El 18 de enero de 2015, el cuerpo del fiscal argentino Alberto Nisman fue encontrado tirado sobre un charco de sangre, con un tiro en la sien, en el baño de su apartamento de Buenos Aires. Al día siguiente tenía previsto presentar sus acusaciones contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por supuestamente encubrir a funcionarios iraníes acusados por la justicia argentina de ser los autores intelectuales del atentado contra el centro judío AMIA de 1994, en el que murieron 85 personas.

El episodio se está convirtiendo rápidamente en un caso de libro texto sobre como la incesante lucha por controlar el poder político monopólico conferido por el Estado lleva a los opositores políticos de todas las tendencias a mentir a mansalva y embarcarse en una guerra maquiavélica sin cuartel; una guerra en la que hasta el sentido más básico de la verdad y la justicia es la principal víctima. Y sin embargo es una víctima ignorada, descartada como daño colateral.

La mentira más fundamental es la idea, propugnada principalmente por la oposición al gobierno de Fernández de Kirchner, que Nisman es una especie de mártir que sacrificó su vida en la búsqueda de la verdad y la justicia. A pesar que las pruebas forenses disponibles todavía no permiten concluir si Nisman fue asesinado o se suicidó, la mayoría de la oposición cree que fue asesinado para evitar su presentación en el Congreso de la evidencia que supuestamente apoya su acusación contra el gobierno. Esta teoría ha sido coreada ad-nauseam por la mayoría de los principales medios de comunicación de todo el mundo.

Pero la afirmación clave de la acusación de Nisman, que repitió 96 veces en su declaración jurada, es que Fernández de Kirchner y su ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, trataron de revocar las órdenes de detención de Interpol contra los ex funcionarios iraníes acusados ​​del atentado a la AMIA. Y Ronald K. Noble, secretario general de Interpol durante quince años hasta noviembre pasado, negó públicamente esa afirmación de Nisman en enero – el mismo día que Nisman murió.

La acusación se basa en su totalidad en conversaciones telefónicas grabadas proporcionados por los servicios de seguridad argentinos, sobre todo entre el ruidoso líder sindical y activista kirchnerista Luis D’Elia y el líder de la comunidad iraní-argentina Jorge “Yussuf” Khalil. Hasta el momento, no han sido reveladas conversaciones telefónicas grabadas de Timerman o Fernández de Kirchner con algún funcionario iraní.

Es descabellado creer que el gobierno asesinaría a un rival político de manera tan obvia por una acusación respaldada por tan poca evidencia. El gobierno sabía perfectamente que los legisladores oficialistas podían destrozar fácilmente la acusación de Nisman durante su presentación al Congreso.

Pero lo más fundamental es lo evidente: la carrera de Nisman demuestra claramente que el prestigio y el poder eran más importantes para él que la verdad y la justicia.

Simplemente no existe la menor prueba testimonial o forense que incrimine a funcionarios iraníes en el atentado a la AMIA. Lanzada por fuentes israelíes unos días después de ocurrido el atentado, la teoría sobre la participación iraní afirma que un terrorista suicida de Hezbolá llamado Ibrahim Hussein Berro estrelló una furgoneta blanca Renault Traffic cargada de explosivos contra el frente de la sede de la AMIA. Pero de los 200 testigos en el lugar del hecho solo uno afirmó haber visto la furgoneta, y fue contradicho más tarde por su hermana y otros testigos que afirmaron haber visto un taxi amarillo y negro segundos antes de la explosión. El análisis forense realizado por el propio equipo jurídico de la AMIA determinó que los fragmentos de una camioneta supuestamente encontrados en el lugar del atentado no provenían de la furgoneta Renault blanca específica que la policía había identificado como el coche bomba. Y un equipo de expertos de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos, que ayudó en la investigación a petición del entonces presidente Carlos Menem, determinó que la explosión sucedió desde el interior del edificio.

El único sospechoso detenido durante la investigación inicial, dirigida en aquel entonces por el juez Juan José Galeano, fue un vendedor de autos usados con apellido chií, Carlos Telleldín, acusado de vender la van Renault Traffic a alguien supuestamente relacionado con el terrorista suicida. Pero la verdadera intención del gobierno de Menem en la detención de Telleldín fue revelada más adelante cuando se dio a conocer un vídeo hecho en secreto por la SIDE, la agencia de inteligencia de Argentina, en el que se veía a Galeano ofreciendo 400.000 dólares a Telleldín para que implicara falsamente en el atentado a agentes de policía leales a Eduardo Duhalde, principal rival político de Menem en aquel momento.

