Obama dijo a CNN que “van a haber un cierto número irreducible de casos que van a ser muy difíciles, porque sabemos que han hecho algo malo y que todavía son peligrosos, pero es difícil de montar la prueba en un tribunal tradicional en el espíritu del Artículo III, por lo que vamos a tener que lidiar con eso”. Y sí, ese es el mismo Obama que emitió una orden ejecutiva dos días después de llegar a la presidencia con la intención de “cerrar sin demora las instalaciones de detención en Guantánamo”, afirmando claramente que “los individuos actualmente detenidos en Guantánamo tienen el privilegio constitucional del recurso de hábeas corpus”.

Así funciona la democracia.

Solo fue hacia el final de su segundo mandato que el presidente fue capaz de tomar un pasito tan pequeño en cuanto a la clausura de una prisión que, incluso bajo los más estrictos estándares de realpolitik, puede considerarse como una desventaja tan fuerte como la Bastilla de la Francia prerrevolucionaria (cuyo Antiguo Régimen quizá podría haberse mantenido en pie durante un poco más de tiempo haciendo el espectáculo de la liberación de un par de reclusos de vez en cuando). Por supuesto que ni siquiera su costo astronómico, que hace ver a las prisiones regulares estadounidenses como modelos de restricción fiscal, impide que Nile Gardiner, director de la Fundación del Patrimonio del Centro Margaret Thatcher por la Libertad, la defienda sin ninguna duda.

Mientras tanto, Voice of America traslada la culpa a “los obstáculos impuestos por el Congreso de Estados Unidos”, una movida que recuerda a los llamados a “dejar que Reagan sea Reagan” para que pudiese aplicar el laissez-faire que realmente quería desde el principio.

Emma Goldman escribió en “Prisiones: el crimen social y su fracaso” que “El impulso natural del hombre primitivo de devolver el golpe, de vengarse del mal, está fuera de lugar. En cambio, el hombre civilizado, despojado de todo valor y atrevimiento, ha delegado a una maquinaria organizada el deber de reprimir los errores, en la estúpida creencia de que el Estado está justificado para hacer lo que él ya no tiene ni la madurez ni la coherencia para llevar a cabo. El ‘imperio de la ley‘ es un producto del raciocinio; no se queda en los instintos primitivos. Su misión es de una naturaleza ‘superior‘”. Un siglo más tarde, el crecimiento hipertrófico de la burocracia penitenciaria confirma esto, así como su insistencia en que “[l]a esperanza de la libertad y la oportunidad es el único incentivo para la vida, especialmente para la vida del prisionero. La sociedad, que ha pecado tanto contra él, ha de otorgarle eso por lo menos. No soy tan optimista para creer que esto ocurra, o que algún cambio real en esa dirección tenga lugar mientras las condiciones que engendran tanto al prisionero como al carcelero no sean abolidas para siempre”.

Artículo original publicado por Joel Schlosberg el 22 de diciembre de 2014.

Traducido del inglés por Alan Furth.

O jornal Telegraph do Reino Unido relata o incidente (“A trégua de Natal de 1914 foi quebrada quando francoatiradores alemães mataram dois soldados britânicos“, 22 de dezembro) a partir de registros históricos. Na linha de frente na França, o sentinela britânico Percy Huggins foi morto por um francoatirador alemão; o líder de seu pelotão Tom Gregory retaliou e foi abatido por outro atirador.

Isso pode não se encaixar na imagem sentimentalizada da trégua, mas tirá-la do pedestal a torna mais relevante ao nosso mundo imperfeito. Bertrand Russell observou que “admitir em teoria que há ocasiões em que é apropriado lutar e que na prática que essas ocasiões são raras” produz muito menos guerras reais do que a ideia de que “em teoria não há ocasiões em que é adequado lutar e que na prática essas ocasiões são muito frequentes”.

A quebra da trégua neste caso permaneceu como ponto isolado; ela permaneceu em vigor nos dois lados, mesmo quanto as tropas estavam a menos de 1,5 km de distância. A influência de uma Brigada de Guardas “extremamente profissional” manteve as tensões locais altas desde o começo, com a rejeição imediata do pedido alemão de cessar-fogo.

Também é instrutivo observar o aspecto “olho por olho” do caso, impulsionado por retaliação a agressões específicas e não pela situação geral de guerra (a indicação de um dos francoatiradores que agiria fez com que uma terceira morte fosse inevitável). É necessário alguma coisa para fazer com que as hostilidades se espahem mais rapidamente que a tolerância, sem observar a regra do “olho por olho”. O que seria essa coisa? A política.

