El desastre en las instalaciones nucleares japonesas de Fukushima Daiichi, que transformó un terremoto de 8.9 y un tsunami en una especia de trifecta salida de una película de Irwin Allen, ha provocado nuevos llamados para prohibir la energía nuclear.

Ciertamente, la experiencia japonesa demuestra que los intentos de planificar las contingencias de los peores escenarios tienden a quedarse cortas. Las plantas nucleares japonesas no estaban diseñadas para soportar terremotos tan fuertes como el que ocurrió, y aún así se apagaron a tiempo, tal como estaba programado. Pero el terremoto y el tsunami también dañaron la fuente de poder de respaldo para los sistemas de enfriamiento.

Por esto, dadas las potenciales consecuencias desastrosas de un accidente nuclear, y la demostrada incapacidad de los planificadores para prever lo que puediese salir mal, parecería tener sentido prohibir la energía nuclear.

Pero la realidad es que desde hace décadas los gobiernos de todo el mundo han intervenido activamente para impedir que el mercado prohiba la energía nuclear. Precisamente porque los riesgos son tan altos y tantas cosas pueden salir mal, la producción de energía nuclear es imposible de asegurar en el mercado.

Por eso, bajo los términos del acta Price-Anderson sobre la responsabilidad civil de las industrias nucleares, la industria nuclear estadounidense tiene la obligación de hacerse cargo de los costos de asegurarse contra una pequeña fracción de los daños y perjuicios que resultarían de un desastre como el que está sucediendo en Japón. A partir de ese monto, los contribuyentes tienen la obligación de hacerse cargo de los daños hasta un monto superior — que es todavía muy inferior a los daños totales que ocasionaría dicho desastre. Así es como en el caso de que un reactor se derritiese, cubriendo mil millas cuadradas alrededor de una gran ciudad y causando cientos de millardos en daños, las víctimas simplemente tendrían que aceptar su mala suerte.

Techos legislativos en la responsabilidad civil muy pero muy inferiores a los daños que de hecho ocurrirían… ¿Les suena? Aquí tienen una pista: empieza con B, y termina con P.

De hecho, el tema de la resposabilidad civil es tan solo un aspecto de un tema mucho más amplio: la energía nuclear es literalmente una criatura del estado. La energía nuclear creció directamente del programa de armas nucleares del Departamento de “Defensa” de los Estados Unidos, y los primeros reactores se construyeron como subproducto de la producción militar. Una gran proporción del costo de prácticamente todos los eslabones de la cadena productiva de la energía nuclear, desde el otorgamiento preferencial de tierras por parte del gobierno federal, la construcción de caminos de acceso para las minas de uranio y el almacenamiento de los desperdicios nucleares, hasta la limitación de los daños mencionada anteriormente, se refleja en nuestra cuenta de impuestos en lugar de la de electricidad.

Tal como lo declaró un ejecutivo de Westinghouse ante el Congreso en 1953:

“Si ustedes me preguntasen si Westinghouse consideraría invertir su propio dinero… tendríamos que decir que no. El costo total de la planta sería incierto hasta que la terminásemos de construír. No estaríamos serguros de nuestra capacidad de operar exitosamente la planta hasta que terminásemos todo el trabajo y operásemos exitosamente…”

Hmmm. La energía nuclear sería imposible de producir si 1) la industria privada tuviese que invertir su propio dinero ó 2) no se le pudiese garantizar un beneficio. Los lectores habituales de éste escritor se percatarán de que este éste parece ser un modelo bastante común en la economía corporativa.

En conclusión, la cuestión no es si el gobierno debe prohibir la energía nuclear. La cuestión es si debe dejar de impulsarla.

Artículo original escrito por Kevin Carson el 17 de marzo de 2011.

Traducido del inglés por Carlos Clemente.