En 2004 un tribunal de Buenos Aires absolvió a Telleldín y a los agentes de policía que implicó falsamente, y en agosto de 2005 Galeano fue destituido. Pero desde que Nisman asumió el cargo de fiscal principal en 2004, siguió adelante con la farsa de Berro como atacante suicida. Y además añadió otro elemento aún menos creíble a su acusación contra Irán, como lo fue una supuesta reunión el 14 de agosto 1993 de los principales líderes iraníes, incluyendo tanto el líder supremo Ali Jamenei como el entonces presidente Hashemi Rafsanjani, en la que Nisman afirmó que se tomó la decisión oficial de llevar a cabo la planificación del atentado.

Las únicas fuentes en las que Nisman basó esta afirmación son miembros de la secta de fanáticos armados opositores al régimen iraní Muyahidin e Khalq (MEK), que fue retirada de la lista de grupos terroristas del Departamento de Estado de Estados Unidos en 2012 (gracias a una agresiva campaña de cabildeo en la que pagó cuantiosas sumas de dinero en honorarios por dictar conferencias a destacados exfuncionarios estadounidenses) y cuyas afirmaciones sobre el programa nuclear iraní en su abrumadora mayoría resultaron ser falsas cuando fueron investigadas por la Agencia Internacional de Energía Atómica.

Nisman también se basó en el testimonio del desertor iraní Aboghasem Mesbahi para acusar a los líderes del gobierno iraní. Durante una entrevista en noviembre de 2006 con el periodista de investigación Gareth Porter, el ex jefe de la Oficina de Hezbollah del FBI, James Bernazzani, dijo que los analistas de inteligencia consideraban a Mesbahi como alguien que estaba desesperado por dinero y dispuesto a “dar testimonio a cualquier país en cualquier caso relacionado con Irán”. Mesbahi también afirmó en varias ocasiones haber tenido información privilegiada de que Irán estaba detrás de los ataques del 11-S, pero su testimonio fue rechazado por la Comisión del 11-S.

La naturaleza altamente politizada de la investigación de Nisman quedó en evidencia con los cables de Wikileaks de 2011, que revelaron la actitud servil del fiscal hacia la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires: notificaba sistemáticamente a la embajada sobre las próximas medidas judiciales a tomar tanto por la oficina del fiscal y como por el tribunal encargado del caso AMIA, presentaba borradores de resoluciones a ser corregidas hasta que la embajada las aprobara, y se disculpó varias veces cuando no informó a la embajada de algún acto determinado con suficiente antelación.

Sin embargo, en 2006 los esfuerzos de Nisman dieron sus frutos. El Juez Canicoba Corral, que está a cargo de la investigación hasta hoy, volvió a abrir el caso contra Irán y finalmente pidió a Interpol que emitiera las órdenes de arresto contra los funcionarios iraníes. Corral admitió, en un momento de candidez, que actuó bajo la presión de la administración Bush.

Totalmente basadas como estaban en especulaciones de inteligencia y escuchas telefónicas, las acusaciones de Nisman contra Fernández de Kirchner y Timerman son tan débiles que además de la desmentida de Interpol por parte de Ronald Noble, incluso Canicoba Corral declaró que tenían “escaso o nulo valor probatorio”. EL juez Ariel Lijo, bajo cuya jurisdicción cayó el caso, se negó a terminar el receso judicial de enero para recibir el caso debido a la falta de pruebas de la acusación; e incluso la AMIA y la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) fueron prudentes acerca de su apoyo a las acusaciones y dijeron que querían ver la evidencia que las apoyaba. El 26 de febrero, el juez federal Daniel Refecas desestimó las acusaciones de Nisman, ya que carecían de “las condiciones mínimas” necesarias para dar inicio a una investigación judicial formal.

Dado este contexto, parece mucho más probable que Nisman, viendo como se desmoronaba el apoyo a sus acusaciones, sintiéndose cada vez más aislado, y solo a unas horas de tener que defender sus acusaciones en una hostil sesión abierta del Congreso, haya decidido quitarse la vida en lugar de enfrentar la posibilidad de finalmente tener que perder su honor y credibilidad profesional por completo.

Pero parece que el gobierno está tan dispuesto como la oposición a impulsar la versión de que Nisman fue asesinado. La misma Fernández de Kirchner lo sugirió en la segunda de dos divagantes entradas de Facebook que publicó horas después de que se encontró el cuerpo de Nisman, contradiciendo su primera entrada, en la que sugería que se habría suicidado.

