Después de las protestas en todo Brasil del domingo pasado, los políticos, los burócratas y los medios de comunicación a favor del gobierno se apresuraron a hablar de “reforma política” como respuesta a la insatisfacción popular, contradiciendo a la oposición “golpista” que anhela el juicio político de la presidenta Dilma Rousseff. Marcelo Zero, por ejemplo, predica la línea del partidoafirmando que “los que están realmente contra la corrupción no quieren juicio político, que es un eufemismo de golpe de estado, y apoyan la reforma política” (Brasil 247, 15 de marzo).
A pesar de las heterogéneas y en ocasiones reaccionarias peticiones de los manifestantes en las calles, estas muestran lo obvio: que la decadencia política y económica de Brasil se ha vuelto intolerable. La economía está en ruinas: los salarios reales caen mientras que el desempleo aumenta. Además, surgen casos de corrupción todos los días, siendo el más grande entre ellos el esquema de soborno por parte de empresas constructoras contratadas por Petrobras, que llenaron las arcas del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).
Según los partidarios del PT, sin embargo, Brasil se convirtió en Narnia alrededor de 2002, cuando el entonces presidente Lula se convirtió en Aslan en un paraíso mágico de progreso perpetuo en donde la más mínima duda al respecto es atacada con denuncias histéricas de los no creyentes. Desde que el PT obtuvo el poder, amplios sectores de la izquierda brasileña se han convertido en legalistas extremos, oponiéndose a cualquier forma de organización fuera de las instituciones convencionales. Estos leninistas tienden a desgarrarse las vestiduras ante cualquier alteración del orden, calificándola de “golpe de estado”. Este legalismo oportunista se traduce en la transformación de la reforma política en una vaca sagrada de la política brasileña.
Obviamente, la reforma política no es más que una respuesta fácil para aliviar la presión de la crisis, ya que nadie ha decidido lo que realmente significa. Lula, por ejemplo, ha declarado que se trata de “la financiación pública de las campañas electorales” (Época Negocios, 15 de marzo). Para sus colegas del PT como el diputado federal Enio Verri (“Reforma Política ampla e popular,” Brasil 247, 18 de marzo), sin embargo, se trata de una “asamblea constituyente para debatir y desarrollar un nuevo sistema electoral”, “una reforma profunda y popular, en conversación con todos los sectores de la sociedad y que respete las características de un país continental, con su cultura rica y diversa”. Curiosamente, mientras el juicio político es visto como golpe de Estado, reescribir la constitución parece estar dentro de las normas aceptables del juego.
Los miembros del PT creen que el financiamiento público de las campañas electorales es esencial para evitar que los “intereses privados”, como lo plantea Zero, ganen influencia sobre el proceso político. Tonterías: el estado no es más que una manifestación de los intereses privados. La financiación pública nunca ha impedido que los “intereses privados” asuman el control del estado; el estado existe para servir a esos intereses. El expresidente brasileño Fernando Collor de Mello, por ejemplo, renunció en 1992 (antes de que pudiera ser sometido a juicio político) debido al esquema de corrupción montado por su tesorero de campaña PC Farias, que hacía de intermediario entre el gobierno y las grandes empresas. En ese momento la financiación privada estaba prohibida, pero eso fue totalmente inútil para detener la corrupción.
Los debates sobre la corrupción son francamente irrelevantes cuando empezamos a ver al estado como lo que es: una herramienta de la élite para la explotación económica de la población general. Cuando nos quitamos nuestros distorsionados lentes partidistas, empezamos a ver que el pago de sobornos por parte de empresas de construcción a cambio de contratos de Petrobras era perfectamente previsible dadas nuestras instituciones establecidas. Las “protestas” partidarias del gobierno del pasado viernes (13), anticipando los movimientos de oposición del domingo y organizadas por la Central Única de Trabajadores (CUT), usaron como eslogan que “¡Petrobras es propiedad de los brasileños!”. Pero no lo es, nunca lo ha sido, y nunca lo será.
Por el contrario, el “financiamiento público de las campañas electorales” dará lugar a un sistema de partidos cada vez más monopolizado por donde seguirá fluyendo el dinero hacia arriba, hacia los políticos establecidos. Y obviamente, no se impedirá que los “intereses privados” sigan interfiriendo en la política. Los partidarios del gobierno nunca aceptarán este simple hecho porque para el PT, los políticos son ángeles corrompidos por el dinero privado. O como diría Oscar Wilde, los políticos pueden resistir todo menos la tentación.
Artículo original publicado por Erick Vasconcelos el 20 de marzo de 2015.
Traducido del inglés por Carlos Clemente.
