De Eric Fleischmann. Artículo original: An Anti-Statist Beginner’s Guide to (Taxation, Public Budgets, and) Participatory Budgeting. Traducido en español por Diego Avila.
La posición antiestatista más contundente y obvia en relación con los impuestos y, en consecuencia, con los presupuestos públicos (aunque los primeros no son la única fuente de los segundos) es su reducción o su completa abolición, y así se suele tratar entre los libertarios de centro y de derecha. Por ejemplo, Murray Rothbard escribe que el enfoque de principios debería ser “apoyar todas las reducciones de impuestos, ya sea por medio de tipos más bajos o de la ampliación de las exenciones y deducciones; y oponerse a todos los aumentos de tipos o disminuciones de exenciones. En resumen, tratar de eliminar en todos los casos la plaga de los impuestos en la medida de lo posible”. Así, las conversaciones entre estatistas convencionales y antiestatistas que funcionan bajo este enfoque general tienden a parecerse a la reunión de El Frente Popular de Judea (no confundir con El Frente Judaico Popular) de La vida de Brian (1979) de los Monty Python en la que traman el secuestro de la esposa de Pilatos. En una escena, Reg proclama que los romanos no han hecho más que robarles a ellos, a sus padres y a los padres de sus padres (y a los padres de sus padres. Y a los padres de los padres de sus padres) y pregunta: “¿Qué nos han dado a cambio?”. A lo que los conspiradores responden con una letanía de cosas que los romanos han proporcionado como acueductos, saneamiento, riego, medicina, salud, vino, baños públicos, etc. Finalmente, Reg se ve obligado a revisar su pregunta: “pero aparte de un mejor saneamiento y medicina y educación y riego y salud pública y carreteras y un sistema de agua dulce y baños y orden público, ¿qué han hecho los romanos por nosotros?”. Aunque esta comparación da poco crédito a la variedad de estratagemas teóricas e históricas no estatales para proporcionar lo que el Estado proporciona actualmente, resume el tipo de ida y vuelta sin matices que esta posición instiga.
Esto no quiere decir que la eventual abolición de los impuestos (o más específicamente la necesidad de los impuestos) no sea un buen ideal o un objetivo a largo plazo. Alderson Warm-Fork señala, en un foro de Libcom. org sobre el punto de vista anarquista colectivista de los impuestos, que dado que los impuestos son en esencia un mecanismo de redistribución, si uno requiere tal mecanismo significa que:
1) Su distribución original era muy defectuosa, y 2) por alguna razón no pudo cambiar esa distribución original. Y para que esta segunda distribución se superponga a la original se necesitaría algún tipo de agencia que estuviera por encima y aparte de la sociedad – lo que no es necesariamente un Estado, pero suena preocupantemente como tal.
Por lo tanto, uno de los objetivos de una sociedad sin Estado es crear las circunstancias socioeconómicas en las que la distribución original sea lo suficientemente equitativa y eficiente como para que los individuos sean capaces de seguir su estilo de vida personal y de poner en común voluntariamente sus recursos en empresas cooperativas y empresas comunitarias – esto último, en particular, quizás en la forma de lo que el anarquista de los siglos XVIII y XIX, Joseph A. Labadie describe como el tipo de “imposición” que “hacen ahora las iglesias, los sindicatos, las sociedades de seguros y todas las demás asociaciones voluntarias” y lo que Colin Ward denomina “modelo de autoimposición local” demostrado por el modelo de la Sociedad de Ayuda Médica de Tredegar en el sur de Gales. En este escenario no hay necesidad de un mecanismo estatal o similar para una segunda distribución (o al menos no involuntaria). Es la incredulidad de James C. Scott, antiestatista y compañero de viaje del anarquismo, en la creación de este tipo de “igualdad relativa” – que es “una condición necesaria de mutualidad y libertad” – sin un Estado, expresada en su Elogio del Anarquismo, lo que le lleva a rechazar en última instancia, “tanto teórica como prácticamente, la abolición del Estado”. Pero consideremos, por ejemplo, el artículo de Kevin Carson “¿Quién se apropia del beneficio? El Libre Mercado como Comunismo Integral”, en el que argumenta que un mercado libre realmente purgado de todos los privilegios del Estado no privatizaría en última instancia, sino que socializaría “todos los beneficios del progreso tecnológico” y “daría lugar a una sociedad que no se parece tanto a la visión anarcocapitalista de un mundo propiedad de los hermanos Koch y Halliburton, como a la visión de Marx de una sociedad comunista de la abundancia”.
