Tal como lo diría amablemente cualquier adicto en recuperación, el primer paso es admitir el problema. El gobierno de Estados Unidos y los medios de comunicación estadounidenses (y, presumiblemente, el público estadounidense que los sigue) aún se niegan tercamente a hacerlo.

Noticia tras noticia vemos referencias al “interrogatorio mejorado” y las “tácticas brutales de interrogación”. Son eufemismos baratos. No hay una admisión franca del problema, sino un intento de parlotear para eludir el problema.

No se trata de “técnicas de interrogatorio mejoradas”. Tampoco estamos hablando de “tácticas brutales de interrogación”. El tema en cuestión es la tortura.

La tortura está claramente definida en la ley de Estados Unidos (18 US Code §2340): “[U]n acto cometido por una persona que actúe bajo apariencia de legalidad destinada específicamente a infligir dolor físico o mental, o sufrimiento severo (que no sea el dolor o sufrimiento incidentalmente causado por sanciones legítimas) a otra persona dentro de su custodia o control físico”.

La tortura está claramente definida en el derecho internacional (Convención de la ONU contra la Tortura): “[T]odo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.

Estas declaraciones legales de los estados son informativas, pero realmente no las necesitamos para llegar a la conclusión de que las acciones descritas en el informe – el ahogamiento simulado, la privación del sueño y la infusión forzada de sustancias en el recto de las víctimas, por nombrar tres – constituyen hechos de tortura, solo de tortura y nada más que de tortura. No existe una definición razonable de la tortura a la que no se ajusten las acciones descritas.

De esa conclusión primaria debemos sacar una inevitable conclusión secundaria: Las personas involucradas en toda la cadena de mando que desemboca en la tortura, desde los operadores encargados de su aplicación directa hasta el presidente de los Estados Unidos, son criminales violentos y peligrosos, y serían reconocidos como tales en cualquier sociedad sana independientemente de si existiesen leyes codificadas para describir sus delitos.

La pregunta, por supuesto, es qué hacer al respecto. Las sugerencias convencionales van desde “nada” a “llevar a cabo unas cuantas audiencias del Senado y tener fe en que el problema desaparecerá”, o “nombrar a un fiscal especial para que sacrifique a algunos de los criminales menos conectados para que podamos seguir adelante con nuestras vidas”.

Incluso en los círculos más radicales se sugieren cosas como poner a los EE.UU. bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y llevar la banda criminal completa a La Haya para someterla a juicio.

El segundo paso en los programas de recuperación de adicciones de 12 pasos implica el reconocimiento de un “poder superior”. El segundo paso en cualquier programa de renuncia a la tortura es el reconocimiento de que el “poder superior” por ahora existente – el Estado – es en realidad el verdadero problema.

El Estado otorga poderes extremos a sus agentes, en especial sobre los presos y detenidos. Ese poder corrompe, habilitando a esos agentes para abusar y torturar, tal como lo observaron varios psicólogos sociales en el experimento de la prisión de Stanford.

La estructura del Estado también protege a sus agentes de la rendición de cuentas, envolviendo las discusiones sobre la violencia estatal con eufemismos, y transformando el debate de la tortura como delito en uno sobre la tortura como política. Por otra parte, el monopolio estatal sobre la ley otorga el poder de enjuiciamiento y sentencia al propio Estado. Los torturadores saben que es poco probable que se les someta a la justicia.

Si toleramos el Estado, toleramos la tortura. Y ya hace tiempo que es hora de que dejemos de tolerar a ambos.

Artículo original publicado por Thomas L. Knapp el 10 de diciembre de 2014.

Traducido del inglés por Alan Furth.

La manera más efectiva de evitar el monopolio (el objetivo aparente de la ley antimonopolio, también llamada “ley de protección de la competencia”), no es instituir nuevas reglas y regulaciones arbitrarias, sino permitir a cualquier persona participar en cualquier negocio pacífico y voluntario que le interese. La constante amenaza de nuevos competidores es el contrapeso más eficaz a la potencia comercial de los gigantes corporativos tradicionales.

Dado que estas empresas tradicionales están más arraigadas y son más cercanas a los legisladores y reguladores, apoyarse en instrumentos legales y reglamentarios en lugar de la competencia abierta simplemente crea oportunidades para la corrupción y el abuso que surgen con la “captura del regulador”. Los grupos de presión y cabildeo cuentan con el acceso y los recursos para moldear la política pública a favor de sus fines privados.

La legislación antimonopolio es solo un ejemplo más del afán de planificar la economía, basado en las mismas falacias que sustentan otros controles económicos centralizados. Los esfuerzos por determinar o predecir qué fusiones y adquisiciones dañarán el ambiente competitivo asumen que sabemos mucho más acerca de la economía en general de lo que jamás podríamos. Representan lo que Friedrich Hayek célebremente denominó La fatal arrogancia.

