Sobre la democracia como valor anarquista necesario

Este texto es el sexto ensayo en el Simposio de intercambio mutuo del C4SS en junio.

Como definición funcional de democracia, creo que lo mejor de que disponemos es esta descripción de anarquía en el artículo sobre anarquismo en la enciclopedia Britannica de 1922 de Piotr Kropotkin – la consecución de la harmonía:

«[…] no por la sumisión a la ley ni por la obediencia a autoridad alguna, sino por los acuerdos libres llevados a cabo entre varios grupos, territoriales y profesionales, constituidos libremente por el bien de la producción y consumo, así como por la satisfacción de la infinita variedad de necesidades y aspiraciones de un ser civilizado.»

Agregaría, para desarrollar la definición, que una democracia, entendida de esta forma, intenta maximizar la agencia de cada persona individual y el grado de control percibido sobre las decisiones que afectan las vidas de cada uno. Al conservar el principio de igualdad de libertad, la democracia busca maximizar el control del individuo sobre las fuerzas que dan forma a su vida, en la medida en que semejante control sea compatible con un grado de control por parte de otros sobre sus propias vidas.

Esto implica un proceso de toma de decisiones social que no requiera aprobación (estigmérgico) en tanto sea posible. La democracia suprema, en el sentido de una maximización de suma positiva de la agencia individual y el control sobre la propia vida en la mayor medida de los posible sin que la agencia de alguno infrinja la de los demás, es el consenso universal de los gobernados. Y, en este sentido, una organización que no requiera aprobación y que sea estigmérgica, en que toda la actividad individual sea autodirigida, es la democracia suprema.

No obstante, en algunas áreas, el acuerdo en una política común para un cuerpo social unitario puede ser necesario. En este caso, la mejor solución, luego del consenso unánime, es que todos los individuos involucrados en la decisión se encaren como iguales y busquen la aproximación más cercana posible al consenso unánime, sin que haya nadie en posición de uso de fuerza para imponer su voluntad sobre otros.

Ver la democracia en estos términos nos libra de algunos hábitos negativos que se cuelan usualmente cuando consideramos la democracia en términos convencionales. Por ejemplo, es común, al tratar la democracia de manera convencional, enmarcarla en alguna clase de institución creada por personas con dones especiales en algunos momentos notables en la historia.

Mas en realidad la «democracia» no es algo que se hayan inventado un montón de cerebrotes en el ágora ateniense o en la Filadelfia de 1787. Es algo que las personas ordinarias han estado haciendo por todas partes a lo largo de la historia, mucho antes del inicio de la historia registrada, cuando quiera que se reunían como iguales para resolver un problema común por medio de la discusión y la cooperación. En palabras del antropólogo David Graeber:

«En este sentido, la democracia es tan antigua como la historia, como la inteligencia humana misma. Es imposible para cualquiera poseerla. Supongo que […] se podría aducir que emergió en el momento en que los homínidos cesaron sencillamente de bravuconearse y desarrollaron las competencias comunicativas necesarias para resolver un problema común colectivamente. Pero semejante especulación es fútil; el punto es que hay evidencia de asambleas democráticas en todas las épocas y lugares, desde la Seka Balinesa hasta los Ayllu bolivianos, mediante el uso de una variedad sin fin de procedimientos formales»

Se nos dice usualmente que la democracia se originó en la antigua Atenas – que como la ciencia o la filosofía, fue una invención griega. Nunca queda claro qué se supone que significa ello. ¿Se supone que debemos creer que, antes de los atenienses, no se le ocurrió a nadie en ningún lado reunir a todos los miembros de la comunidad con el fin de tomar decisiones juntos de manera que todos tuvieran voz en la misma medida? Eso sería ridículo. Claramente, ha habido muchas sociedades igualitarias en la historia – mucho más igualitarias que Atenas, muchas que deben haber existido antes del año 500 a.e.c – y obviamente deben hacer tenido alguna clase de procedimiento para llegar a las decisiones para cuestiones de importancia colectiva. Y, aun así, de algún modo, se asume siempre que estos procedimientos, cualesquiera que fueran, no podrían haber sido, en términos apropiados, «democráticos».