Emma Goldman argumentava que sem a rejeição do movimento socialista à ação direta em prol de uma dependência de meios políticos, “a grande catástrofe teria sido impossível. Na Alemanha, o partido tinha 20 milhões de adeptos. Que poder para evitar a declaração de hostilidades! Mas, por um quarto de século, os marxistas haviam treinado os trabalhadores a serem obedientes e patriotas, a dependerem de atividades parlamentares e a confiar cegamente em seus líderes socialistas. Agora, a maioria desses líderes deu as mãos ao Kaiser (…). Em vez de declarar greve geral e paralisar as preparações para a guerra, eles aprovaram o orçamento governamental para o massacre”. Somente o detonador da rivalidade entre líderes nacionais poderia transformar o assassinato de um arqueduque numa disputa que multiplicaria os três mortos causados pela morte de Percy Huggins em 15 milhões de vítimas.

Em sua carta final, Huggins disse a sua família: “Eu anseio pelo dia em que este terrível conflito acabará. Vocês consideram a guerra uma coisa terreível, mas a imaginação não consegue captar os horrores do conflito que podem ser vistos no campo de batalha e são indescritíveis; rezo para que esta seja a última guerra da história”. Um século de avanços em comunicações globais e comércio dá aos soldados Huggins de hoje ampla base com a qual coexistir sem políticos e meios de verificar a confiança alheia. Não devemos esperar mais um século para chegar à “última guerra da história”.

Traduzido por Erick Vasconcelos.

Las típicas defensas de las maquiladoras con argumentos de libre mercado se centran en el hecho de que “las maquiladoras son mejores que las alternativas disponibles“. Estas defensas también tienden a enfatizar el papel de las maquiladoras en un “proceso de desarrollo que en última instancia aumenta la calidad de vida”.

Si la autoridad bloquea otras opciones utilizando la violencia estatal sistemática a lo largo de décadas para arrebatarle a las personas sus derechos y recursos, entonces por supuesto que el empleo en una maquiladora comienza a parecer una buena opción, o incluso la mejor.

Pero esta redacción selectiva de la historia es la razón por la que tantos supuestos defensores del libre mercado se ganan la reputación de hacer la vista gorda ante la injusticia económica. Los anarquistas de mercado no ven ninguna razón coherente u honesta por la que los defensores de la libertad, la competencia y los derechos individuales debemos desperdiciar nuestras palabras justificando el régimen de esclavitud salarial ofrecido por las maquiladoras.

La frase “esclavitud salarial” suele enfadar bastante a la mayoría de los promotores de la libertad de mercado, que suelen argumentar que la relación empleador-empleado es un sencillo acuerdo voluntario basado en la libertad de contratación.

Sin embargo, la definición de un contrato legítimo asume que las relaciones han estado ausentes de coerción y coacción hasta alcanzarse el punto de “acuerdo”. Pero, ¿y si no lo han estado? ¿Y si la historia ha sido una serie de desventuras trágicas y violentas, una larga lista de expropiaciones, injusticias y otras villanías llevadas a cabo por el Estado para enriquecer a una pequeña clase dominante?

¿Seguiríamos estando dispuestos a defender las maquiladoras o empezaríamos a atacarlas con argumentos de libre mercado? Tal como lo expresó William Bailie, “la esclavitud salarial es simplemente la fase moderna de la esclavitud tradicional”. Al igual que los anarquistas de mercado de hoy en día, Bailie veía el capitalismo no como un proceso de avance y desarrollo, sino como un “retroceso económico” que socavaba la libertad personal.

Los anarquistas de mercado tienen más fe en la libertad, el espíritu empresarial y la soberanía individual que la mayoría de los que se autodenominan defensores de la libre empresa. No creemos que la gente de los países en desarrollo elegiría trabajar horas interminables en condiciones infrahumanas si no estuviesen limitados por restricciones arbitrarias como la ley de propiedad intelectual y tuviesen libre acceso a los recursos comunes como la tierra.

Los apologistas de las maquinadoras tienden a ignorar el problema del monopolio de la tierra, o tal como los describió Murray Rothbard, el problema de la “continua confiscación de la tierra por los agresores”. Rothbard argumentaba que los legítimos dueños de la tierra son “los verdaderos poseedores”, en lugar de aquellos “cuya original y continua ocupación de la tierra y sus frutos proviene de la coerción y la violencia”.

La historia de lo que hoy es considerado como el mundo en desarrollo, donde se encuentran la mayoría de las maquiladoras, está plagado por la monopolización política y el robo de la tierra, los cuales han deprimido los salarios y apuntalado las rentas. Esta profunda coacción política no tiene nada que ver con los verdaderos principios del libre mercado.