Pero la cuestión es que hay posiciones más matizadas para los antiestatistas respecto a la fiscalidad. Como esboza Carlos Clemente, “Pero la relación entre los anarquistas de mercado y los impuestos es algo más complicada que el simple pujar por su abolición a cualquier precio y bajo cualquier circunstancia. Los anarquistas de mercado jamás hubiesen aprobado reducciones impositivas a la George W. Bush y sus neocon-amigotes.”. Esto se refleja bien en el uso que hace Kevin Carson del concepto “libertarismo dialéctico” de Chris Matthew Sciabarra en relación con los impuestos y la regulación. El escribe: “no tiene mucho sentido considerar propuestas particulares para desregular o recortar impuestos, sin tener en cuenta el papel que los impuestos y las regulaciones juegan en la estructura general del capitalismo de Estado. Eso es especialmente cierto, teniendo en cuenta que la mayoría de las propuestas de la corriente principal de la ‘reforma del mercado libre’ son generadas por los mismos intereses de clase que se benefician del Estado corporativo”. Y además, Carson no sigue la afirmación de la derecha libertaria de que los impuestos son universalmente un robo, ya que argumenta en su artículo “How Not Figth the 1%” que “toda la enorme riqueza se consigue a través del Estado – el Estado de los multimillonarios y las corporaciones. Toda esa riqueza proviene de las rentas de los derechos de propiedad artificiales reforzados por el Estado, de las escaseces artificiales, de los monopolios, de los cárteles reguladores y de las barreras de entrada (excepto la parte que proviene de las subvenciones directas de los contribuyentes).” Y, por lo tanto, se opone a gravar a los multimillonarios y a las corporaciones no sobre la base de que es un “robo” porque “les pertenece por derecho”, sino sobre la base más utilitaria de que la eliminación de los monopolios reforzados por el Estado es una forma más eficaz de abordar la base misma por la que surgen las disparidades masivas de riqueza.
Pero ciertamente hay anarquistas que sí ven en los impuestos extensivos a los ricos un medio razonable a corto plazo para abordar las enormes desigualdades económicas del capitalismo, lo que plantea la cuestión de los interesantes enfoques “positivos” de los antiestatistas en relación con los impuestos y los presupuestos públicos, de los que hay muchos históricamente. En su famoso ensayo Desobediencia Civil, Henry David Thoreau escribe: “’El mejor gobierno es el que no gobierna en absoluto’, y cuando los hombres estén preparados para ello, ese será el tipo de gobierno que tendrán”. Pero junto a este gradualismo antiestatista mantiene una posición matizada respecto a los impuestos, escribiendo su negativa a pagar el impuesto de capitación de Massachusetts debido a su oposición a la esclavitud y a su expansión a través de la guerra mexicano-estadounidense, al tiempo que proclama su disposición a pagar los impuestos de circulación que beneficien a sus vecinos; básicamente se opone a aquellos impuestos que sólo benefician al gobierno y a su tiranía. Un sentimiento menos vecinal, pero no del todo diferente, se puede encontrar en la derecha libertaria procedente de Ayn Rand, quien aunque era una crítica acérrima de cualquier política fiscal redistributiva, no veía ninguna contradicción en que los individuos recibieran becas públicas, seguridad social, subsidios de desempleo, etc. Sin dejar de oponerse al estatismo. Ella escribe en su ensayo de 1966 “The Question of Scholarships” que las “víctimas” de este tipo de políticas “tienen un claro derecho a cualquier reembolso de su propio dinero, y no avanzarían la causa de la libertad si dejaran su dinero, sin reclamar, en beneficio de la administración del estado de bienestar.” La propia Rand recibió la seguridad social más tarde en su vida. También está el caso totalmente diferente del famoso anarquista Pyotr Kropotkin que en La Conquista del Pan, sostiene que gran parte de la infraestructura y muchas de las instituciones generalmente mantenidas por los presupuestos públicos -como “museos, bibliotecas gratuitas, escuelas gratuitas, comidas gratuitas para los niños; parques y jardines abiertos a todos; calles pavimentadas e iluminadas, gratuitas para todos; agua suministrada a todas las casas sin medida ni esfuerzo”- son representativas de tendencias más amplias que conducen a la sociedad hacia el anarcocomunismo.
