Hace aproximadamente cien años, el socialista gremial G.D.H. Cole argumentaba que los socialdemócratas habían tomado una decisión estratégica en cuanto a no oponerse a la manera como estaba distribuida la propiedad u organizada la producción bajo el capitalismo corporativo. En lunar de eso, limitarían su agenda a una ecualización (parcial) de la distributción de las rentas que emanaban de la concentración de la propiedad sostenida por el marco institucional imperante.

Una de las razones que los llevó a adoptar esa postura era que cuestionar la legitimidad de la estructura existente de propiedad hubiese sido políticamente imposible. Pero Cole sugirió que otra razón era que el proyecto socialista original de atacar las estructuras institucionales del capitalismo en sí mismo, y de poner al trabajo en control directo del proceso productivo, deterioraría el poder de la clase gerencial y profesional que constituía el grueso del movimiento socialdemócrata, del fabiano y del progresista.

Un amplio rango de pensadores que incluía desde Hilaire Belloc hasta William English Walling eran de la opinión de que estos compromisos representaban un gran logro estratégico en el que se garantizaba a los capitalistas un mínimo de beneficio y mercados oligopólicos estables, las clases gerenciales-profesionales retenían el control de las grandes organizaciones que dominaban a la sociedad, y a la clase trabajadora se le garantizaba seguridad laboral y un ingreso mínimo de subsistencia. Las clases gerenciales, para todo propósito práctico, fueron co-optadas en el capitalismo corporativo como Supervisores de los Pobres.

El modelo socialdemócrata deja la estructura básica de poder intacta; y luego le garantiza a todo el mundo acceso a un paquete mínimo de beneficios.

Cuando los socialdemócratas o “progresistas” dicen que esto o lo otro — salud, educación, etc. — es un “derecho humano básico”, lo significa es que la producción de un bien o servicio particular se mantiene organizada bajo el viejo modelo institucional: altos costos fijos, autoritarismo, jerarquía, burocracia, ineficiencia, enjambrado en reglas de trabajo Weberianas/Tayloristas, y controlado por un sacerdocio tecnocrático. Pero todos los ciudadanos, incluso los más destituidos, tendrán acceso a al menos una cantidad mínima predefinida de dicho bien o servicio.

Es así como se obtiene un sistema educativo como el que Ivan Illich y John Taylor Gatto describieron tan bien, diseñado para procesar materia prima humana, convirtiéndola en los “recursos humanos” que necesitan los empleadores corporativos — pero los estudiantes pueden obtener tanta educación como deseen, desde el jardín hasta la universidad. Obtenemos también un sistema de salud en el que los médicos tienen garantizado ingresos de clase alta a través de cárteles de licencias protegidos por el estado, y en el que las compañías farmacéuticas obtienen altos beneficios garantizados por las patentes — pero obtenemos salud gratuita.

El problema es que este modelo productivo de altos costos fijos, a pesar de ser “gratuito” en el sentido de que no se financia con cargos por servicio prestado, se hace sumamente pesado para la clase trabajadora indirectamente a través de una presión fiscal generalmente alta. Aunque la semana de trabajo promedio es más corta y las vacaciones promedio considerablemente más largas en (por ejemplo) Alemania que en Estados Unidos, la semana de trabajo sigue siendo más alta de lo que sería si los costos unitarios innecesarios y el desperdicio productivo simplemente fuesen eliminados al eliminar los monopolios de los que dependen.

Ese es el lado oscuro del derecho a los servicios gratuitos: frecuentemente se hacen también compulsivos hasta cierto punto. Incluso cuando nuevas posibilidades técnicas de producción reducen los requerimientos de capital, conocimiento o trabajo para producir un determinado bien de consumo, el estado impone escaseces artificiales para garantizar el retorno sobre el capital, el ingreso y el prestigio de las clases profesionales, y el “pleno empleo” de la clase trabajadora. La amenaza de las tecnologías de la abundancia es neutralizada a través de su prohibición o garantizándole a los productores existentes un monopolio sobre ellas.

Mientras más gratuito se vuelve un bien como la educación, más se vuelve, en cierto sentido, compulsivo. La educación superior gratuita y universal lleva a la inflación de credenciales requerida para hacer hasta los trabajos más básicos. Refuerza el nexo institucional entre las administraciones universitarias y los departamentos de recursos humanos, y fortalece el control de los cárteles de licencias sobre quién puede ejercer qué oficio. Y el estado siempre está bajo presión constante para suprimir alternativas educativas privadas, cooperativas y bajo otras formas de auto-organización, así como los seguros privados, la medicina alternativa y los suplementos nutricionales. Claro está, estas medidas siempre se defienden como si favoreciesen el interés de los consumidores — ¡nunca para evitar la pérdida de ingresos de las empresas farmacéuticas o los cárteles de licencias profesionales!

Como genuino libertario de mercado, deseo que el trabajo reciba el valor total de su producto, sin pagar tributo a los grandes terratenientes y usureros o a los privilegiados con derechos artificiales de “propiedad” como las patentes, el copyright y las licencias. Quiero que los precios de los bienes y servicios bajen como resultado de la competencia hasta igualarse al verdadero costo de proveerlos, sin escaseces artificiales acaparadoras del progreso como fuente de renta, impuestas por el estado. Deseo que la semana promedio de trabajo refleje el tiempo verdaderamente requerido para lograr nuestro estándar de vida, después de eliminar la carga adicional de los rentistas y el desperdicio subsidiado que descansa sobre nuestras espaldas.

En otras palabras, como genuino libertario de libre mercado, soy — a diferencia de los socialdemócratas y “progresistas” — un verdadero socialista.

Artículo original publicado por Kevin Carson el 28 de diciembre 2012.

Traducido del Inglés por Carlos Clemente.