El mismo día, en los EE.UU. (“¿Así que ahora Seguridad Nacional puede detener a los sospechosos de piratear películas?” IO9, 21 de enero), el Departamento de Seguridad Nacional arrestó a un hombre por usar un Google Glass en un cine de Ohio, deteniéndolo durante tres horas – a pesar de que tenía la función de “grabar” apagada.

Finalmente, el 3 de febrero, Truth-Out.org reportó una demanda para revocar la Ley Antiterrorista para Empresas de Productos de Origen Animal, una ley de EE.UU. que trata actos anteriormente considerados delitos menores de desobediencia civil como la liberación de animales en granjas industriales – o incluso traspasar o filmar de manera encubierta sin permiso – como actos de terrorismo (“¿Es Liberar a un Pato un Acto de Terrorismo?“). Para poner las cosas en contexto, téngase en cuenta que a pesar de que el FBI en 2004 designó a los activistas ambientalistas y de derechos de los animales como la principal amenaza interna de terrorismo, nadie ha sido herido jamás por ninguna de las acciones de protesta de estos movimientos.

Toda la legislación de alto nivel para la “lucha contra el terrorismo” aprobada después del 9/11 fue justificada en su momento por la urgente necesidad de que nadie pudiese jamás volver a estrellar un avión contra un rascacielos, esparcir ántrax por ahí o hacer estallar una “bomba sucia” en una ciudad importante. Supuestamente se trataba de poderes extraordinarios otorgados sólo para contrarrestar peligros extraordinarios, que nunca serían utilizados por las fuerzas del orden contra delitos comunes. Pero, ¿cuándo es que el estado haya alguna vez prometido eso y cumplido su palabra? Las Leyes de Espionaje y Sedición aprobadas durante la Primera Guerra Mundial fueron acompañadas de aseveraciones similares de que no se utilizarían para suprimir el disenso ordinario y el debate político – y terminaron siendo utilizadas como justificación de arrestos masivos de personajes públicos críticos de la guerra, miembros de la I.W.W, y del Partido Socialista.

Así están las cosas. La Ley “USA PATRIOT” y una gran cantidad de agencias de seguridad como el CSIS, el RCMP, el FBI y el DHS están siendo utilizados para proteger las ganancias de las industrias de combustibles fósiles, la industria del cine y la agroindustria corporativa contra el debate, el escarnio público, o las protestas. ¿Tratar las protestas que interrumpen la jornada comercial como “terrorismo”? Si la Ley “USA PATRIOT” hubiese sido aprobada hace un par de generaciones, supongo que los plantones en los mostradores de restaurantes y los boicots de autobuses habrían sido clasificados como “terrorismo”.

El fin último de todas las leyes del estado y del aparato que exige su cumplimiento, independientemente de las aparentes justificaciones de esta o aquella ley, es la defensa de los intereses del sistema y los que lo controlan. Cualquier ley aprobada por el estado, y cualquier funcionario armado, uniformado y empleado por el estado para hacerla cumplir, interpretará el concepto de justicia de manera que sirva a los intereses del sistema de poder.

Artículo original publicado por Kevin Carson el 10 de febrero de 2014.

Traducido del inglés por Alan Furth.

Citando el abuso de la administración Obama de la Ley de Espionaje para hostigar a los periodistas y las fuentes, el encarcelamiento del denunciante del ejército de los EE.UU. Chelsea Manning, las amenazas de arresto e incluso asesinato al denunciante del NSA Edward Snowden, el acoso a los periodistas que lo asistían informando al público, y la amenaza de 105 años de prisión al periodista Barrett Brown por publicar un enlace en una página web, RSF designa a los EE.UU. como uno de los dos “gigantes del Nuevo Mundo que no dan el ejemplo” (el otro es Brasil).

Estas críticas son razonables y justas, pero RSF se equivoca al afirmar que los EE.UU. “por mucho tiempo fue la encarnación de una democracia establecida en la que reinaban las libertades civiles”. De hecho, el gobierno de EE.UU. tiene una larga y sórdida trayectoria de persecución de periodistas que se remonta casi a su fundación.

Sea el procesamiento penal de escritores por “difamar” al segundo y tercer presidentes de los Estados Unidos, la censura en tiempo de guerra (no sólo de información militar importante, si es que eso fuese una excusa razonable, sino explícitamente para garantizar el seguimiento de las líneas de política del régimen), el “comstockerismo” moral, o el acoso y persecución penal de cualquier persona que revelara verdades incómodas en momentos inoportunos, el estado norteamericano siempre ha tratado a las “libertades civiles” como meras conveniencias a ser suprimidas en cualquier momento que se conviertan en inconveniencias.

La verdadera cuestión planteada por la caída continua de EE.UU. en la clasificación de RSF es esta: ¿Por qué será que ese país ha encontrado durante los últimos años que la libertad de prensa es menos últil para sus objetivos, llevándolo a suprimirla cada vez más de lo habitual?.