Hayek entendió que los mercados en los que los individuos interactúan y comercian libremente son la única manera de organizar y coordinar la profusión de conocimiento disperso que llamamos “la economía”. Y así como nosotros no sabemos y de hecho no podríamos saber todo lo que es necesario para planificar una economía, tampoco podemos predecir las consecuencias de, por ejemplo, permitir algunas fusiones e impedir otras.

Aún así, los anarquistas de mercado son tan críticos del poder corporativo como cualquier otro representante de la izquierda política. Nosotros también creemos que hay que hacer algo para remediar la dominación explotadora de las grandes empresas, pero la teoría y la observación nos han enseñado que el Estado es la enfermedad, no la medicina. De hecho, es el privilegio otorgado por el estado el que le permite a las potencias corporativas de hoy estrangular las relaciones económicas.

Una vez los privilegios coercitivos y criminales del Estado se eliminen del sistema económico no habrá necesidad de “leyes de competencia” diseñadas para evitar que cualquier actor de mercado se haga demasiado grande y poderoso. Estas leyes parecen deseables sólo cuando las barreras regulatorias y de licenciamiento ya han ilegalizado la competencia en sí, dándole una ventaja a grupos favorecidos.

En lugar de añadir nuevas capas de reglas sin sentido y arbitrarias — para ser administradas por abogados y burócratas — los anarquistas de mercado proponen que le demos una oportunidad sincera a la libre competencia de la que tanto hemos oído hablar. El poder político y económico se necesitan mutuamente; en realidad, puede que sea un error considerarlos como fenómenos separados y distintos, ya que históricamente siempre han estado profundamente entrelazados.

Las enormes corporaciones multinacionales de hoy son en gran medida una creación del poder estatal, los sucesores del “sistema mercantil” criticado por Adam Smith. Para frenar su poder solo necesitamos permitir la competencia plena y genuina. El sistema más libre posible también sería el más justo, por lo que eliminaría la necesidad de la ley antimonopolio.

Artículo original publicado por David D’Amato el 6 de octubre de 2014.

Traducido del inglés por Alan Furth.

El desarrollo más reciente en ese frente mientras escribo esta columna –y que muy posiblemente será sustituido por otra noticia antes de que sea publicada– es la “suspensión” de Rusia del G8. Debido a que existen tantas opiniones contradictorias sobre el tema, permítanme ofrecerles la más simple y plausible explicación de lo que estamos viendo:

Los oligarcas, los estadounidenses tanto como sus homólogos rusos –e incluso hasta más que ellos– anhelan el regreso de la Guerra Fría.

La mayoría de nosotros, la gente normal, no tiene ese tipo de anhelos, por supuesto. Los que tenemos más o menos 40 años, recordamos cómo era vivir bajo la constante amenaza de la aniquilación nuclear, que podía desatarse en cualquier momento si llegaba a romperse el delicado equilibrio entre las dos “superpotencias”.

Sin embargo, para la oligarquía estadounidense –mejor conocida como el “complejo militar industrial”– que se estableció como dominante en la economía y la política de EE.UU. durante e inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, simplemente no puede hacer tanto dinero fácil ni acumular tanto poder incuestionable en el juego de ser “la única superpotencia del mundo”.

Necesitan a alguien que juegue de contraparte para que el chantaje funcione como es debido. Las cosas de poca monta como el terrorismo tienen márgenes de ganancia muy ajustados. El dinero está en las armas nucleares, los aviones caros, ese tipo de cosas; el material que se utiliza para luchar contra enemigos que al menos en teoría tienen tanto poderío militar que uno. Y seamos sinceros, “Irán como una amenaza nuclear” es simplemente risible como justificación para ese tipo de proyectos.

La oligarquía estadounidense necesita un gran enemigo para justificar el millón de millones de dólares al año que le arrebata a los contribuyentes a nivel nacional (además de lo que hace con la venta de armas en el extranjero y cosas por el estilo). Un enemigo con una gran población, una base industrial real, una posición dominante en su región. Un enemigo conocido, al menos en el último siglo o así, por sus ambiciones expansionistas y por ser un hueso duro de roer en la guerra sin cuartel.

En una palabra, la oligarquía estadounidense necesita a Rusia.

