De Eric Fleischmann. Artículo original: An Anarchist Take on Antitrust Laws: Dangers and Possibilities, publicado el 5 de agosto de 2021. Traducido al español por Camila Figueroa.

Los monopolios son casi universalmente malos. Esta es una posición no controvertida entre los anarquistas, que se definen principalmente en oposición al Estado, que Max Weber, en “La política como vocación”, define como el monopolio de la fuerza y la aprobación del uso de la fuerza en un área geográfica. Benjamin Tucker, el gran anarquista individualista de Estados Unidos, define cuatro grandes monopolios como los grandes obstáculos en la lucha por una sociedad libre: el monopolio de la tierra, el monopolio del dinero, el monopolio de las patentes y el monopolio proteccionista. Y el pensador anarquista contemporáneo Charles Johnson ha ampliado estos conceptos para incluir el monopolio de la agroindustria, el monopolio de las infraestructuras, el monopolio de los servicios públicos, el proteccionismo regulatorio y el monopolio de la sanidad. Y muchos no anarquistas han estado y están profundamente preocupados por los peligros de los monopolios. El “padre de la economía”, Adam Smith, en su famoso tratado La riqueza de las naciones, advierte que “los monopolistas, al mantener el mercado constantemente desabastecido, al no abastecer nunca completamente la demanda efectiva, venden sus productos muy por encima del precio natural, y elevan sus emolumentos, ya sea en forma de salarios o de beneficios, muy por encima de su tasa natural” y…

el monopolio ha incrementado tanto el número de algunas tribus particulares de [fabricantes] que, como un ejército permanente sobredimensionado, se han vuelto formidables para el gobierno, y en muchas ocasiones intimidan a la legislatura. El miembro del parlamento que apoya toda propuesta para fortalecer este monopolio, está seguro de adquirir no sólo la reputación de entender el comercio, sino una gran popularidad e influencia con un orden de hombres cuyo número y riqueza los hace de gran importancia. Si se opone, por el contrario, y más aún si tiene autoridad suficiente para poder desbaratarlas, ni la más reconocida probidad, ni el más alto rango, ni los mayores servicios públicos pueden protegerlo de los más infames abusos y detracciones, de los insultos personales, ni a veces del peligro real, derivado del insolente atropello de los monopolistas furiosos y decepcionados [1].

Estas reflexiones sirven de punto de partida para la comprensión de los monopolios en economía y economía política hasta el día de hoy, y demuestran los peligrosos impactos que tienen los monopolistas a nivel mundial. Consideremos el poder que las grandes empresas tecnológicas como Apple, Google y Microsoft están acumulando sobre la economía y el gobierno de Estados Unidos en la actualidad. Hay mucho, mucho, MUCHO más que decir sobre la naturaleza y los efectos de los monopolios desde numerosas perspectivas (algunas de las cuales aparecerán más adelante en este artículo), pero este breve resumen servirá como punto de partida para discutir las leyes antimonopolio -particularmente en los Estados Unidos- desde una perspectiva anarquista.

Históricamente, una herramienta utilizada para combatir los monopolios es la ley antimonopolio. Como escribe Courtland Culver en su artículo crítico con las leyes antimonopolio, “el Congreso en 1890 [aprobó] la Ley Antimonopolio de Sherman, que efectivamente creó una nueva rama del derecho llamada ley antimonopolio. Una de las principales facetas de la ley antimonopolio es que el gobierno ordena la disolución de las grandes empresas para mejorar la competencia”. Y hay mucho que decir, como ya se ha dicho, sobre la necesidad de combatir los monopolios. Estas grandes corporaciones no sólo tienen el poder de subir los precios artificialmente y de presionar al gobierno (o, más exactamente, de colaborar con él), sino que, como escriben Barry Lynn y Kevin Carty, del Open Markets Institute, el “rápido aumento de la monopolización ha incrementado la desigualdad de todo tipo”. Y dan ejemplos del tipo de abusos que surgen de los monopolios, explicando cómo éstos…

también tienen más poder para explotar a sus trabajadores porque una economía monopolizada conlleva menos competencia por la mano de obra del trabajador. De hecho, un estudio de la Universidad de Chicago descubrió que los salarios individuales serían hoy 14.000 dólares más altos al año (sí, ¡14.000 dólares!) si la economía tuviera los mismos niveles de competencia que hace 30 años. No es casualidad que Walmart -el mayor empleador privado del país- pague a sus trabajadores menos de un salario digno y aplaste a sus sindicatos cuando intentan organizarse. En muchas comunidades, los trabajadores tienen pocos lugares que no sean Walmart para vender su mano de obra.

