Recientemente la blogosfera progresista hirvió con enlaces que alababan el último artículo de opinión en el New York Times del inversor multimillonario Warren Buffett, “Dejemos de Mimar a los Súper Ricos.” En el artículo, Buffett hace una concisa exposición de las lagunas legales que permiten a los estadounidenses más ricos pagar menos impuestos que sus homólogos de clase media, clase obrera y pobres. Si bien es cierto que el código fiscal en toda su complejidad privilegia a los ricos a expensas de la mayoría de los estadounidenses, esto es apenas la punta del iceberg de las maneras en que el estado oprime a la gente pobre y trabajandora para llenar los bolsillos de los ricos. Buffett nunca menciona los subsidios directos a las corporaciones, o los numerosos privilegios de los que gozan los ricos gracias a la propiedad intelectual, el monopolio de la tierra, las barreras regulatorias a la entrada, y la supresión de los movimientos obreros, entre muchos otros. Para ilustrar el grado en que la intervención estatal privilegia a los súper ricos a expensas de los demás, voy a examinar la cartera de acciones de Warren Buffett para exponer como su riqueza se deriva de la violencia, la coerción, el imperialismo, y el estatismo.
Coca-Cola, los Derechos Humanos y la Represión Laboral
Según http://warren-buffett-portfolio.com/, la corporación número uno en la cartera de acciones de Warren Buffett es Coca-Cola. La empresa tiene un historial abismal de derechos humanos, especialmente notable gracias a su colorida historia de reprimir la organización laboral. Según un artículo de Jeremy Rayner para el Centro John F. Henning para las Relaciones Laborales Internacionales:
Hay creciente evidencia de que las empresas estadounidenses son cómplices de la persecución de sindicalistas en sus operaciones colombianas. En el caso de la planta embotelladora en Carepa, donde Isídro Segundo Gil fue asesinado, el sindicato Sinaltrainal sostiene que Coca-Cola deliberadamente se mantuvo al margen y permitió al gerente de la planta traer paramilitares para destruir el sindicato. Los trabajadores en la planta de Carepa habían estado pidiendo a Coca-Cola y su embotellador, Bebidas y Alimentos, intervenir en su nombre durante dos meses antes del asesinato de Isídro Segundo Gil. El gerente de la planta, Ariosto Milan Mosquera, había anunciado públicamente que él había pedido a los paramilitares destruir el sindicato. Su declaración había sido seguida por una serie de amenazas de muerte de los paramilitares, que habían llevado al sindicato a enviar cartas a Coca-Cola y a Bebidas y Alimentos pidiendo que interviniesen para asegurar la seguridad de sus trabajadores. Y esa no fue la primera vez que se habían llevado a cabo amenazas contra los trabajadores. Justo dos años antes, en 1994, los paramilitares habían asesinado a dos sindicalistas en la misma planta. No debería haber sorprendido a nadie cuando dos meses y medio después de la súplica de ayuda por parte del sindicato, Isídro Segundo Gil fue asesinado y el sindicato fue suprimido.
Más sindicalistas han sido asesinados en otras plantas embotelladores en Colombia, tanto antes como después del incidente en Carepa. Un sindicalista, José Avelino Chicano, fue asesinado en la planta de Coca-Cola en Pasto en 1989. En el 2002, a pesar de la limitada publicidad acerca de los hechos en Carepa, un líder sindicalista llamado Oscar Dario Soto Polo, fue asesinado durante el curso de negociaciones contractuales en la planta de Bucaramanga. A pesar del coraje y la notable perseverancia de los activistas laborales de Colombia, la campaña de intimidación necesariamente ha tenido un impacto en la organización laboral. El presidente de Sinaltrainal, Javier Correa, reportó el año pasado que el número de trabajadores sindicalizados en plantas de Coca-Cola había caído en más de dos tercios desde 1993, de 1.300 trabajadores a solo 450.
