglaterra), que 25 barones individuales de la tierra posean 20 millones de acres (casi el 1% del país) y que el propio Bill Gates sea el mayor propietario de tierras agrícolas del país. Por ello, nunca es mal momento para recordar los movimientos históricos de reforma agraria y aprender de sus estrategias. Este breve artículo en particular se centra en comparar el movimiento de reforma agraria en Guatemala en la década de 1950 con el de México durante la revolución de 1910-1920, con especial énfasis en las reformas impulsadas por el Ejército de Liberación del Sur de Emiliano Zapata (a menudo conocido como los zapatistas). Ambas se centraron en la disolución de los grandes latifundios pseudofeudales y en una redistribución más amplia de su propiedad, aunque más allá de eso presentan algunas diferencias notables.
Una diferencia importante entre los movimientos de reforma agraria guatemalteco y mexicano es que el primero – aunque sin duda involucró a unidades y movimientos más pequeños, particularmente entre los trabajadores- fue un esfuerzo más unido y monolítico por parte del Estado. El mecanismo central de la reforma agraria en Guatemala fue el Decreto 900 del Presidente Jacobo Árbenz. Aprobado por el Congreso guatemalteco el 17 de junio de 1952, esta amplia reforma asignó 603.704 hectáreas de tierra a unas 100.000 familias guatemaltecas en el transcurso de dos años. Para ello se crearon numerosos comités y departamentos, desde locales hasta nacionales. En “La ley que cambiaría el mundo”, de Silencio en la montaña, Daniel Wilkinson describe cómo un grupo organizado de trabajadores intentó denunciar la mala conducta en torno al Decreto 900 por parte de la gran finca Plantación La Patria. Firmaron una petición y la presentaron al Comité Local Agrario de La Igualdad -uno de los muchos comités agrarios formados por trabajadores y comunidades para promulgar el Decreto 900- con la esperanza de que llegara al Presidente Árbenz. Sin embargo, antes de esto, “la petición de los trabajadores tendría que pasar por una serie de comités que el Decreto 900 había creado para administrar la reforma”. Primero pasó por el Comité Agrario Local ya mencionado, luego por el Comité Agrario Departamental en San Marcos, después por el Departamento Agrario Nacional en Ciudad de Guatemala antes de llegar finalmente al Presidente Árbenz más de un año después de su presentación. Lo que se desprende claramente de esta cadena burocrática es que la reforma agraria del Decreto 900 formaba parte de una estructura unificada que emanaba del Estado centralizado. Los actores locales no estatales fueron absolutamente parte del movimiento de reforma, como lo demuestra la petición de los trabajadores de la Plantación La Patria o la manera -también descrita por Wilkinson- en que los sindicatos locales nombraron al jefe del Comité Agrario Local en La Igualdad, pero tanto la petición como el nombramiento formaban parte de la estructura más monolítica del Decreto 900. En contraste con Guatemala, la reforma agraria fue parte de una estructura unificada que provenía del Estado central.
A diferencia de Guatemala, la reforma agraria en México durante el periodo revolucionario de 1910-1920 no formó parte en absoluto de una estructura unificada, sino que dependió principalmente de actores locales y no estatales. Helga Baitenmann señala (pág. 3) que cuando las “diferentes facciones revolucionarias presentaron sus propuestas de reforma agraria, los pobladores las adoptaron indistintamente en sus continuas luchas por la tierra”. Todas estas facciones crearon organizaciones locales o regionales para aplicar sus planes específicos de reforma agraria; por ejemplo, los zapatistas del sur de México nombraron “guardianes de la tierra” (‘guarda-tierras’) a los que se encargó la distribución provisional de la tierra (pg. 14-5). Estos guardianes locales fomentaron la mencionada variación en las propuestas de reforma agraria. En el capítulo ocho de Zapata and the Mexican Revolution, John Womack esboza cómo en el Morelos ocupado por los zapatistas, un pueblo…
podía mantener sus tierras bajo un título común y distribuir los derechos de cultivo, o podía distribuir los títulos entre los pequeños propietarios, según eligiera. Ni el estado ni el gobierno federal podían interferir en la elección de cada pueblo, y lo más que podía hacer el gobierno federal era prohibir la venta o el alquiler de tierras.
Como lo demuestra la concesión de esta injerencia federal – así como el mayor control federal que se podía encontrar en el norte de México en ese momento-, el Estado fue ciertamente parte de la reforma agraria revolucionaria mexicana. Al igual que en Guatemala, existían numerosos departamentos y consejos en los que grupos e individuos podían solicitar la concesión o restitución de tierras, pero este sistema no era una jerarquía burocrática unificada como la creada por el Decreto 900. En lugar de ello, estas diversas instituciones formaban parte de las instituciones cuasi-federales. En su lugar, estas diversas instituciones formaban parte de las estructuras cuasi gubernamentales creadas por las distintas facciones revolucionarias.