Cabe preguntarse si los defensores de “libre mercado” de las maquiladoras realmente creen que llegamos a la situación actual por el camino de la libre empresa, lo cual, de ser así, permitiría defender las condiciones económicas de hoy en día.

Puede ser que los defensores de las maquiladoras reconozcan sus antecedentes históricos, pero que aun así sigan considerando que es importante reconocerlas como la mejor alternativa para los pobres en el mundo en desarrollo. Pero nadie niega ese hecho en sí mismo – por el contrario, los anarquistas de mercado simplemente afirman que estos fenómenos son injustos e insostenibles tal como existen hoy en el mundo.

Artículo original publicado por David S. D’Amato el 30 de noviembre de 2014.

Traducido del inglés por Alan Furth.

Como qualquer viciado em recuperação pode atestar, o primeiro passo é admitir que existe um problema. O governo e a mídia americana (e, presumivelmente por segui-los, o público americano) se recusam absolutamente a fazer isso.

Em matérias e mais matérias, nós vemos referências a “técnicas avançadas” e a “táticas brutais” de interrogatório. São expressões vazias. Não são admissões do problema, são tentativas de evitar o confronto com ele.

Não tratamos aqui de “técnicas avançadas de interrogatório” e também não estamos discutindo “táticas brutais de interrogatório”. Estamos falando de tortura.

A tortura é claramente definida pela legislação dos Estados Unidos (18 US Code §2340): “[Ato] cometido por uma pessoa que age em nome da lei com específico propósito de infligir dores ou sofrimento físico ou mental severos (além da dor ou do sofrimento incidentais a sanções legais) sobre outra pessoa em sua custódia ou controle físico”.

A tortura é claramente definida pelo direito internacional (a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura): “[Qualquer] ato pelo qual uma violenta dor ou sofrimento, físico ou mental, é infligido intencionalmente a uma pessoa, com o fim de se obter dela ou de uma terceira pessoa informações ou confissão; de puní-la por um ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir ela ou uma terceira pessoa; ou por qualquer razão baseada em discriminação de qualquer espécie, quando tal dor ou sofrimento é imposto por um funcionário público ou por outra pessoa atuando no exercício de funções públicas, ou ainda por instigação dele ou com o seu consentimento ou aquiescência”.

Essas definições legais são informativas, mas não precisamos delas para concluir que as ações descritas no relatório — afogamento simulado, privação de sono e a infusão forçada de substâncias nos retos das vítimas, para citar três — são tortura, somente tortura e nada mais que tortura. Não existe definição razoável de tortura em que essas ações não se encaixa.

A partir dessa primeira conclusão, precisamos inevitavelmente tirar a conclusão secundária: as pessoas envolvidas em tortura, desde seus operadores diretos cadeia de comando acima, chegando ao presidente dos Estados Unidos, são criminosos violentos e perigosos, e seriam reconhecidos como tal em qualquer sociedade sã, mesmo que não existissem leis codificadas para descrever seus crimes.

A questão, é claro, é o que fazer quanto a isso. As sugestões mais comuns variam são “nada”, “fazer algumas audiências no Senado e rezar para que o problema se resolva sozinho” ou “apontar um promotor especial para que ele processe alguns criminosos menos bem conectados para que nós possamos seguir com a vida”.

Mesmo na ponta mais radical de nosso espectro político, as sugestões tendem a recorrer a coisas como colocar os EUA sob a jurisdição da Corte Criminal Internacional e conduzir toda a gangue para julgamento em Haia.

A segunda etapa nos programas de 12 passos de recuperação de dependentes envolvem o reconhecimento de “um poder superior”. O segundo passo em qualquer programa de recuperação de torturadores envolve o reconhecimento de que o “poder superior” temporal — o estado — é o problema real.

O estado concede poder extremo a seus agentes, especialmente sobre prisioneiros e detentos. Esse poder corrompe, permitindo que os agentes cometam abusos e torturem, como mostrou a experiência de aprisionamento de Stanford.

A estrutura estatal também protege seus agentes, evitando que sejam perseguidos criminalmente, cobrindo as discussões sobre a violência estatal com eufemismos, fazendo com que a discussão da tortura como crime se torne uma discussão da tortura enquanto política. Além disso, o monopólio estatal sobre as leis faz com que os processos e as decisões sejam conduzidas pelo próprio estado. Os torturadores sabem que tem muito pouca chance de serem levados à justiça.

Se toleramos o estado, toleramos a tortura. Já passou da hora de pararmos de tolerar ambos.

Traduzido por Erick Vasconcelos.