Y además, “el poder de los monopolios se ejerce muy a menudo contra los más desfavorecidos en una sociedad ya desigual. Los empacadores de carne y los operadores agrícolas monopólicos someten a sus trabajadores del matadero, que son predominantemente personas de color, y a sus trabajadores agrícolas, que son predominantemente inmigrantes, a condiciones laborales de explotación y les impiden formar sindicatos para lograr un mejor trato. El monopolio, al igual que la desigualdad que estimula, agrava las disparidades existentes”. Por lo tanto, hablan muy favorablemente de lo que consideran “las políticas antimonopolio que habían contribuido a sustentar la democracia y la prosperidad de base amplia establecidas durante la era del New Deal” [2].

Respaldando estos llamamientos a la ley antimonopolio, Ralph Nader explica cómo “existe ahora un acuerdo notablemente amplio entre los economistas y abogados especializados en estudios antimonopolio de que hay que tomar medidas legales para deshacer la concentración económica” y…

[Los dos últimos grupos de trabajo presidenciales, que representan escuelas de pensamiento liberales y conservadoras, analizaron el problema para los presidentes Johnson y Nixon. Ambos grupos de trabajo instaron repetidamente a endurecer la aplicación de la ley para detener el monopolio de muchas industrias por parte de unas pocas empresas. El Grupo de Trabajo de Johnson llegó a instar a que se promulgara una legislación que dividiera en empresas más competitivas cualquier industria en la que cuatro o menos empresas tuvieran el 70% o más de las ventas.

El problema del monopolio es por tanto obvio, sin embargo, hay varios problemas con los que los anarquistas -a pesar de su oposición casi universal al monopolio- deben lidiar. El más obvio es simplemente la cuestión de si es coherente que los anarquistas apoyen la intervención del Estado que podría, a largo plazo, conducir a una sociedad más libre y más justa. Este ha sido un debate de larga data dentro del anarquismo, y la discusión sobre si los anarquistas deben participar en la política del Estado por estas razones -a menudo llamado “posibilismo libertario”- se remonta a la fallida candidatura de Pierre-Joseph Proudhon a la Asamblea Constituyente francesa en 1848 y a su posterior éxito en las elecciones complementarias. Pero estas conversaciones continúan en la obra de anarquistas modernos como Noam Chomsky, que sostiene que…

[e]n el largo plazo, creo que el poder político centralizado debería ser eliminado y disuelto, y bajado en última instancia al nivel local, finalmente, con el federalismo y las asociaciones y demás. Por otro lado, ahora mismo, me gustaría reforzar el gobierno federal. La razón es que vivimos en este mundo, no en otro. Y en este mundo resulta que hay enormes concentraciones de poder privado que están tan cerca de la tiranía y tan cerca del totalitarismo como cualquier cosa que los humanos hayan ideado.

Personalmente, en general sigo la prescripción de Kevin Carson, de Studies in Mutualist Political Economy, no de “políticos anarquistas” que “se presenten a las elecciones y ejerzan el poder político, como los que sirven en la Generalitat de Cataluña”, sino que la “participación de los anarquistas en la política debe tomar la forma de grupos de presión y de lobby, para someter al Estado a la mayor presión posible desde el exterior”.