Otra diferencia central entre la reforma agraria guatemalteca y la mexicana son sus motivaciones. En el caso de Guatemala, la reforma agraria puede parecer a primera vista una reforma claramente de extrema izquierda. Así es, como lo describe Wilkinson, como muchos guatemaltecos reaccionaron ante ella, con el único terrateniente en La Igualdad dispuesto incluso a discutir la reforma agraria con el Comité Agrario Local rechazándola por completo debido a sus vehementes opiniones anticomunistas. Podría decirse que la política exterior estadounidense también tenía esta percepción, ya que Douglas W. Trefzger argumenta (págs. 32-3) que la intervención de Estados Unidos en Guatemala no fue únicamente para proteger sus intereses comerciales con la United Fruit Company, sino también como parte de un esfuerzo a mayor escala para contener el comunismo y la influencia soviética en el hemisferio occidental. Y hasta este punto es cierto que revolucionarios explícitamente de izquierdas como los del Partido Comunista de Guatemala (PGT) participaron en este esfuerzo y en algunos casos las tierras redistribuidas se convirtieron en exitosas cooperativas de trabajadores. Sin embargo, el Decreto 900 seguía siendo un esfuerzo claramente industrial-capitalista. La justificación legal utilizada por Árbenz para el decreto fue el artículo 88 de la Constitución guatemalteca, que permitía al gobierno realizar intervenciones directas en la economía nacional para ayudar a mejorar la industria y la agricultura. Así pues, la mejora de la economía era la base fundamental de la ley. Y el decreto en sí no era simplemente la redistribución de la tierra, sino más bien la reasignación de la tierra no utilizada. En aquel momento, según Trefzger (pág. 32), sólo el 12% de las tierras privadas de Guatemala estaban siquiera cultivadas, y la reorganización de la propiedad de la tierra pretendía mejorar este porcentaje. Aún más, el decreto declara explícitamente que su objetivo es desarrollar “métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino para la industrialización de Guatemala”, siendo la metodología específica la liberación de los trabajadores rurales de la dependencia de plantaciones específicas y permitiéndoles así participar más abiertamente en el mercado laboral, lo que a su vez mejoraría la economía nacional y permitiría una mayor industrialización.
En lo que se refiere a los factores que impulsaron la reforma agraria en el México revolucionario, es más difícil concretarlos, ya que el impulso a la reforma agraria existía en los pueblos incluso antes de que se formaran las facciones revolucionarias más explícitamente ideológicas, aunque la obra de Baitenmann “La participación popular en la formación del Estado” contribuye en gran medida a sugerir algunas motivaciones. Gran parte de las peticiones de tierras por parte de los pueblos estaban obviamente motivadas por sus propios intereses económicos de pequeños grupos, ya que los debates en torno a si solicitar una concesión de tierras o una restitución de las mismas giraban a menudo en torno a cuál de las dos les otorgaría la propiedad de más tierras, pero las motivaciones de una de las facciones revolucionarias más famosas, los zapatistas, pueden definirse con bastante claridad. Zapata deseaba la devolución de la tierra a los pueblos originarios que la poseían, pero también es importante señalar que muchos de los programas de reforma agraria que él y su gente propusieron a menudo se centraban más en la redistribución equitativa de la tierra que en la devolución a la propiedad primordial. En general, se logró un equilibrio: parte de la tierra confiscada se devolvió a los pueblos que la habitaban originalmente y el resto se repartió equitativamente entre los demás (págs. 6-7). Lo que queda claro al ver esto es el compromiso de los zapatistas con la justicia y la equidad: corregir los errores del pasado y crear un futuro más igualitario. Al igual que las diferencias de/centralización en estos movimientos de reforma agraria, esto es sorprendentemente diferente del objetivo guatemalteco de modernizar la economía, incluso si el Decreto 900 contenía elementos de justicia y equidad. Y aunque México y Guatemala son ahora naciones firmemente capitalistas que participan en la economía mundial, hay mucho que se puede aprender de su historia, así como de las luchas actuales del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que combina políticas marxistas, anarquistas e indígenas en una lucha por la autonomía de la tierra en el México contemporáneo, y de activistas indígenas como Isabel Solís, que llevan décadas luchando por los derechos a la tierra comunal en Guatemala.
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Fuentes (no exhaustivas):
Farming While Black por Leah Penniman.
“If You Don’t Use Your Land, These Marxists May Take It” por Jack Nicas.
“Conoce a los 25 barones de la tierra que poseen colectivamente el 1% de Estados Unidos”, por Hannah Kim.
“Barones de la tierra estadounidenses: 100 familias adineradas poseen ahora casi tanta tierra como la de Nueva Inglaterra” por Christopher Ingraham.
“El mayor propietario de tierras agrícolas de Estados Unidos es ahora Bill Gates”, por Ariel Shapiro.
“La participación popular en la formación del Estado: Land Reform in Revolutionary Mexico” por Helga Baitenmann de Journal of Latin American Studies, febrero 2011, Vol. 43, No. 1.
Decreto 900 Ley de Reforma Agraria por el Congreso de la República de Guatemala.
Constitución de la República de Guatemala, 1945.
“La Ley de Reforma Agraria de Guatemala de 1952: A Critical Reassessment” por Douglas W. Trefzger de International Social Science Review, 2002, Vol. 77, No. 1/2 (2002).
Silencio en la montaña: Stories of Terror Betrayal and Forgetting in Guatemala por Daniel Wilkinson.
Zapata y la revolución mexicana, de John Womack.
“Una chispa de esperanza: las lecciones de la revolución zapatista 25 años después”, de Hilary Klein.
“Una vida de lucha por la tierra y la comunidad en Guatemala: entrevista con Isabel Solís”, de Dawn Marie Paley.
