Rara es la ocasión en que unas elecciones importantes no se ven salpicadas por acusaciones de fraude, y las elecciones presidenciales en Afganistán no han sido una excepción.
Lamentablemente, estas reclamaciones se suelen centrar en el caso particular que se esté considerando, y no tienen en cuenta la idea general: que la mayoría de las elecciones, sean donde sean, en sitios con impuestos elevados en cualquier caso, son fraudulentas, si no intencionadamente sí por defecto.
Las elecciones las gana casi siempre el político que logre recitar con mayor poder de convicción sus promesas electorales, mientras jura a sus donantes más importantes que sus inversiones en él se traducirán en grandes beneficios a través de enormes contratos gubernamentales, tratando también de hacer que los aspectos mecánicos de la votación le favorezcan, limpiamente o mediante trampas.
Sin embargo, el fraude va más allá, incardinado como está en los cimientos de la política democrática. La idea de que un individuo, elegido por mayoría, puede representar los intereses de una comunidad cuyo único nexo de unión es geográfico es sencillamente absurda.
Tomemos, por ejemplo, un distrito cualquiera de los “representados” por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. He escogido, sin razón particular alguna, el Estado de California. He anotado los números de los distritos de este Estado, los he metido en una caja y he sacado el número 9. El distrito IX es bastante atípico, ya que los candidatos del partido Demócrata tienen un feudo allí -su apoyo oscila entre el 60 y el 80 por ciento de los votos- pero eso no es un problema, de hecho permite ilustrar mi idea mejor que un distrito más disputado. El distrito IX está “representado” por la congresista Barbara Lee.
He puesto “representado” entre comillas porque ese aserto es dudoso, incluso para los estándares de “mayorías democráticas”. La población del distrito, según el censo de 2000, es de 639.088 habitantes, y Lee ha llegado a obtener como máximo 238.915 votos, el 86,1% de los votos escrutados en la elección, pero sólo emitidos por el 37,3% de la población afectada. Así a botepronto, el 62,7% de los residentes votó a otro candidato, o bien no quiso, no pudo o no estaba autorizado a votar. ¿Qué justifica que esa gente llame a la señora Lee su representante?
De aquellos que sí la votaron, no está claro que todos estén de acuerdo con que ella les “represente” en cualquier sentido de la palabra”. Sólo tres partidos (Demócratas, Republicanos y Libertarios) pudieron presentar candidatos a esas elecciones en 2008. Unos pocos votantes escribirían el nombre de un candidato de Los Verdes o de otro candidato republicano, pero ¿cuántos de esos votantes esperaban poder hacer eso y que sus votos fueran contados decentemente? ¿Cuántos votantes escogieron a Lee como la “menos mala” de las opciones disponibles? Tengo para mí que si presentáramos a cada uno de sus votantes los votos que ha emitido en el Congreso y sus acciones relevantes como representante en la Cámara, menos de uno de cada diez respondería que en efecto, la señora Lee ha actuado como ellos hubieran hecho en todos y cada uno de los casos.
No estoy interesado en atacar a la congresista Lee en particular. Como pueden ver, no he aplaudido ni criticado ninguna de sus acciones. De hecho, en el caso que nos ocupa, la pregunta sobre si ella es una representante de la población de su distrito, probablemente ella esté en una posición mejor que la mayoría de congresistas… ella está en un best-case scenario.
El problema de investir el uso monopólico de la fuerza en una institución centralizada como el Estado es que, incluso aunque se base en procedimientos de democracia “representativa”, implica necesariamente que un pequeño grupo de personas, que representan a su vez a una pequeña fracción de sus supuestos representados, gobiernan los destinos del 100% de la población sujeta a esos poderes, teóricamente delegados.
Sin duda, el sistema puede ser mejorado. La “representación” podría no estar basada en criterios geográficos y basada en adhesiones libres por parte de sus representados, con un sistema incorporado de inmediata retirada del apoyo en caso que se juzgara conveniente. La tecnología para ese tipo de cosas ya existe. Además, los cuerpos de representantes podrían estar obligados a funcionar por unanimidad en vez de por mayoría y legislar sobre un pequeño rango de políticas destinadas a defender, no a agredir, los derechos de las personas… Sin embargo, eso no sería un gobierno como lo conocemos hoy, ¿no?
Artículo original publicado por Thomas L. Knapp el 24 de agosto 2009.
Traducido del inglés por Joaquín Padilla Rivero.