Sin embargo, dejando a un lado estos debates dentro del anarquismo sobre si el Estado debe ser utilizado para los esfuerzos antimonopolistas, surgen varias cuestiones fundamentales cuando se discute si el Estado incluso puede ser utilizado para combatir los monopolios. Como se ha mencionado antes, según la definición ampliamente aceptada de Weber, el propio Estado es un monopolio. Pero además, el Estado ha generado, a lo largo de la historia, otros monopolios (como han comentado tanto el mencionado Tucker como Johnson). Mike Holly esboza cómo ocho grandes sectores de Estados Unidos, que representan el 92% del PIB, están dominados por intereses político-corporativos. Lo demuestra en una extensa lista que vale la pena reproducir en su totalidad aquí:

• La banca (8%) está monopolizada a través del banco central de la Reserva Federal, que regula los bancos y favorece a los grandes sobre los pequeños, especialmente cuando controla los tipos de interés a través de la compra y venta de bonos desde y hacia los grandes bancos, respectivamente.

• La vivienda (15%) está monopolizada por el duopolio hipotecario Fannie/Freddie y la Administración Federal de la Vivienda, que financian y promueven las viviendas más grandes y la expansión urbana, mientras que los políticos locales favorecen a los promotores inmobiliarios.

• La atención sanitaria (18%) está monopolizada por las leyes estatales de licencia que restringen la oferta de médicos y otros profesionales de la salud (según Milton Friedman), las leyes de certificado de necesidad que limitan la oferta de hospitales, los monopolios de compradores corporativos promovidos por el gobierno y las leyes federales de patentes de medicamentos y otras leyes de propiedad intelectual.

• La agricultura (8%) está monopolizada a través de las subvenciones que favorecen a los cultivos tradicionales y a los monopolios que venden insumos y productos de esos cultivos, incluidas las semillas (por ejemplo, OGM), las granjas de monocultivo corporativo y los procesadores de comida basura. Las subvenciones desalientan el desarrollo de cultivos alternativos, explotaciones familiares diversificadas y alimentos más saludables. Las exportaciones de cultivos subvencionados que comercializan los conglomerados internacionales han hecho que la agricultura no sea competitiva en el mundo en desarrollo[.]

• La energía (12%) está monopolizada por el cártel petrolero de la OPEP, fomentado por el gobierno estadounidense, mientras que los mercados de electricidad y gas natural de Estados Unidos están controlados por monopolios territoriales de servicios públicos. Los monopolios de servicios públicos realizan licitaciones amañadas para el suministro de energía que favorecen a sus compinches[.] Estados Unidos también crea monopolios energéticos al elegir a los ganadores y perdedores entre los tipos de combustible. Las grandes empresas petroleras y de gas reciben exenciones preferenciales de las normas medioambientales para la fracturación hidráulica[.] El gas natural derivado de la fracturación hidráulica se ve favorecido frente al carbón, que de otro modo sería más barato, en los mercados de electricidad de carga base y para respaldar la energía eólica y solar favorecida. Las energías eólica y solar, así como el combustible etanol para vehículos fabricado a partir de maíz y celulosa, reciben mandatos y subvenciones a medida que bloquean el desarrollo de otras energías potencialmente más baratas, incluidas las renovables[.]

• El transporte (10%) está monopolizado a través de las regulaciones gubernamentales, incluidos los rescates, que favorecen a los tres grandes fabricantes de automóviles y el favoritismo de los aeropuertos para las cuatro principales compañías aéreas.

• La tecnología (8%) está monopolizada a través de las leyes de patentes y derechos de autor, mientras que las franquicias territoriales reguladas se conceden a los monopolios locales de telefonía, Internet y cable[.]

• El gobierno (13%) ha creado monopolios públicos a través de la financiación federal, estatal y local dominante, especialmente la educación.

Por lo tanto, hay claras paradojas en el hecho de llamar a un monopolio -el Estado-, que genera en sí mismo monopolios, para combatir los monopolios. Sin embargo, esto no hace que tal esfuerzo sea imposible, ya que el propio Estado está a menudo en contradicción consigo mismo. No sólo una democracia (si es que Estados Unidos puede calificarse como tal) conlleva varias ideologías y motivaciones conflictivas que existen en el marco del Estado, sino que la idea de Friedrich Hayek de que una autoridad centralizada no tiene la capacidad de captar toda la información formal e informal de una economía para coordinarla también puede aplicarse al propio Estado. Esto es lo que hace que conspiraciones como la de los Illuminati -un grupo secreto que aparentemente controla todos los asuntos mundiales- sean difíciles de creer a pesar de sus posibles granos de verdad (los funcionarios del gobierno, las corporaciones y los ultrarricos ciertamente conspiran hacia sus objetivos colectivos -como en el caso de la organización ALEC-) porque una entidad de tal tamaño no puede tener intereses comunes completos y flujos de información perfectos, por lo que varias instituciones estatales se encuentran en desacuerdo entre sí muy a menudo [3] [4]. Pero a pesar de la luz de esperanza en las contradicciones dentro del Estado, hay problemas con las propias leyes antimonopolio.

