The following article is translated into Spanish from the English original, written by Kevin Carson.

Uno de los requerimientos para un nuevo “tratado de libre comercio” entre la Unión Europea e India es la “exclusividad de datos”, lo cual destripará la indusria de medicamentos genéricos del gigante asiático.

la “exclusividad de datos” significa que los ensayos clínicos llevados a cabo por una empresa antes de mercadear un producto no aplican para obtener la aprobación gubernamental en términos de seguridad o eficacia para la versión genérica del medicamento. Cualquier empresa que quiera mercadear la versión genérica de un medicamento patentado tendrá que llevar a cabo sus propios ensayos clínicos como condición. Ésto contradice directamente uno de los argumentos comunmente esgrimidos por los apologistas de las patentes: que éstas son un antídoto contra los secretos industriales porque supuestamente requieren un mayor grado de apertura por parte de los productores como requisito para obtenerlas.

La “exclusividad de datos” es una sentencia de muerte no solo para aquellos que no pueden pagar tributo a los dueños de patentes monopólicas concedidas por el estado, sino también para las gentes de Suráfrica y Brasil, países en los que la disponibilidad de medicamentos baratos para tratar el VIH depende de la producción de genéricos en India.

No nos engañemos: Los que llaman “tratado de libre comercio” a esta abominación son unos embusteros. Es como decir que las Leyes de Núremberg fueron una declaración de derechos civiles. La gente de la industria farmacéutica y sus lacayos en Washington y Bruselas se vanaglorian cada vez que la frase “libre comercio” sale de sus inmundamente mentirosas bocas.

Los que argumentan que las patentes son necesarias para recuperar la inversión realizada en desarrollar nuevos medicamentos se equivocan. El sistema de patentes sesga los esfuerzos de investigación y desarrollo hacia la burla de las propias reglas del sistema.

En primer lugar, se ha producido un dramático alejamiento del desarrollo de medicinas fundamentalmente nuevas, porque es mucho más efectivo invertir en hacer pequeñas modificaciones en las fórmulas de medicamentos cuyas patentes están a punto de expirar de manera que éstas puedan re-patentarse.

En segundo lugar, una gran parte de la investigación básica en la que se basa el desarrollo de medicamentos es financiada por el estado en universidades públicas. Aproximadamente la mitad del costo total de investigación y desarrollo de medicamentos es cubierto por el contribuyente. Y en los Estados Unidos, bajo los términos de legislación aprobada en los años ochenta, las patentes sobre medicamentos desarrollados con dinero del contribuyente son literalmente regaladas (transferidas sin contraprestación financiera alguna) a las compañías farmacéuticas que las producen y mercadean.

Tercero, la mayor parte del costo de investigación y desarrollo de medicamentos se genera no por los ensayos clínicos llevados a cabo para probar un medicamento antes de mercadearla, si no por los gastos incurridos por las empresas farmacéuticas en apropiarse de las patentes de todas las alternativas posiblemente competitivas.

Otro ejemplo de éste fenómeno son las patenets sobre “variedades de alto rendimiento” de Monsanto, supuesto beneficio de la “Revolución Verde”. A dichas variedades, como lo señala Frances Moore Lappe, les correspondería más bien el nombre de “variedades de alta respuesta”. Osea, dichas variedades no son especialmente fuertes o fáciles de recuperar bajo las condiciones normales experimentadas por campesinos locales en régimen de subsitencia, como lo son las variedades desarrolladas en el curso de varias generaciones para resistir las condiciones locales. Por el contrario, fueron manufacturadas para producir altos rendimientos bajo condiciones artificiales como la aplicación sumamente instensiva de fertilizantes sintéticos y sistemas de irrigación subsidiados por el estado.

Dicho de otra manera, las semillas de “alto rendimiento” modificadas genéticamente como las producidas por Monsanto, están idealmente adaptadas a las necesidades del monocultivo de gran escala en plantaciones propiedad de una variedad de oligarquías terratenientes en el tercer mundo, por lo general robadas a campesinos cuyos derechos de propiedad tradicionales sobre las tierras en régimen de subsitencia fueron anulados. Las semillas de Monsanto están pensadas para un modelo de negocio muy particular, artificialmente rentable gracias al estado en detrimento de la producción de subsistencia.

La consecuencia práctica es trasladar la producción de un régimen ampliamente distribuído de pequeñas parcelas de tierra en régimen de substistencia a la producción comercial de gran escala para la exportación a mercados urbanos. Bajo la presión de ser expropiados (básicamente una versión moderna de los cercamientos) y competidores subsidiados por el estado, montones de personas que una vez fueron capaces de alimentarse a sí mismos haciendo uso de su tierra ahora carecen del poder de compra para comprar alimentos producidos en las plantaciones monocultivistas de los oligarcas.

Y para colmo, las patentes de Monsanto, que criminalizan el guardar semillas, aseguran que éstas se mantegan suficientemente caras como para que a cualquier pequeño productor le sea imposible comprarlas.

Los apologistas de la “propiedad intelectual” suelen decir que la violación de los “derechos de propiedad intelectual” y las patentes es “robar”. Pero en realidad lo que es cierto es justamente lo contrario: la “propiedad intelectual” es un robo descarado. Pero además, es un asesinato.

Artículo original publicado por Kevin Carson el 11 de mayo de 2011.

Traducido del inglés por Carlos Clemente.