Para el gobierno, el principal sospechoso es Antonio “Jaime” Stiuso, uno de los hombres más temidos en Argentina durante las últimas décadas y ex director de operaciones de la SIDE. Stiuso comenzó su carrera en los años 70, y en 1980, en medio de la “guerra sucia” de los años de la dictadura militar que gobernó el país durante ese período, adquirió las habilidades para armar escuchas telefónicas que le permitieron convertirse en jefe de contrainteligencia de la agencia.

Stiuso se convirtió en una leyenda, labrándose una fuerte reputación como compilador de historiales (o “carpetas” como se les dice coloquialmente en Argentina) de políticos y famosos llenos de información comprometedora – una actividad que le valió comparaciones con operadores igualmente infames, como el fundador del FBI J. Edgar Hoover o Vladimiro Montesions, jefe de la agencia de inteligencia del Perú bajo el presidente Alberto Fujimori.

Stiuso adquirió el control de la investigación AMIA justo después del bombardeo en 1994 y lo perdió momentáneamente en 1996, pero lo recuperó en 2001. Cuando Nisman fue nombrado jefe de la investigación de la AMIA en 2004, empezó de inmediato a trabajar de la mano con Stiuso, obteniendo todas sus pistas del je de espías. Con los años su relación se hizo estrecha y amigable. Nisman alababa profusamente la “brillantez” de Stiuso y expresaba el “cariño especial” que sentía por el jefe de espías.

Stiuso siempre había sido el eslabón clave entre la SIDE y los más poderosos servicios de inteligencia extranjeros, especialmente con la CIA de Estados Unidos y el Mossad de Israel. Según Gerardo Young – autor del libro “Código Stiuso”, editor en jefe del equipo de investigación del diario Clarín hasta el año 2012, y podría decirse que el periodista de investigación que más sabe sobre la historia de la SIDE – Stiuso había estado llevando a cabo una vigilancia sistemática de los diplomáticos Iraníes y otras figuras prominentes de la comunidad musulmana de Buenos Aires desde mucho antes del atentado a la AMIA y compartía todos los datos que adquiría con el Mossad.

Stiuso se peleó con el gobierno cuando Fernández de Kirchner propuso un memorando de entendimiento con Irán en 2013 con el objetivo de establecer una comisión de la verdad sobre el caso AMIA formada por juristas internacionales, y permitir que los fiscales argentinos tuviesen acceso a fuentes iraníes para sus investigaciones. Esto fue lo que provocó las acusaciones de Nisman, alegando que su objetivo principal era levantar las alertas rojas de Interpol contra los funcionarios iraníes con el fin de garantizar el acceso al petróleo iraní. La tensión entre Stiuso y el gobierno llegó a su clímax en diciembre de 2014, cuando se le pidió a Stiuso renunciar a su cargo como jefe de operaciones de la SIDE.

El gobierno afirma que Stiuso “manipuló” a Nisman para que lanzara la acusación contra de Fernández de Kirchner y Timerman, y que luego lo mató o lo indujo a cometer el suicidio con el fin de provocar la sospecha de que la administración de Fernández de Kirchner era responsable del asesinato.

La teoría del gobierno sobre la muerte de Nisman es más plausible que la de la oposición, pero, por supuesto, eso no significa que el historial del gobierno sea más limpio en términos de su enfoque hacia la investigación de la AMIA.

En primer lugar, a pesar de su retórica anti-imperialista, desde que Néstor Kirchner (el difunto esposo de Cristina Fernández de Kirchner) llegó al poder en 2003, los Kirchner siempre habían estado totalmente alineados con Washington y Tel Aviv en cuanto a culpar a los iraníes del atentado a la AMIA. El gobierno reconoce pública y abiertamente que nunca cuestionó la actuación de Nisman en la investigación de la AMIA durante toda su carrera. De hecho, fue el propio Néstor Kirchner quien asignó a Nisman a la investigación de la AMIA en 2004. También fue Néstor Kirchner el que le presentó Stiuso a Nisman y el que consolidó su relación.

Como ahora es políticamente convenient,e el gobierno y sus partidarios están atacando Stiuso y denunciándolo como el principal enemigo público del país, pero el hecho es que los Kirchner cultivaron una relación mutuamente beneficiosa con él en los últimos años, al igual que cualquier otro gobierno argentino antes que ellos. Los Kirchner no fueron una excepción en cuanto al uso y abuso de los servicios de inteligencia para espiar a opositores políticos, periodistas, activistas rebeldes, e influir en el poder judicial a su antojo.

