The following article was translated into English from the Spanish original, written by Carlos Clemente.

Mientras se desarrolla el melodrama político de última hora entre el gobierno argentino y el grupo Clarín, no me sorprende ver que los partidarios de cada lado sucumban a sus más bajos instintos tribales, exprimiendo los hechos históricos hasta la última gota de evidencia disponible que favorezca sus argumentos, y al mismo tiempo haciendo caso omiso al océano de hechos que demuestran que su favorito no es exactamente el tipo bueno de la película.

Los que apoyan a Clarín repiten hasta la saciedad que el gobierno hace la vista gorda hacia grupos mediáticos amigos que tienen un mayor número de licencias que las permitidas por la nueva ley, que favorece a estos grupos gastando la mayor parte de su presupuesto publicitario en sus medios, que ha financiado directamente la creación de varias empresas mediáticas, y que la ley le permite a los medios estatales llegar al 100% de la población mientras a los medios privados solo se les permite llegar al 35%.

En pocas palabras, lejos de tener como objetivo el “incrementar la pluralidad de voces”, el gobierno simplemente quiere incrementar su capacidad de controlar lo que esas voces dicen.

Los partidarios del gobierno enfatizan que Clarín tiene una posición cuasi monopólica en muchos mercados mediáticos, que la nueva ley reemplaza a otra que fue implementada durante la dictadura militar del período de la guerra sucia, y que Clarín obtuvo numerosos favores de la junta militar a cambio de auto censurarse y no cubrir las atrocidades cometidas por el régimen militar.

En pocas palabras, lejos de “defender la libertad de expresión”, Clarín simplemente quiere mantener sus posiciones dominantes de mercado y su capacidad de manejar a los políticos a su antojo.

Pero lo que a ambos lados les cuesta bastante admitir es que Clarín y el gobierno eran aliados bastante cercanos hasta el año 2008, cuando Clarín se decantó por apoyar a la oligarquía terrateniente en un amargo conflicto con el gobierno sobre el aumento de las retenciones a las exportaciones agrarias. De hecho, fue Néstor Kirchner el que aprobó la fusión entre Multicanal y Cablevisión en el 2007, la cual constituye el núcleo del conflicto actual.

Lo que sí me sorprende un poco más es la ingenuidad de voces sumamente lúcidas como la de Graciela Mochkovsky, que ha documentado meticulosamente la amistad de Clarín con Kirchner (y básicamente con cualquier otro gobierno argentino que los privilegió) en un libro publicado recientemente, pero al mismo tiempo favorece la nueva ley de medios porque supuestamente le da al estado la capacidad de impedir la concentración de poder en los mercados mediáticos.

Lo que Mochkovski no ve es la perversa estructura de incentivos del estado como institución, la cual incita a los políticos a concentrar poder deliberadamente en unas pocas manos de empresarios bien conectados, en detrimento del público. Independientemente de la letra de la ley, mientras la decisión final sobre quién entra en un mercado particular descanse sobre un organismo gubernamental, el poder del dinero encontrará la manera de comprar complacencia política para esquivarla. Esto es obviamente mucho más grave en el caso de los mercados mediáticos, ya que los políticos que otorgan favores en estos mercados pueden esperar obtener aliados de especial importancia estratégica en el juego de manipular la más preciada divisa en los sistemas políticos electoralistas: la opinión pública.

El sistema de licencias en el que se basa la nueva ley es fundamentalmente beneficioso para todos los grupos mediáticos establecidos en el mercado. Sean cuales fueren las propiedades que Clarín tenga que desinvertir, probablemente saldrá mejor parado que en un mercado verdaderamente libre — un mercado en el que el estado no tuviese la prerrogativa de dictar las condiciones bajo las que nadie pueda participar. Esto es especialmente cierto en una era en la que una infinidad de emprendimientos de Internet ya amenazan la posición dominante de los medios tradicionales en una variedad creciente de nichos.

Si el gobierno argentino hubiese querido implementar un régimen que dramáticamente “fortaleciera la pluralidad de voces”, hubiese sido perfectamente capaz de estructurar las reglas para el despegue de un mercado mediático verdaderamente competitivo. Podría, por ejemplo, establecer las bases para un régimen de propiedad privada basado en el uso y ocupación del espectro electromagnético, o un régimen de propiedad común, o incluso una combinación de ambos.

Esto permitiría que los actores más pequeños como las radios comunitarias pudiesen competir en relativa igualdad de condiciones. Por el contrario, la ley claramente sesga el juego a favor de las corporaciones y otras grandes organizaciones. Tal como lo explica un comunicado de la Red Nacional de Medios Alternativos, a pesar de que la ley reserva el 33% del espectro para el sector “sin fines de lucro”,

“… equipar[a]n a nuestros medios con fundaciones y asociaciones con mayor poder económico y vinculaciones políticas (AFA, Fundación Ford, Bolsa de Comercio, Fundación Construir de la UOCRA, entre otras)… la falta de reconocimiento de nuestro sector nos involucra en mecanismos para concursar frecuencias con pliegos de bases y condiciones cargados de exigencias que no reflejan la realidad de nuestros medios (costos elevados, papelería administrativa-contable, proyectos de inversión, declaraciones patrimoniales, libres deudas previsionales, impositivas y de gestoras de derecho, homologación de equipos de transmisión). Además la norma nos exige contar con locutores y operadores profesionales en relación de dependencia.

Concebir al estado como el enemigo de las corporaciones simplemente por una pelea entre un gobierno particular y un ex-aliado particular es un ejemplo perfecto del árbol que impide ver el bosque. Si uno da un paso atrás y se esfuerza un poco por ver el gran esquema de las cosas, es fácil percatarse de que la relación entre el estado y el poder corporativo siempre es simbiótico hasta los tuétanos.

Artículo original publicado por Carlos Clemente el 20 de diciembre 2012.

Traducido del inglés por Carlos Clemente.