La guerra contra las drogas ha traído siempre a mi memoria la leyenda de Heracles y la hidra de Lerna. La historia es de todos bien conocida: Heracles y su sobrino Yolao, por encomienda de Euristeo, encaran a la bestia de Lerna, conocida por poseer nueve cabezas. Cada vez que el héroe corta una de las cabezas, dos nuevas surgen del muñón, haciendo que sea prácticamente imposible derrotar a la criatura. Finalmente, Yolao interviene cauterizando los muñones cada vez que su tío corta una de las cabezas, procedimiento que siguen hasta derrotar a la Hidra. La historia de la guerra contra las drogas parece seguir un derrotero similar, donde cada arresto o asesinato de las cabezas del hampa especializados en la producción y distribución de drogas ha conducido inexorablemente a la aparición de nuevos líderes, nuevos capos, nuevas mafias, nuevos narcos, siempre prestos para tomar la antorcha de quienes los precedieron.

El caso de Colombia es sumamente interesante al respecto. Para muchos, la entrada en escena de Colombia como país productor de marihuana y cocaína se debió al auge en la demanda por parte de los consumidores en Estados Unidos. Esta opinión ha sido confrontada por personas como el economista e historiador Eduardo Sáenz Rovner, autoridad en lo relacionado con la historia del narcotráfico en Colombia, quien afirmó en una ocasión que «mucho antes del boom de la marihuana y la cocaína por la demanda norteamericana, los narcotraficantes colombianos eran muy activos en el negocio. Colombia no se metió en el negocio de las drogas ilegales como un actor pasivo víctima de los vicios del Imperio» [1]. Rovner afirma que la producción de drogas contaba ya con varias décadas antes de que se formaran las redes de narcotráfico hacia EE.UU. Esto reviste importancia por dos razones: uno, disipa el mito, más bien egocentrista, de que el problema de la droga nace y muere con Estados Unidos, y de que todo lo que existe antes o es ajeno al país del norte es irrelevante o baladí. Dos, e íntimamente relacionado con la primera razón, supone que las drogas han estado presentes desde hace mucho tiempo, mucho más de lo que la mayoría suele aceptar, acabando con el imaginario de que la problemática de la droga surgió de la nada en la segunda mitad del siglo pasado. Como problema criminal o de salud pública, las drogas son algo relativamente moderno, pero en realidad hacen parte del abolengo cultural de la raza humana desde sus albores.

Rovner afirma que la producción a nivel criminal de marihuana data de los años 20, mas es evidente que el consumo de esta sustancia se daba ya antes en numerosos lugares en el mundo entero. En todo caso, el cultivo y consumo de marihuana ya ocurría en Colombia durante la primera mitad del siglo XX. Sería la Bonanza marimbera la que aumentaría la escala de la producción y del tráfico, demostrando el potencial lucrativo del comercio de drogas [2]. Una de las razones para que se diera la Bonanza tuvo que ver con la disminución en la producción de marihuana en México y Afganistán (la bonanza coincide con la represión, respaldada por EE.UU, a la producción de cannabis afgano), lo cual abrió las puertas a nuevas mafias dispuestas a tomar el lugar de estos traficantes. La bonanza marimbera tuvo una duración cercana a los diez años, entre la mitad de las décadas de los 70 y 80. Su final tuvo que ver, entre otras razones, con el auge del cultivo de cocaína y con la superioridad logística de quienes traficaban con esta droga. Esto no significa que la producción haya desaparecido del todo; muchos grupos ilegales continuaron y continúan cultivando cannabis en el país, si bien el grueso de la producción siempre ha pertenecido a otros países como Afganistán, Marruecos, India y México. En Sudamérica, la producción ha quedado en manos de Paraguay, responsable de distribuir la droga a Brasil y desde allí al resto del mundo [3].

En lo tocante a la cocaína, la droga ya se traficaba y se consumía en Bogotá hacia los años 60, pero el gran auge que se vería durante la década siguiente no se consumaría hasta que la represión de la derecha y la izquierda en otras partes del continente condujera a la aparición de nuevas rutas de producción y comercio. Previo al ascenso de los grandes carteles colombianos, el negocio de la cocaína en América estaba en manos de países como Cuba y Chile (y antes de ello en Perú) [4], mas, al llegar al poder los aciagos gobiernos de Fidel Castro y Augusto Pinochet, ambos férreos enemigos del tráfico de esta droga, el comercio de cocaína sufrió un duro golpe y tuvo que buscar su nicho en las mulas colombianas que habían trabajado con los chilenos y en los pequeños narcotraficantes que habían estado ganando poder en el territorio colombiano. Es aquí donde el complejísimo entramado de actores en la historia del narcotráfico colombiano empieza a tejerse.