Uno de los ejemplos más claros de lo lejos que Néstor Kirchner estaba dispuesto a llegar para proteger a Stiuso sucedió a mediados de 2004, en lo que fue el primer escándalo a gran escala de la era Kirchner. Durante una reunión con Néstor Kirchner en julio de 2004, Gustavo Béliz, el entonces ministro de Justicia, advirtió al ex presidente de las actividades ilegales patrocinadas por la SIDE y acusó a Stiuso como responsable. Kirchner cerró la reunión diciéndole a Béliz “dejá, de eso me encargo yo”, con laa entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner como testigo. Horas más tarde, el ministro fue despedido con una llamada telefónica.

Béliz luego llev[o las cosas a otro nivel revelando una foto borrosa de Stiuso en la televisión, acusándolo de dirigir “una especie de Gestapo”. Pocos días después, un abogado hasta entonces desconocido inició una causa penal contra él por violación de la Ley de Inteligencia Nacional, que afirma que la identidad del personal de la SIDE es un secreto de Estado. Béliz se fue al exilio en los Estados Unidos y Uruguay, sin poder regresar a ocupar cargos públicos durante los próximos 10 años.

Además de la firma del memorando con Irán, Cristina Fernández de Kirchner se alejó de Stiuso y sus aliados en la SIDE durante 2013 simplemente porque sentía que estaba perdiendo su lealtad política. Se sintió traicionada cuando Sergio Massa, alcalde de la ciudad de Tigre y uno de sus principales rivales políticos, decidió postularse a la presidencia en las próximas elecciones de octubre a pesar de los intentos de la SIDE de convencerla de que no lo haría. También influyó el asesinato escandaloso a mediados de 2013 de Pedro Tomás “el Launchón” Viale, el protegido principal de Stiuso. Una operación extremadamente violenta liderada por un grupo de élite de la policía de la provincia de Buenos Aires le disparó en su propia casa. Estaba siendo investigado por narcotráfico y fraude inmobiliario. Según Young, el presidente sintió que los chicos últimamente “sólo me causan dolores de cabeza”, como le dijo a Héctor Izcazuriaga y Francisco Larcher, los números uno y dos de la SIDE para aquel entonces.

Y aunque el gobierno afirmó que la motivación clave para la firma del memorando era para desbloquear la investigación de la AMIA, obviamente fue una movida geopolítica oportunista y calculada para alinear a la Argentina con la postura general de la región hacia Irán liderada por Brasil – el partidario más fuerte de Irán a través de la Agencia Internacional de la Energía Atómica y el socio comercial más importante de la Argentina. La reciente apertura de la administración Obama hacia las negociaciones con Irán sobre su programa nuclear también podría haber bajado el valor de culpar a Irán para las relaciones diplomáticas de Fernández de Kirchner con Washington.

Quizás, entonces, este episodio pueda llegar a tener una inesperada consecuencia positiva: obligar a la mayoría de los argentinos a enfrentar la fea realidad de como el poder político descansa en última instancia en las personas como Stiuso, que operan desde lo que Young llamó acertadamente las “cloacas de la democracia”. Por primera vez en la historia del país, un presidente, después de haber perdido el control de los señores de las cloacas, entró en confrontación directa con ellos, y sin querer, dejó entrar algo de luz en su oscuro escondite.

Hace unos días, el gobierno puso en marcha una “reforma” de la SIDE. Se le cambió el no mombre a SI (las iniciales de “Secretaría de Inteligencia”) y están haciéndose otros cambios cosméticos. Esperemos que los argentinos puedan percatarse de la ironía y se den cuenta de que entre todas las mentiras que se están lanzando a diestra y siniestra durante estos días, quizás la más cruel de todas, la que es aún más fundamental que culpar a Irán del atentado a la AMIA, es que las “cloacas de la democracia” se pueden limpiar de alguna manera.

Porque mientras la democracia se desarrolle dentro del marco del Estado, las cloacas serán una parte constitutiva de la misma. El monopolio del uso de la fuerza es lo que crea los incentivos para que gente como Stiuso prospere en las sombras.

La limpieza difinitiva de las cloacas requiere más que una reforma.

Requiere la abolición definitiva del más fundamental de los monopolios.