Este tipo de campañas de intimidación violenta han sido ayudadas e instigadas por los dólares del contribuyente estadounidense. Muchos de los involucrados en estas campañas de violencia anti-sindicalista se graduaron de la infame Escuela de las Américas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Los paramilitares de derecha que masacran regularmente a los organizadores laborales están cercanamente conectados al ejército Colombiano, que recibe cantidades enormes de asistencia del gobierno estadounidense para dedicar a la guerra contra las drogas y la guerra sucia contra las anti-capitalistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En consecuencia, aunque Warren Buffett pagase más impuestos, al menos una parte de ese dinero se canalizaría hacia la violencia contra organizadores laborales.
Además de la brutalidad en Colombia, Coca-Cola ha estado implicada en acciones de violencia e intimidación contra sindicalistas en Guatemala. Estas y otras violaciones de derechos humanos se detallan en http://killercoke.org/.
Nótese que al contrario de la imagen progresista de Buffett, él se beneficia inmensamente de las violaciones de derechos humanos de Coca-Cola. Si Buffet en realidad quiere “tomar en serio el sacrificio común”, debería sacrificar los beneficios que ha obtenido de las tácticas corruptas de Coca-Cola y usar parte de su inmensa riqueza para ayudar a los trabajadores de Coca-Cola que sufren alrededor del mundo gracias a esas tácticos. También debería repudiar la ayuda militar del gobierno estadounidense y sus intervenciones imperialistas en países como Colombia.
Wells Fargo y el Complejo Carcelario Industrial
La segunda corporación en importancia en la cartera de acciones de Warren Buffett es Wells Fargo. La empresa es una gran receptora de asistencia social corporativa. Por ejemplo, recibió 43,7 millardos de dólares provenientes de impuestos federales para rescatarla de la quiebra. Pero peor aún es la inversión de Wells Fargo en mercaderes de prisiones. Wells Fargo tiene 4 millones de acciones en Geo Group, la segunda más grande corporación de cáeceles privadas de los Estados Unidos, y 50.000 acciones en Corrections Corporation of America (CCA), la más grande corporación de cárceles privadas en el país. Estas acciones combinadas tienen un valor de más de 120 millones de dólares. (Fuente: http://www.cjjc.org/en/news/50-immigrant-rights/215-wells-fargo-divest-from-prisons).
Corporaciones como Geo Group y CCA no ganan su dinero proveyendo bienes o servicioes a clientes. Más bien, ganan dinero exclusivamente otorgado por el gobierno, y exclusivamente por la actividad de encerrar seres humanos en jaulas, la mayoría de las veces por ofensas no violentas. Además, estas empresas cabildean activamente para introducir leyes injustas, en gran parte haciendo uso del Consejo de Intercambio Legislativo Estadounidense (ALEC), un grupo político corporativista de corte conservador. Tal como Bob Elk y Mike Sloan escribieron recientemente en un artículo para The Nation:
ALEC ayudó a implementar algunas de las leyes condenatorias más duras que existen hoy en día, como los mínimos obligatorios para delitos de drogas no violentos, las leyes de “tres strikes”, y las leyes de “verdad en la sentencia”. Sólo en 1995, la propuesta de Verdad en la Sentencia de ALEC se convirtió en ley en veinticinco estados. (El representante estatal Scott Walker era un miembro de ALEC cuando patrocinó las leyes de verdad en la sentencia de Wisconsin y, según PR Watch, utilizó sus estadísticas para argumentar a favor de la ley). Más recientemente, ALEC ha propuesto “soluciones” innovadoras al hacinamiento que ayudó a crear, como la privatización del proceso de libertad condicional por “el éxito probado de la industria de la fianza privada”, como recomendó en 2007. (La Coalición de Fianza Estadounidense es un miembro ejecutivo del Grupo de Trabajo de Seguridad Pública y Elecciones de ALEC). ALEC también ha trabajado para aprobar leyes estatales para crear cárceles privadas con fines de lucro, de gran beneficio para dos de sus principales patrocinadores: La Corrections Corporation of America (CCA) y el Geo Group (anteriormente Wackenhut Corrections), las mayores empresas de prisiones privadas del país. Una Investigación de In These Times durante el verano pasado, reveló que ALEC organizó reuniones secretas entre legisladores estatales de Arizona y CCA para escribir lo que se convirtió en la Ley SB 1070, la notoria ley de inmigración de Arizona, para mantener las prisiones de CCA llenas de inmigrantes detenidos. ALEC ha demostrado ser expertamente capaz de inventar infinitas formas de ayudar a las empresas privadas a beneficiarse de la masiva población carcelaria del país.
