En teoría, el gobierno existe para proteger a aquellos a quienes “sirve”: defiende sus derechos dentro del territorio nacional e impide la invasión de éste por parte de ejércitos de otros gobiernos que (insisto, en teoría) violarían esos derechos de la gente, más que establecerse como nuevo monopolista del servicio de defensa.

En la práctica, la política estatal tiende a lo contrario. En el “frente doméstico”, la defensa o el simple respeto de los derechos de las personas se sacrifican en el altar de la “protección” contra amenazas externas; mientras, la política exterior consiste en que los gobiernos se coordinan para taparse unos a otros sus vergüenzas y sus transgresiones.

Si dos gobiernos cooperan, uno puede apostar a que están negociando un tratado para regular y controlar el líbre tránsito entre fronteras, que por cierto no son más que líneas imaginarias en la tierra que los políticos dibujan para hacer ese tratado algo “necesario”.

Si dos gobiernos están en conflicto, uno puede apostar a que los derechos y el bienestar de los ciudadanos de cada Estado tiene poco que ver con la discusión, y que esos derechos y bienes serán las primeras víctimas en caso de que el conflicto degenere en sanciones, ruido de sables y posiblemente, la guerra.

El paradigma que vamos a estudiar hoy es el embargo de Estados Unidos en contra de Cuba. Durante 50 años se han vulnerado los derechos y el bienestar de cubanos y estadounidenses para tratar de cumplir el supuesto deseo de los Estados Unidos de derribar al régimen comunista de Fidel Castro.

Digo “supuesto” porque el propósito real del embargo por parte de los Estados Unidos no es “proteger” a sus ciudadanos de Cuba, que no ha supuesto una amenaza militar de ningún tipo desde que la Unión Soviética perdió el pulso en los primeros años sesenta del pasado siglo. Tampoco tiene este embargo el objeto de echar a Castro, que ha obtenido inmensos réditos políticos de él. Más bien, el objetivo es dorar la píldora a los anticastristas de Miami (azuzados por una “industria anticastrista” cuyos capitostes tienen más interés en amasar dinero y poder en los Estados Unidos que en liberar Cuba o algo similar) y también a los productores de azúcar ávidos de subvenciones que no desean la competencia de las importaciones de azúcar cubano. Ambos colectivos de intereses especiales manejan mucho dinero aprovechable en las campañas electorales y sus votos son importantes en las elecciones.

Mientras, el régimen de Fidel y su hermano Raúl se posicionan en contra del embargo de boquilla, pero cada vez que el tema del bloqueo pasa a ser seriamente cuestionado están perfectamente situados para escalar las tensiones con los Estados Unidos. En su posición, “El Bloqueo” [en español en el original] es la mejor garantía de que conservarán el poder, porque les da un enemigo exterior prefabricado al que culpar del fracaso de la revolución socialista cubana y una amenaza militar contra la que los cubanos deben permanecer unidos.

Asumiendo que los gobiernos quisieran acabar con el embargo, lo cual es peliagudo, ¿cuál sería el resultado de esa operación?

En el lado económico, los consumidores y los productores competitivos de ambos países se beneficiarían. El azúcar sería particularmente barato en los Estados Unidos, puesto que los productores de caña competirían en un mercado más abierto en vez de estar protegidos contra el azúcar cubano. Los bienes de importación serían mucho más baratos al abrirse una fuente de importaciones que está a 90 millas y que puede competir con los bienes europeos. Los productores de ambos países tendrían nuevos mercados abiertos para ellos y el capital fluiría hacia nuevas actividades más rentables.

Por la parte política, los ciudadanos de ambos países lograrían obtener algunas de las libertades que sus gobiernos les han negado durante medio siglo: viajar, comerciar, relacionarse entre ellos. Los únicos que perderían serían los gobiernos, en forma de oportunidades para controlar y corromper a las gentes, algo a lo que nunca tuvieron derecho en primer lugar.

Los beneficiados del embargo son los políticos de ambos gobiernos y sus patrocinadores en búsqueda de rentas seguras. El resto de nosotros se lleva un directo en pleno hocico. Para entender cualquier política llevada a cabo por el Estado, pregúntese lo que los antiguos romanos cuando investigaban pequeños crímenes: “cui bono?” (“¿quién se beneficia?”). Las acciones de la clase dirigente redundan muy rara vez en beneficio de los dirigidos.

Artículo original publicado por Thomas L. Knapp el 2 de noviembre de 2009

Traducido del inglés por Joaquín Padilla Rivero.