Tal como lo diría amablemente cualquier adicto en recuperación, el primer paso es admitir el problema. El gobierno de Estados Unidos y los medios de comunicación estadounidenses (y, presumiblemente, el público estadounidense que los sigue) aún se niegan tercamente a hacerlo.

Noticia tras noticia vemos referencias al “interrogatorio mejorado” y las “tácticas brutales de interrogación”. Son eufemismos baratos. No hay una admisión franca del problema, sino un intento de parlotear para eludir el problema.

No se trata de “técnicas de interrogatorio mejoradas”. Tampoco estamos hablando de “tácticas brutales de interrogación”. El tema en cuestión es la tortura.

La tortura está claramente definida en la ley de Estados Unidos (18 US Code §2340): “[U]n acto cometido por una persona que actúe bajo apariencia de legalidad destinada específicamente a infligir dolor físico o mental, o sufrimiento severo (que no sea el dolor o sufrimiento incidentalmente causado por sanciones legítimas) a otra persona dentro de su custodia o control físico”.

La tortura está claramente definida en el derecho internacional (Convención de la ONU contra la Tortura): “[T]odo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.

Estas declaraciones legales de los estados son informativas, pero realmente no las necesitamos para llegar a la conclusión de que las acciones descritas en el informe – el ahogamiento simulado, la privación del sueño y la infusión forzada de sustancias en el recto de las víctimas, por nombrar tres – constituyen hechos de tortura, solo de tortura y nada más que de tortura. No existe una definición razonable de la tortura a la que no se ajusten las acciones descritas.

De esa conclusión primaria debemos sacar una inevitable conclusión secundaria: Las personas involucradas en toda la cadena de mando que desemboca en la tortura, desde los operadores encargados de su aplicación directa hasta el presidente de los Estados Unidos, son criminales violentos y peligrosos, y serían reconocidos como tales en cualquier sociedad sana independientemente de si existiesen leyes codificadas para describir sus delitos.

La pregunta, por supuesto, es qué hacer al respecto. Las sugerencias convencionales van desde “nada” a “llevar a cabo unas cuantas audiencias del Senado y tener fe en que el problema desaparecerá”, o “nombrar a un fiscal especial para que sacrifique a algunos de los criminales menos conectados para que podamos seguir adelante con nuestras vidas”.

Incluso en los círculos más radicales se sugieren cosas como poner a los EE.UU. bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y llevar la banda criminal completa a La Haya para someterla a juicio.

El segundo paso en los programas de recuperación de adicciones de 12 pasos implica el reconocimiento de un “poder superior”. El segundo paso en cualquier programa de renuncia a la tortura es el reconocimiento de que el “poder superior” por ahora existente – el Estado – es en realidad el verdadero problema.

El Estado otorga poderes extremos a sus agentes, en especial sobre los presos y detenidos. Ese poder corrompe, habilitando a esos agentes para abusar y torturar, tal como lo observaron varios psicólogos sociales en el experimento de la prisión de Stanford.

La estructura del Estado también protege a sus agentes de la rendición de cuentas, envolviendo las discusiones sobre la violencia estatal con eufemismos, y transformando el debate de la tortura como delito en uno sobre la tortura como política. Por otra parte, el monopolio estatal sobre la ley otorga el poder de enjuiciamiento y sentencia al propio Estado. Los torturadores saben que es poco probable que se les someta a la justicia.

Si toleramos el Estado, toleramos la tortura. Y ya hace tiempo que es hora de que dejemos de tolerar a ambos.

Artículo original publicado por Thomas L. Knapp el 10 de diciembre de 2014.

Traducido del inglés por Alan Furth.

A primera vista, esto parece incorrecto. Tal como informa Gizmodo, todos los creadores de The Pirate Bay languidecen en la cárcel y ahora su sitio web está caído. Las autoridades estatales han bajado sitios como Las Rutas de la Seda 1 y 2 y han atacado a otros sitios de torrents. ¿Cómo puede esto hacer quedar mal al Estado?

Aunque individualmente estos casos puedan parecer poner en duda la ineficacia del Estado, deben ser vistos dentro de un contexto más amplio: El Estado está jugando al juego de “golpea al topo” con Internet.

Y la buena noticia es que está perdiendo.

Por cada sitio web que el gobierno intenta clausurar, brotan otros cinco. Y nadie en el gobierno va a admitir que lo que están haciendo es inútil. Simplemente no tienen incentivos para actuar racionalmente. A los burócratas les pagan por clausurar sitios web. No importa si nacen otros cinco por cada uno que matan – igual se les paga. Así que, ¿por qué iban a dejar de hacerlo ahora?