Y además, muchos antiestatistas (incluido Carson) han expresado su interés por la filosofía económica de Henry George, que como describe George en su obra magna Progreso y Miseria, consiste principalmente en la noción de que toda la tierra se posee en común, al tiempo que rechaza la idea de que cualquier “propietario de la tierra tenga que ser desposeído […] o que la renta sea tomada por el Estado en impuestos, la tierra, sin importar a nombre de quién esté o en qué parcelas esté, sería realmente propiedad común, y cada miembro de la comunidad participaría en las ventajas de su propiedad” con todo esto conduciendo a la abolición de “todos los impuestos excepto los que se aplican al valor de la tierra”. Un excelente ejemplo de apoyo antiestatista a esto es el del famoso autor y anarquista cristiano León Tolstoi, quien más tarde en su vida escribió: “La gente no discute la enseñanza de Jorge; simplemente no la conoce. Y es imposible hacer otra cosa con su enseñanza, pues quien la conoce no puede sino estar de acuerdo”. Algunos podrían señalar esto como demostrativo de un alejamiento del anarquismo por parte de Tolstoi, pero en su novela de 1899, Resurrección, explora de forma ficticia la noción de gobierno local -no un estado hegemónico- como medio para recaudar la renta de la tierra para el bien de la comunidad.
Todo esto se esboza para demostrar los complejos y matizados enfoques de la fiscalidad y los presupuestos públicos que pueden adoptar los antiestatistas con el fin de crear un contexto para debatir el “presupuesto participativo (PP)”. Este proceso no es más que un proceso en el que los ciudadanos – generalmente de los municipios – deliberan y deciden democráticamente la asignación de los presupuestos públicos. Sus orígenes se encuentran en los experimentos participativos del Movimiento Democrático Brasileño durante la época de la dictadura militar, pero, como explica Steve Rushton, fue desarrollado propiamente por el Partido de los Trabajadores de Brasil en los años 80 como un intento de pasar del éxito electoral a formas más radicales de democracia participativa. El primer ejemplo exitoso surgió en 1989 en la ciudad de Porto Alegre, la capital del estado brasileño de Rio Grande do Sul. Pronto lo adoptó la ciudad de Belo Horizonte en 1992, y a partir de ahí le siguieron numerosos municipios, con casi la mitad de las ciudades más grandes de Brasil empleando el método. Como explica Rushton, el presupuesto participativo en Brasil sigue un ciclo anual en el que la ciudad presenta el presupuesto del año anterior y los ciudadanos lo revisan en asambleas de barrio en las que discuten las decisiones y propuestas de gasto. A continuación, estas asambleas eligen a los concejales, que siguen debatiendo y perfeccionando lo que las asambleas han propuesto y discutido, y finalmente los delegados -elegidos por los residentes- votan las decisiones finales.
Y los efectos positivos de este sistema hablan por sí solos: un informe del Banco Mundial sobre el esfuerzo realizado, en particular en Porte Alegre, da cuenta de que 27.000 nuevas personas obtuvieron una vivienda pública en 1989, que la conexión al alcantarillado y al agua aumentó del 75% al 98% de las viviendas entre 1988 y 1997, que el número de escuelas se cuadruplicó desde 1986, y que el presupuesto de salud y educación de la ciudad pasó del 13% al 40% entre 1985 y 1996. Ahora bien, hay que dejar claro que no es todo el presupuesto el que se asigna en estos casos y que no son todas las personas las que participan. Sin embargo, su control e inclusión aumentó en el pasado, ya que el PP asignó el 21% del presupuesto de Porte Alegre en 1999 y la mitad de los recursos de inversión local de Belo Horizonte ese mismo año. Además, la participación, en el momento del informe, “no se limita a la clase media o a los partidarios convencionales del Partido de los Trabajadores. La gente de los grupos de bajos ingresos también toma parte activa en el proceso”.