Históricamente y en la actualidad, las leyes antimonopolio no siempre se han utilizado para perjudicar las concentraciones de poder económico, de hecho a veces han hecho todo lo contrario. El historiador de la Nueva Izquierda Gabriel Kolko sostiene, en su libro The Triumph of Conservatism, que la Comisión Federal de Comercio -establecida en 1914 como el organismo cuyo principal objetivo era la aplicación de las leyes antimonopolio- no fue el producto de un esfuerzo gubernamental “progresista”, sino que en realidad fue una empresa dirigida por las empresas que ayudó a consolidar aún más la alianza entre las empresas y el gobierno. Además, para seguir mirando históricamente, Nick Manley explica que hasta 1914, con la Ley Antimonopolio Clayton, “los tribunales interpretaban el sindicalismo como una violación de la ley antimonopolio” (lo que no es ni siquiera mencionar la discusión de Manley sobre las otras restricciones legales en torno al sindicalismo después de 1914, en gran parte a través de la obra de Carson). Además, como cuenta Cory Doctorow, “hemos tenido cuarenta años de tolerancia antimonopolio que han creado esta gran tendencia hacia el monopolio; incluso en las cadenas de suministro en las que los actores importantes eran escépticos del monopolio, se vieron en cierto modo obligados a ello”. Muestra la situación de cómo las grandes empresas farmacéuticas poseen enormes carteras de medicamentos “protegidos” por la propiedad intelectual para los que pueden controlar casi por completo los precios. Los hospitales de una región que necesitan esos medicamentos no pueden unirse y exigir una bajada de precios debido a las leyes antimonopolio. Así que, en su lugar, los hospitales se fusionan con las compañías farmacéuticas y comienzan a subir los precios para las aseguradoras, que a su vez se fusionan. Pero…

Sólo hay un sector que no puede monopolizar y que tampoco puede formar un cártel, y es el laboral (o el laboral y el de los pacientes, en este caso). Así que vemos a los médicos y a las enfermeras enfrentándose a salarios en declive y a condiciones de trabajo cada vez peores, y vemos a los pacientes pagando más para recibir peor atención. Y eso es porque el desigual poder de negociación que surge de este monopolio fuerza el monopolio hasta que no se puede forzar ningún monopolio (y entonces quien no puede monopolizar se jode).

Por lo tanto, en este tipo de escenario, las leyes antimonopolio en realidad provocan una reacción en cadena de monopolización.

Para otro análisis moderno, se puede consultar el libro de Robert A. Levy “The Case Against Antitrust”, en el que expone siete razones por las que las leyes antimonopolio deberían eliminarse. Algunas de ellas me parecen poco convincentes, en particular su argumento de que “el antimonopolio degrada la idea de la propiedad privada”, algo que, como liberal de izquierdas opuesto a la forma de propiedad capitalista, no me preocupa demasiado. Hay preocupaciones que encuentro relevantes como anarquista de mercado, como que “los remedios antimonopolio son diseñados por abogados que normalmente no entienden cómo funcionan los mercados” y que “la ley antimonopolio se basa en una visión estática del mercado”, aunque la visión de Levy sobre el mercado presumiblemente gira en torno a elementos como las corporaciones jerárquicas y el crecimiento capitalista. Y hay algunos puntos que parecen especialmente relevantes para todos los anarquistas. Por ejemplo: “[l]a ley antimonopolio es utilizada con mayor frecuencia por los empresarios que buscan favores y sus aliados en la arena política” y “[l]a ley antimonopolio será utilizada inevitablemente por los políticos sin principios como un garrote político para forzar la conformidad de las empresas ‘no cooperativas’”. En cuanto a lo primero, muestra cómo “[e]n el caso del Departamento de Justicia de EE. UU. contra Microsoft… el enclave empresarial estadounidense de Silicon Valley utilizó su influencia política para hacer caer a su competidor del estado de Washington”.