El Estado no va a dejar de hacerlo ni puede dejar de hacerlo, no puede “ceder” terreno a la gente de Internet y admitir la derrota. Pero la cuestión es la siguiente: El proceso de aniquilación en sí es una señal mucho más fuerte de la derrota que de la rendición. El Estado está involucrado en una batalla sísifica y se va a quedar sin fondos en el intento de ganarla.

En La lucha laboral en un mercado libre, Kevin Carson escribe sobre otra instancia de este proceso de hace una década. Sinclair Media luchó enérgicamente un boicot usando litigación “SLAPP”, pero “… le fue imposible suprimir el movimiento porque los sitios web originales de la campaña eran replicados más rápido de lo que podían clausurarse, y el valor de sus acciones implosionó”.

Otro caso que menciona Carson es Diebold, “… que recurrió a cerrar … sitios que publicaron documentos internos de la compañía sobre sus máquinas de votación. Los memos se distribuyeron rápidamente a través de BitTorrent a más discos duros que los que nadie pudiese contar, y Diebold se encontró jugando ‘golpea al topo’ a medida que los sitios espejo que revelaban la información proliferaban exponencialmente”.

El último clavo en el ataúd del Estado es que podemos esperar razonablemente que surja una nueva encarnación de The Pirate Bay, o una sustitución equivalente, en cuestión de días.

Si el Estado quiere jugar su versión de alto riesgo de “golpea al topo”, no hay problema. Ya hace tiempo que conocemos los riesgos relevantes y que estamos preparándonos para devolver el fuego. Cuando el Estado no puede luchar bajo sus propias reglas y se ve obligado a regirse por las nuestras, es como un mal juego de “hundir la flota”. Y el Estado no va hundir la nuestra en el futuro previsible.

Artículo original publicado por Nick Ford el 11 de diciembre de 2014.

Traducido del inglés por Alan Furth.

Oficialmente, la esclavitud en Brasil, el último país de la América independiente en la que todavía existía essa institución para entonces, se abolió el 13 de mayo de 1888. Sin embargo, la aristocracia nunca firmaría una ley que resolviese los problemas de las personas de raza negra, a las que, durante siglos, robó de su dignidad y mano de obra. Se había preparado y moldeado el ambiente durante 40 años de manera que la abolición pudiese proceder de la mejor manera posible para los propietarios de esclavos.

Sometido a la presión de Inglaterra, Brasil se había estado moviendo en la dirección de la abolición durante mucho tiempo. La más famosa e ineficaz de las llamadas “leyes para los ingleses ver” (una expresión todavía usada en el país con la que se designan las leyes completamente vacías pero rimbombantes) fue la Ley Feijo, promulgada en 1832 y que daba libertad nominal a los esclavos que trabajaban las tierras de Brasil. Pero no fue hasta 1850 que la Ley Eusebio de Queirós prohibió el tráfico de esclavos. Por más que la esclavitud estuviese agonizando, se tomaron varias medidas para extender su vida.

En 1871 se aprobó la llamada Ley de Vientres Libres, “liberando” a los hijos de los esclavos, que serían “cuidados” por sus amos o por el Estado hasta los 21 años de edad en una condición de esclavitud de facto. En 1885 la Ley de los Sexagenarios “liberó” a los esclavos de más de 65 años de edad, en realidad dándole licencia a sus propietarios para descartarlos. Por último, la “abolición” se produjo con la aprobación de la “Ley Áurea”.

Es de esperar que medidas como las anteriores preservarían los privilegios de los blancos, pero ninguna llegó a parecerse en su inhumanidad perpetuada hasta nuestros días a la menos conocida “Ley de Tierras”.

Sancionada solo dos semanas después de la Ley Eusebio de Queirós, la ley número 601 del 18 de septiembre de 1850 estableció el fin de la libre ocupación de la tierra: no podría convertirse en propiedad por ocupación y transformación a través del trabajo, sino que tendría que ser comprada al Estado. La tierra ya ocupada sería sometida a ciertos requisitos de uso o revertiría al Estado y se vendería a su discreción.

Esta ley no solo impidió que los antiguos esclavos se apropiasen de la tierra a través de su trabajo, sino que también estipuló subsidios gubernamentales para la colonización extranjera del país, que trajo mano de obra extranjera y devaluó aún más el trabajo de las personas de raza negra.

Cuando se produjo la abolición los negros fueron abandonados a su suerte sin indemnización, reparación o tierra alguna – a pesar de que no hay valor que puediese compensar la injusticia de vidas enteras de trabajo forzoso. No se les permitió trabajar las tierras, pero tampoco tenían dinero para comprarlas directamente al Estado (que de todas maneras tenía el poder de determinar quiénes serían los nuevos propietarios de la tierra y las personas negras no tenían ninguna prioridad en ese sentido). La única opción que tenía la población negra era huir a las ciudades para vivir en casas de alquiler y vender precariamente su trabajo a cambio de salarios de esclavitud.