La década de los 70 vio surgir los carteles de Medellín y Cali, encabezados, respectivamente, por Pablo Escobar y sus asociados y por los hermanos Rodríguez Orejuela. Más tarde aparecerían los carteles de la Costa y del norte del Valle, que aprovecharon los vacíos dejados por Escobar tras su muerte y por el cartel de Cali. Empezaron también a ganar relevancia organizaciones como las FARC, la cual, en un inicio, había tenido una relación relativamente distante con el tráfico de drogas. Asimismo, grupos paramilitares de ultraderecha vieron en el tráfico de droga una oportunidad para financiarse. Durante varios años, la mayoría del tráfico de cocaína estuvo en manos del cartel de Medellín, que, en su mejor momento, enviaba al menos el 80 % de la cocaína que alcanzaba las costas de Estados Unidos y hasta el 90 % de la droga que llegaba a lugares como Reino unido y otros países europeos.

Este no es el espacio para discutir la violencia relacionada con la guerra de carteles, guerrillas, paramilitares y Estado. Baste con saber que, luego de años de conflicto y colaboración entre diversos actores internacionales y nacionales, Escobar murió en 1993 y el cartel de Medellín se disolvió, habiendo sido asesinados o arrestados la mayoría de sus líderes. Empero, este durísimo golpe al narcotráfico, sin importar cuán celebrado fue por el gobierno nacional y por observadores extranjeros, no puso fin al comercio ilegal de cocaína en Colombia, pues, siempre prestos para tomar la malhadada antorcha de su predecesor, nuevos y viejos grupos aparecieron en escena. El cartel de Cali adquirió nuevas fuerzas, mientras que las FARC comenzaron a acrecentar su presencia en el escenario nacional. Diversos grupos paramilitares se apropiaron de las zonas previamente controladas por el cartel de Medellín, mientras que los despojos de este terminaron por convertirse en pequeñas bandas criminales que se disputaban los territorios del área metropolitana de Medellín y sus alrededores, pactando finalmente un cese a las hostilidades y formando una nueva banda criminal denominada La Oficina de Envigado. El incipiente cartel del norte del Valle también recibió un hálito de vida durante esta época, así como el cartel de la costa, ambos fortalecidos gracias a la ulterior desaparición del cartel de Cali.

Nos adentramos así a la década del 2000, previa a la cual tuvo lugar el ocaso de los grandes carteles y el ascenso de los grandes grupos paramilitares y las guerrillas como dueños del negocio del narcotráfico a nivel nacional e internacional – aunque otros países como México contaban ya con sus propios carteles (Sinaloa, Juárez, los Zetas) –, junto con otras bandas y organizaciones criminales relativamente pequeñas. El rayo de ingenua esperanza que fue la desmovilización paramilitar para quienes creían que con ello se asestaría un golpe mortal al comercio de drogas ilícitas demostró una vez más cuán rápido y cuán ineludiblemente resurgen las cabezas de la hidra. Luego de esta controversial desmovilización, el vacío criminal que dejaron las Autodefensas Unidas de Colombia fue llenado por aquellos miembros de esta organización que decidieron no desmovilizarse, por organizaciones preexistentes y por bloques paramilitares que no se apegaron al proceso de negociación en primer lugar. De aquí surgieron las llamadas BACRIM o bandas criminales, dedicadas al cultivo y tráfico de drogas como la cocaína, así como a otras actividades criminales heredadas de la tradición paramilitar colombiana, como el asesinato de líderes sociales, sindicalistas, estudiantes, campesinos, la tortura, la extorsión, etc. Entre estas bandas criminales cabe mencionar a Las águilas negras, Los paisas y Las Autodefensas gaitanistas de Colombia. Esta última pasó a ser eventualmente parte de la BACRIM más grande y aún vigente en Colombia: El Clan del Golfo. Paralela a estas organizaciones se encuentran bandas como la ya mencionada Oficina de Envigado, nacida de los restos del cartel de Medellín y aliada del cartel de los Zetas en México. Otros grupos dignos de mencionar son los ya desaparecidos Rastrojos y el Ejército de liberación popular, una guerrilla de corte marxista que, después de su desmovilización, continuó con actividades guerrilleras y conectadas con el narcotráfico, siempre en el borde de la colaboración con derechas paramilitares y la restructuración como otras BACRIM.