El presupuesto participativo se extendió por Europa en la década de 2000, surgiendo simultáneamente en varios países de Europa Occidental en 2005, hasta que más de 50 ciudades europeas -entre ellas Sevilla, Londres, París, Roma y Berlín-, así como pequeños municipios como Grottamare y Altidona en Italia, habían adoptado formas del proceso. Y también ha llegado a Estados Unidos, ya que numerosas ciudades, condados, comunidades de viviendas, escuelas y otros lugares lo han implantado en sus estructuras. Rushton relata el caso de la ciudad de Greensboro (Carolina del Norte), que adoptó el PP en 2015, y en consecuencia, ha invertido en información en tiempo real sobre el transporte público, los pasos de peatones, las cabinas de llamada de emergencia en los parques y el aumento de las paradas de autobús. Y además, “la presupuestación participativa ha impulsado una mayor inclusión de las comunidades antes separadas por el idioma, la etnia y la pobreza.” El PP de cierta variedad también ha surgido en la ciudad de Nueva York, donde “los residentes ahora pueden acceder a un mapa especial con chinchetas, donde pueden dar sus ideas específicas sobre cómo mejorar el tránsito, la vivienda y otros temas.” Y a partir de 2018, 3.000 municipios de todo el mundo han implementado alguna forma de PP.
Con tantos contextos diferentes, no es de extrañar que el PP haya adoptado múltiples formas diferentes, pero Hollie Russon Gilman da cuenta de cuatro características generalmente universales de sus estructuras:
1- Sesiones informativas: Los ciudadanos tienen acceso a información sobre el coste y el efecto de los distintos programas gubernamentales.
2- Asambleas vecinales: Los ciudadanos articulan las necesidades presupuestarias locales.
3- Delegados presupuestarios: Algunos ciudadanos se inscriben para interactuar directamente con los funcionarios del gobierno y redactar propuestas presupuestarias viables.
4- La votación: Un grupo más amplio de residentes vota qué proyectos deben financiarse.
Los elementos importantes de este sistema son que permiten el control por parte de los ciudadanos de al menos algunos fondos públicos, pero también que “conceden a los ciudadanos un acceso sin filtros a la información gubernamental y a los funcionarios elegidos” y fomentan “nuevas relaciones con sus vecinos” y “un sentido más profundo de la solidaridad y la comunidad”.
Y el PP también se ha propuesto para hacer frente a una serie de situaciones y retos únicos. Como se mencionó anteriormente en el traslado del sistema a Estados Unidos, ha aparecido en el contexto de las escuelas. Como describe el Participatory Budgeting Project (PBP), “las escuelas, distritos escolares y universidades de todo el mundo están utilizando los presupuestos participativos (PP) para involucrar a estudiantes, padres, educadores y personal en la decisión de cómo gastar una parte del presupuesto escolar”. Gracias a estos esfuerzos, las comunidades tienen un mayor control sobre sus escuelas. Y comoatestigua Agustin B. of the Phoenix Union High School District, da a los estudiantes una mayor sensación de compromiso con la escuela. Aunque no soy un experto, parece de sentido común psicológico básico que cuando los individuos tienen voz en la institución de la que forman parte, sienten una mayor sensación de libertad y satisfacción – lo que seguramente debe ser cierto para los estudiantes que actualmente se sienten a veces como si trabajaran bajo un régimen burocrático; Como describe Emma Goldman, las escuelas – “no importa si son públicas, privadas o parroquiales” – son “para el niño, lo que la prisión es para el convicto y el cuartel para el soldado: un lugar en el que todo se utiliza para quebrar la voluntad del niño, y luego para machacarlo, amasarlo y moldearlo hasta convertirlo en un ser totalmente ajeno a sí mismo”. El PP no cumple realmente con el ideal de una educación verdaderamente libertaria (en su sentido tradicional), pero seguramente se mueve en esa dirección.
