Durante los últimos días, una serie de acontecimientos al azar aparentemente no relacionados parecieron querer enseñarme una lección común. El 21 de enero se informó (“¿Opuesto al Fracking? Podrías Ser un Terrorista“, PopularResistance.org) que los servicios policiales canadienses y estadounidenses – Servicio de Inteligencia del Canadá (CSIS), la Policía Montada, el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y la policía provincial, estatal y local – han estado trabajando en estrecha colaboración con Enbridge, TransCanada y otras compañías de energía que participan en proyectos de construcción de ductos para mantener a destacados activistas anti-fracking bajo vigilancia como posibles “terroristas”. Scotland Yard ha llevado a cabo una vigilancia similar de “radicales” en los movimientos de derechos de los animales, antiguerra, anticapitalista y anti-OGM.
El mismo día, en los EE.UU. (“¿Así que ahora Seguridad Nacional puede detener a los sospechosos de piratear películas?” IO9, 21 de enero), el Departamento de Seguridad Nacional arrestó a un hombre por usar un Google Glass en un cine de Ohio, deteniéndolo durante tres horas – a pesar de que tenía la función de “grabar” apagada.
Finalmente, el 3 de febrero, Truth-Out.org reportó una demanda para revocar la Ley Antiterrorista para Empresas de Productos de Origen Animal, una ley de EE.UU. que trata actos anteriormente considerados delitos menores de desobediencia civil como la liberación de animales en granjas industriales – o incluso traspasar o filmar de manera encubierta sin permiso – como actos de terrorismo (“¿Es Liberar a un Pato un Acto de Terrorismo?“). Para poner las cosas en contexto, téngase en cuenta que a pesar de que el FBI en 2004 designó a los activistas ambientalistas y de derechos de los animales como la principal amenaza interna de terrorismo, nadie ha sido herido jamás por ninguna de las acciones de protesta de estos movimientos.
Toda la legislación de alto nivel para la “lucha contra el terrorismo” aprobada después del 9/11 fue justificada en su momento por la urgente necesidad de que nadie pudiese jamás volver a estrellar un avión contra un rascacielos, esparcir ántrax por ahí o hacer estallar una “bomba sucia” en una ciudad importante. Supuestamente se trataba de poderes extraordinarios otorgados sólo para contrarrestar peligros extraordinarios, que nunca serían utilizados por las fuerzas del orden contra delitos comunes. Pero, ¿cuándo es que el estado haya alguna vez prometido eso y cumplido su palabra? Las Leyes de Espionaje y Sedición aprobadas durante la Primera Guerra Mundial fueron acompañadas de aseveraciones similares de que no se utilizarían para suprimir el disenso ordinario y el debate político – y terminaron siendo utilizadas como justificación de arrestos masivos de personajes públicos críticos de la guerra, miembros de la I.W.W, y del Partido Socialista.
Así están las cosas. La Ley “USA PATRIOT” y una gran cantidad de agencias de seguridad como el CSIS, el RCMP, el FBI y el DHS están siendo utilizados para proteger las ganancias de las industrias de combustibles fósiles, la industria del cine y la agroindustria corporativa contra el debate, el escarnio público, o las protestas. ¿Tratar las protestas que interrumpen la jornada comercial como “terrorismo”? Si la Ley “USA PATRIOT” hubiese sido aprobada hace un par de generaciones, supongo que los plantones en los mostradores de restaurantes y los boicots de autobuses habrían sido clasificados como “terrorismo”.
El fin último de todas las leyes del estado y del aparato que exige su cumplimiento, independientemente de las aparentes justificaciones de esta o aquella ley, es la defensa de los intereses del sistema y los que lo controlan. Cualquier ley aprobada por el estado, y cualquier funcionario armado, uniformado y empleado por el estado para hacerla cumplir, interpretará el concepto de justicia de manera que sirva a los intereses del sistema de poder.
Artículo original publicado por Kevin Carson el 10 de febrero de 2014.
Traducido del inglés por Carlos Clemente.