A esta historia reciente de narcos de derecha se suma la de los narcos de izquierda. Las grandes guerrillas colombianas han recurrido a toca clase de ardides para patrocinar sus actividades delictivas. En el caso de las FARC, esta guerrilla empleó el secuestro, el narcotráfico y otras tácticas ilegales (v.g., minería ilegal) como principales instrumentos para financiar su lucha armada. Dentro de la narrativa oficial del exgrupo armado, su relación con el narcotráfico se limitó a imponer gravámenes a los cultivos de coca, aunque es bien sabido que decenas de sus líderes tienen notificaciones rojas de la Interpol y han sido requeridos en extradición por parte de EE.UU por actividades relacionadas con el tráfico de drogas. Estos gravámenes, o como suele llamársele, «gramajes», evolucionaron al control total de ciertas zonas de producción de pasta de coca, tras lo cual la guerrilla empezó a participar en el proceso de cristalización de la pasta, y, finalmente, llegaron a generar redes para sacar la droga del país. Se calcula que las FARC llegaron a controlar el 60 % de las zonas de cultivo de cocaína en Colombia [5]. Gracias a estas actividades, la guerrilla logró aumentar en tamaño e influencia a lo largo y ancho del territorio nacional, en especial tras el fin de los grandes carteles, lo cual dejó el negocio del narcotráfico en sus manos y en la de milicias paramilitares, así como otros grupos delincuenciales. Luego de 8 años de la administración de Álvaro Uribe durante los cuales la guerrilla se vio disminuida, aunque no derrotada, el gobierno de Juan Manuel Santos estableció la mesa de diálogos de La Habana. Para muchos esta negociación era una estrategia para asestar un duro golpe al negocio del narcotráfico por una vía pacífica. Y aunque las conversaciones culminaron exitosamente y el acuerdo final se encuentra en proceso de implementación, el narcotráfico permanece vivito y coleando en el territorio nacional, en manos de diversos actores que oscilan continuamente entre la colaboración y la confrontación como el ELN, aquellos frentes de las FARC que decidieron no renunciar a las armas, así como el resto de BACRIM y grupos delincuenciales que se han venido tratando e incluso actores nuevos en la escena nacional ^{[6] [7] [8]}.

Este brevísimo sumario de la historia del narcotráfico en Colombia, desde sus antecedentes en otros países hasta el día de hoy, no tiene por objetivo llenar al lector de nombres de organizaciones criminales, capos e imperios de la droga; mejores y más completos recuentos se pueden hallar en otros sitios. Se trata más bien de dar una rápida mirada a la manera en que la narrativa del combate armado y militar contra la producción y distribución de drogas como la marihuana y cocaína ha conducido a décadas de una lucha en última instancia inútil. Desde Perú, Cuba y Chile, pasando por los carteles colombianos, las guerrillas y las organizaciones paramilitares, hasta las bandas criminales y las disidencias de grupos insurgentes, y extendiéndose a otros países como México, Bolivia y Perú en la actualidad, el negocio de la cocaína y de la droga en general ha encontrado siempre una vía para subsistir. La hidra de Lerna que es el tráfico de drogas ilícitas no puede ser derrotada militarmente. Cada cabeza cortada se nos anuncia como un duro golpe asestado a la industria criminal del comercio de drogas, y, sin embargo, desde los traficantes en Perú en los años 40 hasta los carteles mexicanos y las BACRIM y disidensias de las FARC en la actualidad, los casi 80 años de historia aquí tratados – confinados a unos cuantos párrafos y por ende insuficientes para entender a profundidad ciertos matices de este conflicto – no han traído consigo la muerte de la bestia; se trata de una lucha condenada a asestar golpes pero nunca una estocada final. Una cabeza cae y dos más toman su lugar. Ni la represión autoritaria ni los esfuerzos de las democracias liberales han podido erradicar del todo el problema de la droga.