Estas leyes aumentan el número de personas pacíficas encerradas en jaulas, así como las longitudes de sus sentencias. Los que terminan tras las rejas son casi sin excepción miembros de la clase obrera, y son desproporcionadamente gente de color. Mientras tanto, el Geo Group y CCA obtienen ganancias obscenas de estas leyes clasistas y racistas. Wells Fargo se beneficia de invertir en estas empresas, y Warren Buffet se beneficia de invertir fuertemente en Wells Fargo. Si Warren Buffet pagase más en impuestos, al menos una parte de esos impuestos irían al complejo industrial-carcelario y luego irían directamente a la cuenta bancaria insondablemente grande de Warren Buffet.
Warren Buffet, el Mercader de la Guerra
El gobierno “mima a los súper-ricos” especialmente en tiempos de guerra. En la guerra, la gente pobre y obrera es enviada a luchar y morir en tierra extranjera. Son enviados a matar a la gente de países pobres, y los que mueren representan desproporcionadamente a la clase obrera del país. Mientras tanto, los ejecutivos corporativos e inversores se benefician fuertemente de la venta de armas, vehículos y otros dispositivos usados para asesinar gente pobre en una tierra distante. No debería sorprender a nadie que Warren Buffet se encuentre entre los inversores que se benefician del complejo militar-industrial estadounidense.
Según http://warren-buffett-portfolio.com/, Buffet tiene 7,8 millones de acciones de General Electric (GE). GE produce una gran variedad de productos, muchos de los cuales le permiten beneficiarse de la guerra. GE le ha vendido al ejército estadounidense aviones, misiles, bombas y sistemas informáticos para el campo de batalla, entre muchas otras cosas. Además, GE ha sido acusada muchas veces de defraudar al gobierno estadounidense en relación a sus contratos de defensa.
Warren Buffett también tiene 34,2 millones de acciones en ConocoPhilips y 0.4 millones de acciones en Exxon Mobil, dos empresas petroleras que se han beneficiado de la invasión de Iraq. Este año Buffett consideró seriamente invirtir en General Dynamics, una compañía que genera todas sus ganancias a través de contratos militares.
Un aumento en la carga impositiva de Warren Buffet no cambiaría esta dinámica en lo más mínimo. Por supuesto, la mayoría de los dólares de impuestos van a los denominados “gastos de defensa”, que no son nada más que subsidios manchados de sangre a estas y otras compañías del complejo militar-industrial.
Monsanto y el Monopolio de las Patentes
CNN Money reportó en 2010 que Warren Buffet tuvo acciones en Monsanto. Monsanto es una empresa agroindustrial y de biotecnología, mejor conocida por desarrollar cultivos de organismos modificados genéticamente (OMG). Por esta razón, la empresa ha sido confrontada fuertemente por muchos grupos ambientalistas. El impacto de cultivos OMG es un tema de debate científico que no voy a discutir en este artículo. Sin embargo, es sumamente notable que Monsanto haya hecho uso de la ley de patentes para aplastar a productores pequeños, en una ilustración dramática del “monopolio de las patentes” sobre el que han escrito durante muchos años los anarquistas individualistas como Benjamin Tucker.
Las semillas modificadas genéticamente de Monsanto están todas patentadas, dándole a la compañía privilegios monopolistas, y la capacidad de usar la violencia estatal para acosar a cualquier agricultor que guarde semillas, o incluso a aquellos cuyos campos son accidentalmente polinizados por los cultivos modificados genéticamente de Monsanto. Monsanto ha llevado a cabo más de 100 pleitos de patentes contra agricultores. Uno,Kem Ralph, tuvo que pagar 3 millones de dólares y pasar tiempo en la cárcel simplemente por guardar semillas, una práctica agrícola muy común. Estas tácticas agresivas de Monsanto han llevado a un grupo de agricultores representados por la Fundación de Patentes Públicas a luchar.
En nombre de 22 organizaciones agrícolas, 12 negocios de semillas y 26 granjas y agricultores, la Fundación de Patentes Públicas (PUBPAT) está demandando a la compañía de biotecnología en la corte federal del distrito de Manhattan y asignado al Juez Naomi Buchwald.