El espíritu contemporáneo de la época ya demandaba el fin de la esclavitud, pero Brasil impuso todos los obstáculos posibles al movimiento abolicionista. Estos obstáculos moldearon las oportunidades que tendría la gente negra y perpetuó el privilegio blanco.

Cuando miramos a nuestro alrededor en el Día de la Conciencia Negra nos damos cuenta de que el color de la piel de los pobres, marginados y explotados en nuestra sociedad es diferente del de las élites. Esto no sucedió por casualidad: fue el resultado de una serie de medidas destinadas a mantener a la población negra en la sumisión.

En 1900, el gran abolicionista y libertario Joaquim Nabuco declaró en su autobiografía: “La esclavitud permanecerá por mucho tiempo como la característica nacional de Brasil”. Y tenía toda la razón.

Artículo original publicado por Eduardo Lopes el 20 de noviembre de 2014.

Traducido por Alan Furth a partir de la traducción al inglés de Erick de Vasconcelos de la versión original en portugués, escrita por Eduardo Lopes.

Al hacerlo el FBI ha demostrado, una vez más, que la guerra contra las drogas no tiene nada que ver con lo que declaran sus propagandistas. Si la penalización de las drogas es un problema de seguridad pública, si de lo que se trata es de luchar contra los delitos violentos y las pandillas, o prevenir las sobredosis y los envenenamientos, el cierre de Silk Road es una de las cosas más tontas que los federales hayan podido hacer. Silk Road era un mercado seguro y anónimo en el que los compradores y vendedores podían hacer negocios sin el riesgo de la violencia asociada con el comercio callejero. Y gracias al sistema de reputación de los vendedores, los medicamentos vendidos en Silk Road eran mucho más puros y más seguros que sus contrapartes de la calle.

Este es el caso de todos los otros argumentos con los que se vende al público la guerra contra las drogas. Hillary Clinton, en lo que quizá haya sido una de las declaraciones más estúpidas jamás pronunciadas por un ser humano, dijo que la legalización de los narcóticos es una mala idea “porque hay demasiado dinero involucrado”, en referencia, presumiblemente, al lucrativo negocio de las drogas y a los cárteles que luchan por controlarlo.

Pero la razón por la que hay tanto dinero involucrado en el negocio y que incentiva a los cárteles a luchar para controlarlo, es su ilegalidad. Eso es lo que pasa cuando se criminalizan las cosas que la gente quiere comprar: se crean mercados negros con precios mucho más altos que las bandas del crimen organizado luchan por controlar. La prohibición del alcohol creó la cultura gángster de la década de 1920. Ha estado con nosotros desde entonces. Cuando se derogó la Ley Seca, el crimen organizado simplemente pasó a pelear por otros mercados ilegales. Mientras más actividades consensuales y no violentas se ilegalicen, más grande será la parte de la economía cubierta por mercados negros disputados por bandas criminales.

En noticias relacionadas se informa que los cárteles mexicanos de la droga están haciendo menos dinero desde que se legalizó o descriminalizó la marihuana en varios estados de EE.UU. Oh sorpresa.

Quizá la broma más pesada sea que la guerra contra las drogas tiene como propósito reducir el consumo de drogas. Sin duda, muchas personas involucradas en la implementación doméstica de la guerra contra las drogas en realidad creen que esto, pero el la enormidad del aparato burocrático permite que muchas de sus secciones operen independientemente. El tráfico de drogas es una enorme fuente de dinero para las bandas criminales que lo controlan, y ¿adivinen qué? La comunidad de inteligencia de Estados Unidos es una de las mayores bandas criminales de narcotraficantes del mundo, y el comercio mundial de las drogas es una excelente herramienta para recaudar dinero para hacer cosas moralmente repugnantes que no pueden proponer al congreso. Han pasado veinte años desde que el periodista Gary Webb reveló la colusión del gabinete de Reagan con cárteles de la droga en la comercialización de la cocaína en el interior de los Estados Unidos con el objetivo de recaudar dinero para los escuadrones de la muerte derechistas del movimiento de la Contra en Nicaragua – una revelación por la que fue instigado e inducido al suicidio por la comunidad de inteligencia y la prensa de los Estados Unidos.