Hay un punto en donde estirar las metáforas despoja de su elegancia a la idea original, pero me permitiré hacerlo aquí. En la historia de Heracles, su sobrino resolvió la cuestión de la hidra cauterizando los muñones dejados por las cabezas cortadas. Esto, en términos de la guerra contra las drogas, equivaldría a encontrar la manera de aniquilar la demanda de drogas ilícitas de modo que, sin demanda, cualquier oferta se torne inútil. Las democracias no pueden lograr este cometido sin intervenir en la vida privada de sus ciudadanos hasta el punto en que dejen de ser democracias. Al respecto, es de nuevo un comentario de Eduardo Sáenz Rovner el que ayuda a ilustrar este punto: «en la tal “guerra contra las drogas” los gobiernos que mejor la aplican son los dictatoriales, sean de izquierda o de derecha. En las sociedades liberales […] es casi imposible, por no decir imposible, erradicar el narcotráfico.» [9] Es posible que Rovner se limitara a señalar la manera en que las dictaduras logran atropellar los derechos humanos a la hora de apresar o asesinar a los encargados de la producción y distribución de drogas ilícitas, pero me atrevo a sugerir que su comentario aplica también para el consumo y el consumidor. Los embates más brutales contra el consumo tienden a darse en sociedades que viven en estado de excepción, militarización de la policía, centralización absoluta del poder político, cooptación de las instituciones del estado por fuerzas políticas conservadoras (de derecha e izquierda) y violación de la privacidad. Ello supondría cauterizar todas las cabezas militarizando prácticamente todas las sociedades actuales o imponiendo penas sumamente draconianas a los consumidores. Muchas personas reciben con brazos abiertos estas medidas, lo cual ayuda a entender el advenimiento de nuevos gobiernos autoritarios como el de Rodrigo Duterte. Lo más inquietante es que quienes simpatizan con las prácticas a que ha conducido la política de Duterte (entre las que se incluye la proliferación de escuadrones de la muerte, ejecuciones extrajudiciales, irregularidades en los procesos judiciales y policíacos) parecen estar dispuestos a justificar la sevicia inherente a semejante enfoque en la lucha contra las drogas [10].

Es difícil comprender la totalidad de la problemática de las drogas sin analizarla también desde una postura económica y humanitaria. Por ende, este artículo pretende sencillamente defender la noción de que la historia de la guerra contra las drogas es en sí misma evidencia de su propia futilidad. Se trata de la historia espejada de otras iniciativas de prohibicionismo irracional como La ley seca [11], el periodo histórico durante el cual se criminalizó la producción, distribución y, en ocasiones, el porte de licores en Estados Unidos, lo cual condujo al surgimiento de mafias, gánsteres, violencia armada, corrupción, contrabando, aumento en la criminalidad y, más importante, la continuación de la producción, distribución y porte de licores en Estados Unidos. Esta historia del tráfico de marihuana y cocaína es apenas un microcosmos de la problemática táctica de militarizar los esfuerzos por detener el comercio de drogas en el mundo. En el caso colombiano, en el mejor de los escenarios, si el gobierno de turno lograra erradicar el narcotráfico en el país, lo más probable es que la producción se incrementaría en países como México donde el comercio de cocaína ya está asentado, o tal vez el vacío dejado por el hampa colombiano desplazaría la producción a nuevas tierras y llevaría el flagelo de sus consecuencias a otros pueblos.

Se podría hablar asimismo de la cosecha de amapolas para producir heroína en Afganistán y en el triángulo dorado (y de cómo la represión a su cultivo en esas zonas podría incluso reactivar el cultivo modesto de amapola en Colombia). Se podría discutir la historia de la cocaína en México y ver cómo los violentos carteles que allí operan se han relevado continuamente cada vez que uno de ellos o sus cabecillas cae. Se podría discurrir acerca del hachís marroquí y cómo su producción se ha desplazado a Afganistán debido a la represión del comercio en el mediterráneo ibérico y al aumento en el cultivo personal. En fin, la hidra está más viva que nunca y la lucha en su contra tiene ya a muchos gobiernos en un estado cansino de trágicas iteraciones militares que no conducen a ningún lado. Los muertos de la guerra contra las drogas se apilan y el derroche de dinero que la acompaña continúa siendo empleado para insuflar vida a operaciones castrenses de poca utilidad a largo plazo. Entre tanto, el negocio de la producción y distribución de drogas queda en manos de hombres y mujeres inescrupulosos, dispuestos a asesinar, secuestrar, torturar, extorsionar, sobornar y manipular a quien sea necesario para hacer avanzar su agenda. Aquellos pocos que participan en este proceso de producción de manera aislada e individual, sin ánimo de lucro, con el único objetivo de satisfacer la demanda personal, se ven obligados a vivir con miedo a los agentes del Estado y vilipendiados constantemente en los medios por incurrir en lo que en el caso de ellos es francamente un «crimen» sin víctimas. La solución al problema de la droga pasa por mucho más que la mera legalización, pero esta es un paso esencial a la hora de encarar esta problemática a largo plazo. Domesticar a la hidra, no con un optimismo ingenuo sino con un sentido maduro del realismo que reconozca la inutilidad histórica del prohibicionismo y la represión. Así como con el licor, el tabaco, la prostitución y el juego, la despenalización y legalización de la droga no resuelve mágicamente todos los problemas asociados a esta, pero permite abordarlos en el marco de la legalidad, donde la discusión pasa del plano de los ejércitos, las mafias, las redadas, las incautaciones y el encarcelamiento al plano del Estado, el mercado, las regulaciones o la ausencia de estas, la ética de la publicidad, la democracia y la sociedad civil.

 Referencias