Nathan Goodman. Artículo original: Constraining the Night-Watchman State, del 27 de noviembre de 2020. Traducido al español por Luis Vera.
Muchos libertarios favorecen restringir al Estado a unas competencias limitadas, usualmente el mantenimiento de la policía, las cortes, las prisiones y los servicios de seguridad diseñados para proteger los derechos individuales. Este “Estado protector” o “Estado vigilante nocturno” es visto como el ideal minarquista. Sin embargo, creo que los a algunos libertarios se les olvida que incluso un Estado que se dedique solo a estas funciones de protección corre el riesgo de violar los derechos individuales. El economista James M. Buchanan, padre de la Escuela de Elección Pública, escribe “Si la política pudiese ser restringida al ejercicio de estas funciones mínimas o protectoras del Estado (el Estado vigilante nocturno), es innecesario preocuparse sobre la intrusión política coercitiva en la libertad de los ciudadanos”. No obstante, el Innocence Project ha documentado muchos casos de personas inocentes (la especialidad del Proyecto es exonerar a los prisioneros a través de pruebas de ADN) que han sido condenadas por homicidio y sentenciadas a muerte. Un gobierno que solo se preocupe por castigar a quienes violan los derechos de otros aún podría cometer errores atroces y entonces matar, apresar o sancionar a personas inocentes. La policía también puede violentar los derechos de personas inocentes al perseguir a criminales violentos. Tal es el caso de Aiyana Jones, una niña se siete años que fue asesinada por la policía durante un operativo SWAT que buscaba capturar a un sospechoso de homicidio.
Incluso en los casos donde la violencia estatal está dirigida contra criminales violentos en vez de personas inocentes, aún puede violar los derechos individuales.
Por ejemplo, cuando a un criminal violente se le somete a tortura o es abusado sexualmente en prisión, esta violación de derechos debería de asquearnos, sin importar que crimen haya cometido. Sin embargo, incluso sin estos abusos obvios, los castigos bien pueden violar el principio de proporcionalidad. La proporcionalidad es la idea que una respuesta coercitiva debe ser apropiada al crimen particular al que responde, y que incluso cuando la fuerza está justificada, demasiada fuerza es desproporcionada al crimen. Por ejemplo, incluso cuando la mayoría del libertarios estarían de acuerdo en que el robo es una ofensa a la que el sistema legal debe responder, la mayoría consideraría desproporcional la cadena perpetua por robo, incluso si apoyan la cadena perpetua para otros crímenes, como el homicidio.
Todo esto significa que deberíamos preocuparnos por limitar al “Estado protector” tanto como estamos limitado al “Estado productivo” y el “Estado de transferencia”, usando la terminología de Buchanan. Deberíamos notar que no hay una línea clara que divida al Estado protector del Estado productivo o del Estado de transferencia. El Estado vigilante nocturno emplea a policías, jueces, fiscales, guardias de prisión y otros, y por tanto transfiere dinero y recursos a estos empleados. Del mismo modo, las multas, las restituciones y la confiscación de bienes son formas de transferencia de propiedad de una persona a otra. El Estado protector actúa transfiriendo recursos y produciendo servicios particulares. Por lo tanto, está sujeto a muchos de los mismos problemas económicos que los roles productivos y de transferencia del Estado.
Entonces ¿Cómo limitamos al Estado protector? Algunas limitaciones, como el debido proceso, la presunción de la inocencia y el juicio con (O POR) jurado son partes constituidas de la tradición liberal clásica. Pero no deberíamos detenernos ahí. Buchanan abogaba a favor de un “federalismo competitivo” como forma de limitar al Estado productor y de transferencia. El federalismo competitivo significa gobierno descentralizado, donde pequeñas jurisdicciones tienen sus propias políticas, y los ciudadanos pueden fácilmente salir de las jurisdicciones que adopten políticas que les desagraden. Esta facilidad de salida produce competencia entre los gobiernos locales y estadales en una forma similar a la competencia del mercado.
Más allá de este punto teórico, hay evidencia empírica que apoya la idea de que la descentralización produce limites útiles al sistema de justicia criminal. La economista Elinor Ostrom, ganadora del Premio Nobel, estudió muchas formas de instituciones de gobernanza policéntrica, y sus investigaciones sobre la policía arrojaron que la descentralización tiende a generar mejores resultados que departamentos de policías más grandes y centralizados. Jesse Walker, de Reason Magazine, nos provee de un buen resumen de las investigaciones de Ostrom sobre el tema.
La centralización ha sido un factor principal para la militarización, la violencia y la encarcelación masiva que caracterizan al actual sistema de justicia criminal estadounidense. Los ((GRANTS)) federales a departamentos de policía les ha permitido acumular armamento de estilo militar. Además, el financiamiento a nivel federal de los departamentos de policía ha eliminado los beneficios de la competencia entre jurisdicciones. Si una mala provisión de servicios policiales lleva a que los residentes salgan de la ciudad, esto es, normalmente, negativo para los ingresos del gobierno local, y por tanto para el presupuesto del departamento de policía. Sin embargo, cuando los departamentos de policía son financiados a nivel federal, el que los ciudadanos salgan de una jurisdicción ya no tiene un impacto adverso en los presupuestos policiales. La centralización lleva a políticas de sentencia más punitivas, ya que los legisladores federales tienden a encontrar más beneficioso, políticamente, el aprobar nuevas leyes criminales. El frenesí federal de aprobar nueva legislación criminal ha llevado a una crisis de sobrecriminalización.
Mientras que el poder que el poder centralizado nos ha dado un sistema de justicia criminal, el descentralizar la justicia criminal es una forma de evitar que el Estado abuse de sus funciones de vigilante nocturno. El trabajar de forma constante para mantener los límites clásicos como el debido proceso, la presunción de la inocencia y el juicio con jurado, es otra. Otro medio útil sería trabajar para que los actores estatales puedan ser, en mayor grado, hechos responsables por sus acciones. Por ejemplo, podríamos hacer que la policía se responsabilice directamente de pagar daños en casos de brutalidad policial, en vez de que sean los contribuyentes que paguen la cuenta. Podríamos también eliminar la actual práctica de la inmunidad del acusador, según la cual el abogado acusador no puede ser responsabilizado por algún abuso o conducta inapropiada.
Además de aplicar estas restricciones, deberíamos considerar algo más radical: Abolir el Estado vigilante nocturno. Como argumenta David Friedman, es posible que las instituciones privadas, en vez del Estado, provean leyes y seguridad. No solo es posible, sino que mi colega de SFL Jason Bryas argumenta que abolir el sistema de justicia criminal del Estado es un imperativo moral, siguiendo la ética libertaria. Abolir el monopolio estatal de la ley sería benéfico por las mismas razones que lo sería el federalismo competitivo: permitiría la facilidad de salida y por lo tanto la competencia para mejorar la calidad de los servicios de ley y seguridad. Bajo el federalismo competitivo, salir de una jurisdicción sigue siendo una movida algo costosa. Dentro de un orden legal anarquista de mercado, sin embargo, los que proveen servicios de seguridad, defensa y arbitraje operan dentro de un mercado competitivo, con todos los incentivos benéficos que eso implica.
Bien seas minarquista o anarquista, la cuestión de como limitar a las instituciones que proveen ley, seguridad y gobernanza es de vital importancia. Piensa cuidadosamente sobre que instituciones e incentivos operan en la provisión de ley y seguridad, o corres el riesgo de abrirle la puerta a la tiranía, a la violencia y a la injusticia.