La razón real de la renuencia por parte de los académicos a la hora de ver un consejo de aldea Sulawezi o Tallensi como «democrático» — claro, fuera del empecinamiento racista de no querer admitir que cualquier grupo que los occidentales hayan masacrado con semejante impunidad relativa pudiera estar al nivel de Pericles – es el hecho de que no votan. Ahora bien, hay que admitirlo, se trata de un hecho interesante. ¿Por qué no votan? Si aceptamos la idea de que una toma de decisión a mano alzada o de que poner a quienes apoyen una moción de un lado, opuestos a los que no la apoyen, no son nociones increíblemente sofisticadas como para que no se le ocurrieran a nadie en la antigüedad hasta que algún genio las «inventara», entonces ¿por qué es tan raro que se las emplee? De nuevo, parece que tenemos entre manos un ejemplo de rechazo explícito. Una y otra vez, a lo largo y ancho del globo, desde Australia hasta Siberia, las comunidades igualitarias han privilegiado alguna variación del proceso de consenso. ¿Por qué?

La explicación que yo propondría es la siguiente: en una comunidad que se encara transparentemente, es mucho más fácil determinar qué quiere hacer la mayoría de los miembros de la comunidad que determinar cómo convencer a aquellos que no quieren cooperar. La toma de decisiones por consenso es típica de las sociedades donde no habría una manera de forzar a la minoría a estar de acuerdo con la decisión de la mayoría, ya sea porque no había un Estado con un monopolio sobre la fuerza coercitiva o porque el Estado no interviene en la toma de decisiones local. Si no hay forma de forzar a quienes consideran desagradable acogerse a las decisiones de la mayoría a hacerlo, entonces lo último que alguien querría hacer sería votar: un concurso público donde alguien va a salir perdiendo. Votar sería la manera de garantizar la humillación, resentimiento, odio y, en últimas, la destrucción de comunidades. Lo que se considera un proceso elaborado y difícil para encontrar el consenso es, de hecho, un largo proceso para asegurarse de que nadie se retire sintiendo que su perspectiva ha sido totalmente ignorada.

La democracia de mayorías, podríamos decir, solo puede emerger cuando dos factores coinciden:

  1. Un sentimiento de que las personas deberían tener voz igual a la hora de tomar decisiones grupales y
  2. Un aparato coercitivo capaz de imponer esas decisiones.

Durante la mayor parte de la historia humana, ha sido inusual tener ambas al mismo tiempo. Donde existen sociedades igualitarias, se considera usualmente erróneo imponer la coacción sistemática. Donde en efecto existe una maquinaria coercitiva, ni siquiera pasaba por la mente de quienes la controlaban que estuvieran imponiendo alguna clase de voluntad popular.

Otra tendencia prejudicial, especialmente prevalente en la derecha libertaria, es tomar las pretensiones democráticas del estado moderno nominalmente, y de acuerdo con ello concebir la «democracia» en términos de clichés reaccionarios como la «tiranía de las mayorías», «gobierno de la masa» y así sucesivamente. Un ejemplo particularmente aciago es el de «Dos lobos y un cordero votando para decidir qué cenar».

Los Estados formalmente «democráticos» y las «democracias representativas» no son, de hecho, democráticos o representativos. Si las mayorías populares ejercen control sobre los estados, esto sucede en gran medida como una medida restrictiva desde afuera para limitar o contrarrestar las tendencias de clase normales del Estado.

La idea del Estado limitado, caracterizado por el laissez-faire, que fue sucedido por un Estado democrático masivo, mediante el cual la mayoría popular saqueó el erario público y la propiedad de los ricos para financiar programas de redistribución, es una pamplinada. El latrocinio y saqueo estatal, en nombre de las clases hacendadas, ha sido parte integral del capitalismo desde sus orígenes en la era moderna temprana. Y los programas de bienestar del siglo XX han sido presentados mediante la instigación de los representantes mismos de las clases hacendadas, con el fin de redistribuir hacia abajo una pequeña fracción – solo lo suficiente para mantener a raya la depresión o la revolución – de lo que el Estado ya había distribuido hacia arriba a esas mismas clases hacendadas. Y pese a la medida en que los programas de bienestar sociales han sido en parte una respuesta a la presión de las masas, han entrañado en el mejor de los casos un atenuante a la intervención estatal a gran escala en nombre de los ricos.

Y finalmente, en tanto el gobierno puede ser presionado para volverse de naturaleza más democrática, particularmente a nivel local, también se le puede presionar para convertirse menos estatal, como en el modelo del Estado socio de Michel Bauwen. En esa medida, las funciones de regencia del gobierno caracterizarán el viejo cliché Saint-Simoniano de transición desde «la legislación sobre los seres humanos hasta la administración de las cosas,» y adoptarán el carácter de una plataforma de apoyo. Que esto pueda o no hacerse es debatible, aunque creo que vale la pena intentarlo.