Ahora nos enteramos de que los EE.UU. está “perdiendo la guerra contra las drogas en Afganistán”. Bueno, obviamente – es una guerra que está diseñada para perderse. Los talibanes fueron tan fáciles de derrocar en el otoño de 2001 porque realmente trataron de acabar con el cultivo de amapola con un grado razonable de éxito. Esto no le cayó bien a la población afgana, que tradicionalmente gana mucho dinero cultivando amapola. Pero la Alianza del Norte – que los Estados Unidos convirtió en el gobierno nacional de Afganistán – era bastante amigable al cultivo de adormidera en su territorio. Cuando los talibanes fueron derrocados, el cultivo de la amapola y la heroína reanudó los niveles normales. Poner a los EE.UU. a cargo de una “guerra contra las drogas en Afganistán” es como poner a Al Capone a cargo de la prohibición del alcohol.

Además, “ganar” la guerra contra las drogas significaría acabar con ella. Y nadie que pertenezca al aparato judicial doméstico de los Estados Unidos va a querer cortar una fuente de miles de millones de ayuda federal y equipos militares, equipos SWAT militarizadas y poderes sin precedentes para la vigilancia y confiscación civil. Es es una guerra destinada a durar para siempre, al igual que la llamada Guerra contra el Terrorismo.

El Estado siempre alienta el pánico moral y las “guerras” en una cosa u otra con el fin de mantenernos temerosos, de manera que le demos más poder sobre nuestras vidas. No creas sus mentiras.

Artículo original publicado por Kevin Carson el 7 de noviembre de 2014.

Traducido del inglés por Alan Furth.

Por supuesto, esto no ha disuadido a los políticos de usar este episodio como una excusa para incrementar el control del gobierno: “revisiones” en los aeropuertos llevadas a cabo por personal de Aduanas y Protección de Fronteras, propuestas de prohibir viajes provenientes de países africanos con brotes de Ébola, la formación de un equipo militar de “respuesta rápida”, etc.

Me sorprende que en este caso no se haya machacado a los libertarios con más propaganda del tipo “¿ven lo mucho que necesitamos al gobierno?” de lo habitual. Pero pensándolo bien, puedo ver por qué. No es que la respuesta gubernamental inspire mucha confianza, y hay maneras obvias en las que incluso el actual no tan libre mercado podría responder con mucha más eficacia. Dos puntos potenciales de pánico revelados en el último par de semanas proporcionan muy buenos ejemplos:

Amber Vinson, una enfermera que contrajo el virus del Ébola de Duncan, voló ida y vuelta de Dallas a Cleveland antes de su diagnóstico con la aprobación de los Centros de Control de Enfermedades a pesar de que tenía una fiebre baja todo el tiempo.

Otro trabajador sanitario no identificado (un supervisor de laboratorio que había manipulado las muestras de sangre de Duncan) y su marido se sometieron voluntariamente a una cuarentena a bordo de un barco de crucero, pero resultaron estar libres de la infección.

Si se les dejase hacer las cosas por sí mismas, es posible que las líneas aéreas y de cruceros manejarían el potencial problema con facilidad. Pero desafortunadamente hay un recurso con el que no contarían si tuviesen que encargarse del asunto por sus propios medios: Una prueba de punción en el dedo para el Ébola que está “en fase de desarrollo”.

Lo que en realidad significa “fase de desarrollo” es “ya en uso por los militares, pero atascado en el proceso de aprobación de la Agencia de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos para todos los demás”.

Enviar sangre a un laboratorio para el análisis de Ébola toma varios días. La prueba de la punción del dedo lleva unos minutos, y si bien aun no está perfeccionada es probablemente mucho más fiable que el procedimiento actual de “revisión” del gobierno consistente en tomar la temperatura de los pasajeros.

Supongamos que usted maneja una empresa 35 millardos de dólares como Carnival Cruise Lines, o incluso una empresa 150 millones de dólares como Frontier Airlines. ¿Cree que estaría dispuesto a pagar durante un brote por una prueba rápida y fácil para proteger a sus pasajeros del Ébola (y a usted mismo de las demandas por negligencia si un pasajero infectase a otros)? Mi conjetura es que usted estaría muy dispuesto a hacerlo. De hecho, estoy seguro que las líneas de cruceros estarían encantadas de que hubiera una prueba de pre-embarque igualmente rápida, barata y fiable para el norovirus, también conocido como “gripe estomacal”, ya que en este momento la única opción que tienen para hacer frente a los brotes (han habido unos cuantos) es poner en cuarentena a los pasajeros sintomáticos y ofrecer reembolsos y descuentos a aquellos cuyos viajes se vean afectados.