Los demandantes orgánicos tenían que protegerse preventivamente de las posibilidad de contaminación de sus cultivos por Organismos Modificados Genéticamente (OMGs), dijo PUBPAT.
“Este caso pregunta si Monsanto tiene el derecho de demandar a agricultores orgánicos por infracción de patente si las semillas transgénicas aterrizan en su propiedad”, dijo Dan Ravicher, el director ejecutivo de PUBPAT y profesor de leyes en la Escuela de Ley Benjamin N. Cardozo en Nueva York. PUBPAT es una organización de servicios legales sin fines de lucro, basada en la escuela de leyes Cardozo. Su misión declarada es “proteger la libertad en el sistema patentes”.
“Parece muy perverso que un agricultor orgánico contaminado por semillas transgénicas pueda ser acusado de infracción de patente, pero Monsanto ha hecho acusaciones así, y es conocida por haber demandado a cientos de agricultores por infracción de patente, así que teníamos que actuar para proteger los interesas de nuestros clientes,” dijo en un comunicado de prensa.
Es inquietante que un pleito así sea necesario. Es inquietante que una corporación pueda usar al estado para ejercer esta forma de control e intimidación contra agricultores pequeños. Es probablemente más inquietante que un multimillonario que invierte en, y se beneficia de estas prácticas violentas de negocio, sea celebrado como ícono progresista.
Es Hora de dar la Pelea en la Guerra de Clases
Warren Buffet tiene una frase muy famosa: “Hay una guerra de clases, de acuerdo, pero es mi clase, la clase rica, la que está haciendo la guerra, y estamos ganando.” Buffett hablaba del código de impuestos, pero eso apenas rasga la superficie de la violenta y rapaz guerra de clases que los súper ricos hacen contra la gente ordinaria. Se hace un poco difícil hacer del código de impuestos la prioridad máxima cuando uno se entera de cómo los líderes sindicalistas están siendo asesinados, de las guerras que se hacen innecesariamente, de que se está encerrando en la cárcel a gente pacífica, y que se está forzando a la quiebra a los agricultores, todo por el bien de los beneficios corporativos. Los cambios al código de impuestos nunca van a solucionar esos temas. ¿Entonces, qué lo hará?
Todos los problemas que he identificado aquí provienen de la misma fuente: el poder centralizado irresponsable. Cuando a un estado centralizado se le da el poder de hacer la guerra, sus asesinatos son considerados como “políticas públicas” más que crímenes, y cuando las corporaciones pueden influenciar la política estatal, las guerras en pro de las ganancias son un resultado inevitable. Cuando se le da el poder a un estado centralizado para encarcelar gente pacífica, lo hará. Cuando los negocios son poseídos y controlados por unos pocos inversores y ejecutivos ricos en lugar de ser autogestionados por los trabajadores, éstos sufrirán el deterioro de sus condiciones materiales y ataques viciosos a su libre asociación. La gente debería tener control sobre sus propias vidas, en lugar de que las decisiones más importantes que los conciernen se hagan en Washington o en las salas de reuniones corporativas. Es hora de construir una verdadera resistencia al poder coercitivo y a la autoridad. Es hora de resistir a las guerras y las cárceles, de defender a los trabajadores, de construir redes de ayuda mutua, de crear alternativas de base a los programas gubernamentales y a las corporaciones capitalistas. Es hora de construir una sociedad nueva en la cáscara de la vieja.
Este es un mensaje que no vas a recibir de Warren Buffett. Los cambios superficiales al código de impuestos resultarían en una sociedad un poco más estable, con una población algo más feliz, pero él aún podría beneficiarse de la violencia rapaz y coactiva ejercida contra la gente pobre y obrera. Una revolución real, una sociedad en que la gente se organizase desde abajo y rechazase violencia institucional, sería desastrosa para Warren Buffett. Porque en una sociedad libre, billonarios como Buffett quizás tendrían que aprender a trabajar para vivir.
Artículo original publicado por Nathan Goodman el 26 de noviembre de 2012.
Traducido del inglés por Wade Craig, editado por Carlos Clemente.
