Los apologistas habituales de la gran agroindustria como Ron Bailey, colaborador de la revista Reason, citan estudios por montones donde muestran que es improbable que el glifosato, el “principio activo” en el herbicida Roundup, cause cáncer en las concentraciones que aparecen en la producción de supermercados. Pero parece ser que la atención al glifosato podría haber sido en realidad una distracción. Hay evidencia (Nueva evidencia acerca de los peligros del Roundup de Monsanto, The Intercept, Mayo 17) de que el Roundup es efectivamente carcinogénico, especialmente en las concentraciones a las que los trabajadores agrícolas están expuestos; pero el principal culpable no es el glifosato, sino los “ingredientes inertes” (como los tensioactivos). De hecho, esos ingredientes “inertes” podrían ser letales para las células humanas incluso en las cantidades residuales a que están expuestos los consumidores (Herbicida desmalezador prueba ser letal para las células humanas). Pero, legalmente, se requiere que Monsanto haga público solo el principio activo, el glifosato. De hecho, los “ingrediente inertes” son todos secretos comerciales, legalmente protegidos por la así denominada “propiedad intelectual”.
Incluso si es cierto que el Roundup es seguro si se usa conforme a las especificaciones de la compañía como lo afirma Monsanto, ¿cuándo se lo usa así? Dados los obscenos desequilibrios de poder en la industria del agro, nadie va a hacer responsables a agricultores de grandes plantaciones por reducir gastos cuando se trata de la exposición de sus trabajadores a químicos tóxicos. En la época de los ochenta, fui testigo del uso a gran escala del Roundup con el fin de “erradicar mala hierba” sobre la grama afuera del edificio Old Main en la Universidad de Arkansas. De hecho, erradicó también el césped y mató asimismo algunos robles. E incluso aunque los mismos trabajadores de planta aplicaban el Roundup en atavíos que parecían trajes espaciales, grupos de estudiantes cubiertos con pantalones cortos y camisetas sin mangas se paseaban casualmente a través de las nubes de químicos tóxicos.
He de agregar también cuán aranero es el hecho de que el Roundup reciba indultos basados en su peligrosidad o no peligrosidad solo para los consumidores. Los efectos del Roundup – y el sistema de plantación de monocultivos a gran escala es parte de ello- en los trabajadores agrícolas y en el ecosistema también son importantes.
No cabe duda de que los libertarios objetarán rotundamente los requerimientos de rotulación de productos, incluidos los principios activos. Pero los libertarios tienden también a favorecer una vigorosa ley civil de agravios – o deberían en efecto favorecerla si no son hipócritas – como un sustituto del estado regulador. Y parte de la ley de agravios es la habilidad para solicitar evidencia relevante por un presunto perjuicio. En un orden legal libertario (estipulando por un momento la improbable posibilidad de que nada que se asemeje a las corporaciones agroindustriales pudiera haber surgido en primer lugar en un mercado libre), dada la prevalencia de cánceres como el Linfoma no hodgkiniano entre trabajadores agrícolas expuestos al Roundup, hace mucho hubiese habido demandas que obligaran a Monsanto a divulgar la lista completa de ingredientes del Roundup. Y, en todo caso, los “secretos comerciales” garantizados por la ley o impuestos por cualquier medio que no sea propiamente el mantenimiento del secreto por parte de la compañía misma y por acuerdos no vinculantes para terceros, no existirían en absoluto.
Así pues, la existencia de secretos comerciales legalmente protegidos es un arma en contra de la salud y el bienestar del público que lo priva de cualquier conocimiento acerca de la naturaleza de los químicos tóxicos a los que pueda estar expuesto.
Esto no es nada nuevo. Ya lo hemos visto con respecto al coctel de ingredientes utilizados en la fracturación hidráulica o Fracking, el cual también se mantiene en secreto para el público potencialmente afectado por la “propiedad intelectual”.
Y, adicionalmente a las muertes causadas por la “propiedad intelectual” misma, al estado no le importa, cuando es necesario, infligir muerte a gran escala en el cumplimiento de esta, como lo indican unas cartas filtradas de la embajada colombiana (“Filtraciones muestran que el asistente de un senador amenazó a Colombia en relación con una droga para el cáncer barata” The Intercept, May 14). Colombia ha estado dando pasos con vistas a la aprobación de una forma genérica más barata de la droga patentada contra el cáncer Imatinib, cuyo suministro anual cuesta 15.000 dólares. Un asistente del senador Orrin Hatch, íntimo amigo de la industria farmacéutica y megahalcón en todo lo tocante a la “propiedad intelectual”, expresó la “preocupación” a diplomáticos colombianos de que, si los derechos de “propiedad privada” de Novartis llegasen a ser violados, la industria farmacéutica podría “hacer oír su voz e interferir con otros intereses que Colombia pudiese tener en los Estados Unidos”. En particular, “este caso podría poner en peligro la aprobación del financiamiento de la nueva iniciativa ‘Paz Colombia.’” Paz Colombia es un intento de negociar un acuerdo de paz entre el gobierno y una guerrilla, e incluye fondos para la limpieza de minas terrestres.
Así que, básicamente, los mercenarios congresionales de la megaindustria farmacéutica están dispuestos no solo a causar muertes negando medicina asequible que salva vidas. Están además dispuestos a obstruir (“Vaya plan de paz el suyo…”) una salida para una guerra civil que ha matado a miles, y la desactivación de minas terrestres en el país con la segunda tasa más alta de decesos por minas terrestres en el mundo.
La “propiedad intelectual” no es solo robo. Es terrorismo.
Artículo original por Kevin Carson, el 24 de mayo de 2016
Traducido del inglés por Mario Murillo.