Y ¿qué necesita Vladimir Putin? Bueno, necesita una excusa para volver a ser el Gran Oso Malvado. Al igual que los Estados Unidos, Rusia y sus satélites, señoríos y aliados, tienden a solidificarse en un monolito formidable y autoritario ante la amenaza externa, pero ese monolito empieza a deshilacharse por todos lados si de repente emerge la paz. Al igual que con la oligarquía de Estados Unidos, Rusia (en la mayoría de los casos con las mismas caras que en la época soviética, o sus herederos) necesita una amenaza externa para mantener el chorro del dinero fácil bien abierto.

El mejor enemigo que haya tenido jamás, los nazis, desaparecieron inconvenientemente más o menos en 1945 (aunque Russia Today se esfuerza bastante por crear algunos desde cero en Kiev). Así que no queda otra que conformarse con el segundo mejor enemigo: los Estados Unidos.

Es como el cuento del Hermano Oso y el Hermano Conejo, pero con dos Hermanos Osos, cada uno rogándole al otro que no lo eche en el zarzal, mientras secretamente alberga la esperanza de que ambos terminen allí adentro. ¡Todo el mundo gana! Bueno, al menos los dos grupos de oligarcas ganan. El resto de nosotros, no tanto.

Artículo original publicado por Thomas L. Knapp el 24 de marzo de 2014.

Traducido del inglés por Alan Furth.

No cabe duda de que las acusaciones de fraude y negligencia están justificadas, pero una demanda podría no ser la mejor manera de buscar justicia en la economía no regulada de Internet. Es curioso que los miembros de la comunidad de Bitcoin, muchos de los cuales se oponen a la intervención del gobierno en la creación de moneda, recurran tan rápidamente a los sistemas jurídicos del estado cuando la situación se descontrola. Una demanda sin duda abrirá nuevas vías para que los legisladores compliquen aún más el uso de Bitcoin y criptomonedas similares.

El activista político estadounidense Samuel Edward Konkin III popularizó el término “contra-economía” para describir todas las transacciones voluntarias que ocurren fuera de la esfera del mercado regulado por el estado. Bitcoin, y las criptomoedas en general, cumplen un rol importante en la contra-economía al eliminar del todo a la moneda fiduciaria de la ecuación. Sin embargo, para mantener al máximo el poder de la contra-economía, tenemos que integrar sistemas jurídicos no gubernamentales dentro de su marco general. En lugar de correr de vuelta al estado cuando las cosas toman un giro equivocado, la oportunidad debería ser aprovechada para discutir y desarrollar sistemas mediante los cuales pueda hacerse responsabilizerse a las empresas de la contra-economía por sus acciones.

Un ejemplo de la regulación contra-económica proviene de la comunidad en torno a la “Ruta de la Seda”, un mercado en línea basado en Bitcoin para la compra y venta de drogas ilegales. Un grupo de sus usuarios que se hace llamar “Los Vengadores del LSD”, hicieron análisis químicos del ácido que compraban para probar si en realidad estaban en posesión de LSD auténtico, proveyendo a los demás usuarios un estándar de seguridad para la compra y consumo de drogas. Esto ilustra cómo un mercado negro puede autorregularse sin necesidad de recurrir a la imposición de los organismos burocráticos, como la Administración de Alimentos y Drogas.

Bitcoin juega un papel liberador en lugares como Ucrania e Irán, proporcionando un sistema de pago independiente de la intromisión de los gobiernos y de las directrices establecidos por los bancos centrales. Es posible que si el destino de Mt.Gox se coloca en manos de los jueces, surgirá un marco para su regulación. La regulación puede que satisfaga nuestra necesidad occidental de que se nos garanticen sentimientos ilusorios de seguridad. Pero lastimará a la libertad económica de los países en los que vive gente menos afortunada que en Occidente. Esto redundará en detrimento del potencial revolucionario de la moneda digital.

Actualmente no existe un sistema para imponer la responsabilidad en las transacciones llevadas a cabo en los mercados de Bitcoin. Puede que el recurso a los sistemas jurídicos del estado sea la única manera de que los clientes de Mt.Gox reciban la restitución que se merecen. Lo que sí hay que tener en cuenta, es que esta opción está lejos de ser óptima. No sería sorprendente que a raíz de esto se desencadene una discusión sobre la regulación gubernamental de las criptomonedas. De hecho, parece inevitable. En el futuro, la contra- economía digital tendrá que encontrar maneras de regularse a sí misma. Los ingeniosos métodos que seguramente surgirán en cuanto a la regulación de las transacciones en línea podrían dar lugar a ideas para autoregular también nuestras comunidades “analógicas”. llegará el día en el que la regulación gubernamental del mercado será una cosa del pasado, a medida que la auto-regulación contra-económica la reemplace por completo.

Artículo original publicado por Christiaan Elderhorst el 7 de marzo de 2014.

Traducido del inglés por Alan Furth.