El Participatory Budgeting Project también ha propuesto el PP como medio para abordar la actual emergencia climática. Señalan que “la aparente indiferencia de algunos residentes hacia las cuestiones climáticas podría deberse a la percepción de no poder influir realmente en un problema aparentemente irresoluble”. Por ello el PP puede servir como medio para comprometerse y aceptar iniciativas verdes “(como más carriles bici o menos residuos de alimentos). Significaría una mayor aceptación, en lugar de que la ‘Agenda de Transición’ se imponga desde arriba”. Así, el PBP sirve como mecanismo para dirigirse de forma práctica e dar una inspiración movilizada a individuos y comunidades para que adopten prácticas más conscientes del medio ambiente.
El PBP incluso ha escrito sobre el PP como un mecanismo importante para hacer frente a la actual epidemia de COVID-19:
En las pandemias, es habitual ver cómo los gobiernos se inclinan hacia el autoritarismo, mientras se distribuyen billones de dólares en esfuerzos de ayuda. Este es el momento exacto en el que necesitamos reforzar la democracia, para asegurar que la financiación se asigna de forma equitativa y democrática, y para garantizar que las comunidades locales – especialmente nuestras poblaciones más marginadas y vulnerables – tengan voz y voto en estas decisiones que les afectarán enormemente. A nivel personal, mientras todos estamos aislados y nos sentimos impotentes, la gente necesita una forma de sentir conexión y una sensación de control. Los presupuestos participativos ofrecen ambas cosas.
Más allá incluso de los beneficios utilitarios más “neutrales” del PP, el atractivo para los antiestatistas es sin duda obvio: mayor transparencia gubernamental, control de los ciudadanos sobre los fondos públicos y evitar los métodos autoritarios de arriba abajo ante las crisis. Y se ha demostrado que la oposición total a los impuestos no es una posición antiestatista necesaria, por lo que el apoyo al PP no sería una blasfemia. Pero en un nivel más formalmente estratégico, Carson en su pieza “Municipalismo Libertario”, habla del PP como un aspecto de “la emergente economía distribuida y basada en el procomún” que podría servir “como base para la transición post-capitalista”. Considera “los proyectos de presupuestos participativos… una parte integral del gobierno participativo” junto con varias estrategias de producción y gobernanza basadas en la comunidad y el procomún, cooperativas y de código abierto “en tres niveles: la microaldea y otras formas de cohousing/coproducción, la ciudad o pueblo como unidad, y las federaciones regionales y globales de ciudades”. Para Carson, como dice en Mutual Exchange Radio, el objetivo del “nuevo municipalismo” es “empujar al gobierno local para que funcione de una manera menos estatal y asuma el carácter más de una plataforma” y se remonta a una “corriente de análisis más amplia” que puede remontarse a Henri de Saint-Simon por la que el Estado se elimina lentamente y es característica de todos los análisis socialistas y anarquistas importantes desde la disolución del Estado en la sociedad de Pierre-Joseph Proudhon hasta el marchitamiento del Estado de Karl Marx.
Para los antiestatistas, el PP también parece seguir el tipo de estrategia que se encuentra en el pensamiento de Noam Chomsky con respecto al Estado del bienestar. Escribe en su colección Understanding Power que “el objetivo inmediato, incluso de los anarquistas comprometidos, debería ser defender algunas instituciones estatales, al tiempo que se ayuda a abrirlas a una participación pública más significativa, y en última instancia a desmantelarlas en una sociedad mucho más libre”. El PP parece quizás el santo grial de este tipo de pensamiento antiestatista, ya que los presupuestos públicos representan el núcleo del Estado del bienestar y este tipo de estructura participativa permite tanto su control como, en el pensamiento anterior de Carson, representa el progreso hacia la abolición del Estado tal y como lo entendemos actualmente. Aunque ciertamente hay limitaciones y problemas con los presupuestos participativos – cuyos temas no se tratan en este artículo (pero pueden encontrarse en muchos de los estudios a los que se ha hecho referencia) –, los presupuestos participativos aparecen como una política bastante coherente para que los antiestatistas los presenten como un enfoque matizado hacia los impuestos y los presupuestos públicos.