Por lo menos las nuevas coaliciones ciudadanas que brotaron del movimiento M15 y que han tomado el poder de gobiernos locales en España como Barcelona y Madrid, y que han intentado implementar una agenda política basada en los bienes comunales, están conduciendo las cosas hacia la dirección correcta. Cuán lejos podrán llegar con todo ello está por verse.

Pero la idea de que algo que se parezca remotamente a la democracia genuina puede lograrse por medio del gobierno de una nación estado de miles o cientos de miles de millones de personas está más allá de los límites de la credulidad. En el mejor de los casos, el Estado nación se erigirá como un Estado de clase cuya asistencia a la extracción de rentas de la clase gobernante será limitada y contrarrestada parcialmente por la presión de las masas.

Hay esperanza, en mi opinión, de que el Estado nación pueda desecharse mediante vínculos horizontales entre cuerpos políticos locales y de que este confederalismo pueda servir como plataforma de resistencia para el Estado nación: especialmente a medida que los Estados nación tradicionales caen bajo el influjo de movimientos políticos autoritarios.

Paralelo a este conjunto de valores centrados en el consenso unánime y la ausencia de permisos se encuentra otro valor: el derecho igualitario de acceso a cosas que son legítimamente gobernadas como bienes comunales, tales como la tierra y recursos naturales, acuíferos, cultura e información. En la medida en que estos bienes comunes remplacen grandes cantidades de capital acumulado como fuerzas productivas principales en la sociedad, el gobierno de los bienes comunales implica acceso igualitario a estos activos como bienes productivos por parte de todos los miembros de la sociedad, y la habilidad de satisfacer una cantidad creciente de necesidades de subsistencia por fuera del sistema de salarios capitalista.

Volviendo a la discusión sobre el Estado socio ylas agendeas de política local basada en bienes comunales, yo sugeriría un programa basado en:

  • La transferencia de todas las tierras poseídas por el Estado, incluyendo la propiedad municipal, hacia fideicomisos perpetuos de tierra comunal (y la mayoría de municipalidades tienen reservas de bienes raíces enormes como inversiones en contra de la escasez futura, sin contar ni siquiera las propiedades tomadas por delincuencia tributaria)
  • La provisión de internet barato de alta velocidad empleando la capacidad de sobra de los gobiernos locales y la infraestructura de fibra óptica pública
  • El uso exclusivo de software de código abierto por parte de las agencias de gobierno locales y universidades públicas, volver obligatoriamente toda investigación auspiciada por gobiernos locales o universidades públicas de código abierto, y el recurso, en la medida de lo posible, a libros de texto y currículos escolares libres y de código abierto por parte de las escuelas públicas.
  • La organización de servicios públicos como cooperativas de depositarios responsables directamente con sus usuarios.
  • Códigos municipales lo más amigables posibles con una economía solidaria genuina basada en alternativas a Uber y Airbnb controladas por usuarios y p2p [redes paritarias], aunadas con la remoción de barreras regulatorias a microempresas basadas en espacios sobrantes en hogares ordinarios (panaderías, talleres de costura, guarderías, etc.).

Todas estas cosas podrían unirse acumulativamente en el núcleo de una economía basada en bienes comunales que provea acceso independiente a una porción mayor de los medios de subsistencia sobre la base de la posescasez.

Así pues, en últimas, el concepto de democracia tiene sentido como algo que las personas ordinarias ya han hecho y continúan haciendo cuando crean espacios de posibilidades en que pueden actuar como iguales a fin de resolver sus problemas comunes. Cuando se logran esculpir estos espacios por fuera de la autoridad de los estados y las clases gobernantes, el vasto rango de instituciones que la gente ha creado para sí mismos a lo largo de la historia – asambleas municipales, cuerpos de gobierno para bienes comunales basados en recursos naturales, gremios, asociaciones, sociedades mutuales y cuerpos de ayuda mutua, sindicatos radicales, redes de producción entre pares – son ejemplos todos de democracia.

Si entendemos de esta manera la democracia, no es esta solamente indispensable para la anarquía: ella es la anarquía.

Artículo original publicado por Kevin Carson el 12 de junio de 2017.

Traducción del inglés por Mario Murillo

Free Markets & Capitalism?
Markets Not Capitalism
Organization Theory
Conscience of an Anarchist