Y se presenta otro peligro en el uso de la legislación antimonopolio por parte de los antiestatistas a través de las consideraciones de Patrick Newman sobre el concepto de “Personal es Política” a través del trabajo de Kolko, señalando que el nombramiento en los organismos reguladores es un factor increíblemente importante en sus acciones consecuentes, a menudo la cooperación con los intereses corporativos. Sostiene que…

[la captación de reguladores no sigue un camino predeterminado tras la promulgación de una ley reguladora, aunque la propia ley no cambie, porque un cambio en la perspectiva de una determinada administración presidencial o una nueva administración presidencial puede llevar a un cambio de personal y de la perspectiva de la comisión. La dirección de una agencia reguladora puede cambiar de amistosa a neutral u hostil, y viceversa, simplemente por el nombramiento de nuevos comisionados cuyas creencias difieren de las antiguas. Los grupos de intereses especiales deben incurrir continuamente en gastos para asegurarse de que se nombra a las personas adecuadas para una determinada agencia, especialmente cuando el mandato de un comisario es corto y no está sujeto a una renovación permanente, y estos grupos de intereses tienen ventajas comparativas en los partidos políticos y las administraciones presidenciales.

Por un lado, esto podría dar pie a pensar que tal vez, por ejemplo, un socialista democrático designado podría utilizar las leyes antimonopolio de una manera genuinamente anticorporativa y antimonopolista. Pero, por otro lado, teniendo en cuenta los poderosos intereses implicados, esto parece inverosímil; es mucho más probable que ocurra lo contrario, o que si el mencionado demsoc utiliza las leyes antimonopolio de forma efectiva, no hay garantía de que la misma ley sea utilizada más tarde para el efecto contrario por un designado diferente. Todos estos abusos y potenciales abusos del poder antimonopolio del gobierno a favor de los intereses corporativos y antilaborales deberían ser motivo de profunda preocupación para cualquier anarquista.

Llegados a este punto, también hay que mencionar que hay buenas razones para creer que en una futura sociedad libre el peligro actual del monopolio dejará de existir en gran medida. Como se ha demostrado anteriormente, la mayoría de los monopolios son generados por el Estado y, en consecuencia, la abolición del Estado eliminará la capacidad de crearlos. Como argumenta Carson

Uno de los principales efectos de la regulación gubernamental es el aumento de los niveles de capitalización, de los costes de entrada y de los gastos generales de forma que se proteja a los productores titulares y se les garanticen rentas de monopolio. Es mucho más barato excluir a la competencia de bajo coste si tienes un gran amigo que prohíbe las formas de producción de bajo coste. Una vez más, los monopolistas encuentran un amigo en el Estado regulador.

Y sin estas regulaciones que favorecen a las empresas y otras intervenciones del Estado, los monopolios serían incapaces de detener la capacidad de los retadores para “adaptarse y desarrollar soluciones” y, por lo tanto, no podrían persistir como monopolios. David S. D’Amato se hace eco de este sentimiento al argumentar que la institución de nuevas regulaciones no sólo corre el peligro de fracasar debido al problema de conocimiento hayekiano de la planificación económica, sino que la concesión de la interacción voluntaria y la competencia natural libre de coerción estatal es la forma ideal de combatir los monopolios. Estoy absolutamente de acuerdo con esta opinión, aunque Rai Ling argumenta de forma convincente que los micro monopolios, como los hogares abusivos, presentan situaciones en las que “reducir el coste de salida no es una solución universal”.