Un mercado verdaderamente liberado, en el que estén completamente ausentes los juegos de poder del estado, probablemente luciría muy distinto del sistema actual. No tenemos ninguna manera de saber cómo y a donde viajaría la gente en una sociedad libre (¡o en un mundo libre!), pero es sensato predecir que si incluso el mercado distorsionado actual ofrece mejores soluciones para los brotes que el gobierno, un mercado liberado lo haría mejor todavía.

Artículo original publicado por Thomas L. Knapp el 20 de octubre de 2014.

Traducido del inglés por Alan Furth.

Por ejemplo, el Partido Libertad y Socialismo (PSOL) redactó una nota que indica una neutralidad no neutral: no apoyan a ninguno de los candidatos, pero recomiendan que nadie vote por Aécio Neves. Los políticos del partido, incluyendo los muy conocidos diputados Marcelo Freixo y Jean Wyllys, han declarado su apoyo a Dilma, aunque afirman que están tomando una posición “crítica” y no respaldan todas sus políticas.

Esto deja a los electores en una posición curiosa: En las redes sociales los simpatizantes y militantes del PSOL dicen que están votando por el “mal menor”, que en su opinión se supone que es Dilma. La situación es tan ridícula que incluso afirman que “su derrota sería nuestra derrota, una derrota de los movimientos sociales y la izquierda”. Es una situación de disonancia cognitiva en la que supuestamente se ve la victoria de Dilma con disgusto, pero que favorece efectivamente al proyecto del PT para mantenerse en el poder.

Una derrota aun más grande para los movimientos sociales es que Dilma Rousseff no sufrirá las consecuencias de sus acciones, y que seguirá siendo considerada como la representante de los intereses de la izquierda, en contraste con el elitismo del PSDB, que es idéntico al del PT. No importa que Rousseff y el PT sean aliados estratégicos de los grandes conglomerados empresariales subvencionados por el Banco de desarrollo de Brasil (BNDES). No importa que el PT haya hecho campaña por la expropiación violenta de cientos de miles de familias y haya creado zonas de monopolio para la Copa del Mundo que excluyeron a los trabajadores brasileños. No importa que se violen continuamente los derechos de las poblaciones indígenas y ribereñas de la Amazonia. Ni siquiera importa que las políticas del PT contribuyan a ampliar el déficit habitacional en Brasil y a expulsar a los pobres de los centros urbanos. Lo que importa es que los izquierdistas señalen su oposición a una élite: una élite a la que pertenecen los principales líderes del PT.

Durante la Copa del Mundo, Luciana Genro, la candidata presidencial del PSOL, declaró que no era un momento adecuado para las protestas. La conveniencia política de Genro y la izquierda universitaria brasileña no tiene en cuenta las consideraciones de las personas comunes. Es por eso que en C4SS apoyamos la desobediencia civil durante la Copa del Mundo, y la sustitución del comercio autorizado por la FIFA con vendedores callejeros libres, bazares y empresas no alineadas.

Todos estos factores muestran el peor rasgo de la izquierda brasileña: Su fe servil en el estado. Hay, en la izquierda, una noción muy mesiánica y leninista de lo que es un partido político: el Partido de los Trabajadores, a pesar de toda la injusticia y el sufrimiento que promueve con sus políticas, simboliza el cambio social y se debe mantener en el poder a toda costa.

Por eso es que el libertario socialista brasileño Mario Ferreira dos Santos solía decir que “la política, como método político de los socialistas, no es más que un medio para un fin”, pero esos medios “acaban convirtiéndose en más importantes que los fines y los reemplazan”. Mario se dio cuenta de que los partidos políticos son un “falso proceso de emancipación social” que sustituye a fines con medios y a través del cual “nunca somos capaces de alcanzar los fines deseados; cuando logramos algo, siempre es a pesar de la política”.

La izquierda partidista pro-Rousseff, en la actualidad, pone sus medios políticos en un pedestal y desprecia sus supuestos fines, deificando el papel del PT en la historia de Brasil como una vanguardia revolucionaria. Al hacerlo, relativiza las absurdas injusticias cometidas por su gobierno.

Tal vez estos militantes crean que están cumpliendo algún tipo de misión histórica y eso alivie su conciencia, pero sin duda esto no devuelve la dignidad y los hogares a los desalojados y los afectados por la Copa del Mundo, ni devuelve al pueblo brasileño los miles de millones que los capitalistas se embolsaron en cooperación con el gobierno.

El gobierno es el enemigo de los pobres y las minorías. Ninguna supuesta vanguardia progresista puede negar este hecho.

Artículo original publicado por Valdenor Júnior el 14 de octubre de 2014.

Traducido al español por Alan Furth a partir de la traducción al inglés de Erick Vasconcelos.