Pero a pesar de estas desventajas de la legislación antimonopolio, consideremos al menos la posibilidad de que centrarse sólo en la eliminación de los privilegios puede privar a los anarquistas de una herramienta potencial en la lucha contra el monopolio: las contradicciones hayekianas e ideológicas dentro del Estado -mencionadas anteriormente- que podrían permitir ataques secundarios por parte del Estado a sus privilegios principalmente asignados. Carson -en un intercambio de correos electrónicos del C4SS- ofrece esta visión:

Mi enfoque para casi cualquier cuestión de política estatal es tratar el poder corporativo/estatal como un único nexo y ver la propuesta en un contexto dialéctico con el objetivo de reducir la carga total de la coerción experimentada desde la perspectiva de la persona media. Si el antimonopolio consigue esto, es estupendo. Si la abolición de las leyes de propiedad intelectual lo consigue, es estupendo. El objetivo es reducir los niveles de coerción percibida por el sistema en su conjunto, incluidos sus componentes nominalmente “gubernamentales” y “privados”. Si eso se consigue imponiendo el Estado restricciones secundarias al abuso de los privilegios que ha conferido previamente a los monopolios estatales, que así sea, aunque mi primera preferencia es eliminar la concesión primaria de privilegios.

En esencia, aunque la eliminación de los medios por los que los monopolios mantienen su poder -ya sea a través de la propiedad intelectual o de todo el Estado en sí- seguramente debería ser el objetivo a largo plazo, es una cuestión de contexto si las leyes antimonopolio deben ser apoyadas por los anarquistas. Tal vez entonces, debemos mirar la historia, la economía y la situación particular de cualquier acción antimonopolio propuesta -en particular, las contradicciones hayekianas antes mencionadas (y los conflictos ideológicos) dentro del propio Estado- y basar nuestra consideración estratégica en eso.

Las acciones antimonopolio podrían ser realmente efectivas si se utilizan junto con reasignaciones más radicales de la propiedad, como la confiscación de las propiedades y/o la práctica de la ocupación y recuperación de fábricas. La primera fue bautizada por Murray Rothbard durante su época de aliado con la izquierda en referencia a la idea de que las organizaciones (en particular las entidades productivas) apoyadas en su mayor parte o por completo por el Estado deberían ser desmanteladas en gran medida y entregadas a los propios trabajadores. Como escribe sobre la descomunización de Yugoslavia en 1952 y en adelante

Las plantas nacionalizadas en el sector “público” han sido todas transferidas en propiedad virtual a los trabajadores específicos que trabajan en las plantas particulares, convirtiéndolas así en cooperativas de productores, y avanzando rápidamente en la dirección de acciones individuales de propiedad virtual al trabajador individual. ¿Qué otro camino practicable hacia la desestatización podría haber? El principio en los países comunistas debería ser: la tierra para los campesinos y las fábricas para los trabajadores, sacando así la propiedad de las manos del Estado y poniéndola en manos privadas y propietarias.

Esto último es un proceso común en algunas partes de América Latina. Por ejemplo, como cuenta el grupo comunista alemán Wildcat, en 2003…

[e]n Argentina hay más de 150 fábricas ocupadas, desde talleres, pasando por empresas de servicios, hasta fábricas y un hotel de cuatro estrellas. La mayoría de ellas eran empresas en quiebra o estaban a punto de quebrar cuando comenzaron las ocupaciones. En todas estas empresas se produjeron importantes cambios y evoluciones… [y así] las ‘cooperativas’ son el modelo actual en Argentina, con el que el Estado intenta contener el movimiento. Se supone que los ocupantes se dan un marco legal, que actúan según la lógica de la economía y que reconocen la propiedad privada. Porque al final se supone que comprarán la empresa al propietario una vez que hayan conseguido ponerla en marcha. Muchos ocupantes confían en esta forma de legalización, porque así al menos pueden evitar la presión del desalojo.

En esencia, la combinación de estos procesos supondría la disolución de las grandes industrias y la puesta en manos de los trabajadores de sus infraestructuras y activos, a veces de forma colectiva y a veces de forma individual. Esto podría incluso adoptar en última instancia la descripción de Carson, de Studies in Mutualist Political Economy, de un “proyecto conjunto libertario-verde de libre mercado de nacionalizar los hospitales [u otras entidades corporativas estatistas] y luego descentralizarlos para que sean propiedad mutualista de los pacientes [o de los trabajadores, o de ambos]”, y aunque la combinación de las leyes antimonopolio con la confiscación de viviendas pueda parecer algo improbable bajo la actual hegemonía del capitalismo de Estado estadounidense, los tres procesos se han formalizado bajo gobiernos con sistemas de mercado formales. Por lo tanto, creo que la respuesta a la pregunta, “¿deberían los anarquistas apoyar las leyes antimonopolio?” es: a veces, pero normalmente no (aunque ciertamente nos corresponde nuestra parte de schadenfreude viendo a Google y Facebook retorcerse ante dicha legislación), o mejor dicho, “dependiendo del contexto y de las otras políticas a las que podría estar unido”. En conclusión -aunque pueda parecer vago- hay peligro en los monopolios de todo tipo, desde las grandes corporaciones hasta el propio Estado, y nosotros, como anarquistas, debemos ser cautelosos y contextuales en nuestro enfoque de su abolición.

Notas

1. Aunque la economía neoclásica emplea la narrativa de que el británico Adam Smith fue el precursor del pensamiento económico, el hecho es que el erudito y político musulmán andaluz Ibn Jaldún esbozó y elaboró los fundamentos de la economía casi medio milenio antes que Smith. Este es un dato importante a tener en cuenta para el proyecto en curso de desafiar las narrativas históricas supremacistas blancas.

2. Dejaremos de lado las consideraciones críticas anarquistas del New Deal en este artículo, pero se pueden encontrar excelentes ideas en el artículo de Andrew Cornell “Anarchists and the Rise of the Welfare State” (extraído de su libro Unruly Equality: U.S. Anarchism in the Twentieth Century), Nathan Goodman’s “The New Deal’s Legacy of Corporate Welfare”, Carson’s “Labor Struggle: A Free Market Model” y “Chapter 6: The Rise of Monopoly Capitalism” (“Introduction” y “A. Liberal Corporatism, Regulatory Cartelization, and the Permanent Warfare State”) de su libro Studies in Mutualist Political Economy.

3. En referencia al pensamiento de la teoría de la conspiración, Carson escribe en Studies in Mutualist Political Economy que toma “como fuerza motriz principal de la historia, las cábalas personales unidas en torno a alguna ideología esotérica o gratuitamente malvada”. Ahora bien, la concentración del poder político y económico en el control de pequeñas élites entrelazadas, es ciertamente probable que dé lugar a lazos personales informales, y por lo tanto que tenga como efecto secundario conspiraciones esporádicas (la teoría del Día del Engaño de Stinnett sobre Pearl Harbor es un ejemplo destacado). Pero tal conspiración no es necesaria para el funcionamiento del sistema -simplemente ocurre como un fenómeno secundario, y ocasionalmente acelera o intensifica procesos que ocurren en su mayor parte automáticamente. Aunque el CFR es un excelente representante de la élite de la política exterior, y no cabe duda de que a través de él se crean algunas redes informales y se coordina la política, es esencialmente una organización secundaria, cuyos miembros son representantes de oficio de las principales instituciones que regulan la vida nacional. El fenómeno principal es la concentración institucional de poder que pone en contacto a estas personas, en primer lugar, en sus capacidades oficiales”.

4. Esto no debe confundirse con lo que Carson denomina, de nuevo en Studies in Mutualist Political Economy, “liberalismo de los grupos de interés”: El punto de vista de que “aunque el Estado es el medio político organizado, sirve a los intereses de explotación de cualquier conjunto de facciones políticas que se hagan con el control del mismo en un momento dado”. Esta imagen de cómo funciona el Estado no requiere ninguna relación orgánica entre los diversos grupos de interés que controlan el Estado en cualquier momento, o entre ellos y el Estado.” Aunque existen problemas de conocimiento en cualquier organización de gran tamaño, “el Estado no es una fuerza neutral e independiente que es colonizada fortuitamente por conjuntos aleatorios de intereses económicos. Es por naturaleza el instrumento de la clase dominante -o, como dicen los marxistas, su comité ejecutivo”.