O para ponerlo en contexto: ¿Por qué es que entre los estados gerencialistas autoritarios que emergieron en el mundo durante la primera mitad del siglo XX los EE.UU. estuvieron más dispuestos a aceptar más libertad de prensa como cuestión de rutina que Mussolini, Hitler, Franco o Stalin… y qué ha cambiado últimamente para que redujera su disposición a tolerar a los periodistas y sus fuentes?.

La respuesta es que mientras que los otros cuatro dictadores llegaron al poder a través de la violencia política abierta y se consideraban (con razón) acosados desde el comienzo de sus reinados, el estado de seguridad nacional de EE.UU. evolucionó más lentamente y con menos disidencia. Sus instituciones no fueron derrocadas; se adaptaron. Las ilusiones de consenso y consentimiento cuidadosamente custodiadas durante la mayor parte de la historia del estado se han conservado relativamente intactas, transmitidas desde la prácticamente apócrifa “vieja república” al “New Deal”, y de ahí a la “Gran Sociedad”, “La Mañana en America”, y la república bananera ​pos-9/11.

¿Por qué no dejar que los pájaros canten? Están enjaulados, la puerta bien trancada, y cuando el ruido se hace muy molesto, como ocurre de vez en cuando, el Estado puede tirar un paño oscuro sobre la jaula para ganar unas horas de paz y tranquilidad.

Pero Julian Assange le sacó de encima el paño a la jaula, Chelsea Manning rompió la tranca de la puerta, y Edward Snowden voló lejos del nido. A Barrett Brown le recortaron las alas y le pusieron un bozal en el pico; pero es demasiado tarde. Barack Obama, Keith Alexander y Mike Rogers no pueden llamar a una conferencia de prensa últimamente sin que Glenn Greenwald se abalace en público dejando caer una carga apestosa sobre sus cabezas.

La “libertad de prensa” está siendo abandonada porque ahora amenaza al estado americano. Esas ilusiones de consenso y consentimiento fueron muy útiles a los políticos estadounidenses por mucho tiempo, pero ahora se están disolviendo y exponiendo al gobierno estadounidense como un instrumento de fuerza bruta igual que todos los demás.

Podemos tener libertad – libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de todo tipo imaginable – o podemos tener un gobierno político. No podemos tener las dos cosas a la vez.

Artículo original publicado por Thomas L. Knapp el 12 de febrero de 2014.

Traducido del inglés por Alan Furth.

Cuando no están ocupados prohibiendo el tabaco, lo están prohibiendo las grasas trans. Cuando no están prohibiendo las grasas trans, están prohibiendo los refrescos en envases grandes. Y como la prohibición de los refrescos fracasó, su próximo objetivo son los cigarrillos electrónicos. «¡Por la salud pública!» es el nuevo «¡Ví a Sarah Good con el diablo!, ¡Ví a Good Osburn con el diablo!, ¡Ví a Bridget Bishop con el diablo!».

Si no me creen, créanle a los políticos de la ciudad que votaron a favor de extender la prohibición de fumar para que abarque el «no fumar, pero que se parece en algo al fumar si uno es muy pero muy estúpido».

La presidenta del Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York, Christine Quinn, no cita menciona ninguna preocupación genuina sobre la salud pública cuando explica so apoyo a la prohibición del vaping. Simplemente asevera que será más difícil hacer cumplir la prohibición de fumar si no es también ilegal aquello que un policía ciego, sordo y retardado mental que se encuentre bajo los efectos del crack pudiese confundir con el acto de fumar.

Como la justificación es tan obviamente vaga, nos confiesa su verdadera convicción: «Ahora muy pocas personas se sienten incómodas diciendo que no se puede fumar en público. No queremos dar un paso atrás en eso». En otras palabras, no prohibir los cigarrillos electrónicos podría hacer que los neoyorquinos reconsideren permitirle a Christine Quinn dirigir sus vidas. ¡Peligro, Will Robinson! ¡Peligro!.

El concejal James Gennaro y el «Comisionado de Salud» Thomas A. Farley se refieren a la ausencia de una prohibición de las exhalaciones de vapor que contienen 1/5 del contenido potencialmente tóxico del «humo de segunda mano» como un «vacío legal». «Vemos que estos cigarrillos [sic] están empezando a proliferar, y eso es inaceptable», declaró Gennaro. «He sido informado de gente fumando cigarrillos [sic – no son cigarrillos, no «se fuman», y lo que Gennaro realmente quiere decir es «he sido informado de personas que viven sus vidas sin consultarme y reverenciarme»] en las bibliotecas públicas. Y ciertamente se están haciendo más comunes en los restaurantes y bares».

Por supuesto, no es justo atribuir todo esto exclusivamente a los delirios controladores de sociópatas como Quinn, Gennaro y Farley. También hay dinero de por medio. Mucho dinero – 1,50 dólares en impuestos de la ciudad por cada paquete de cigarrillos «reales» que se venden legalmente (alrededor del 60% de los cigarrillos entran a la ciudad por contrabando para eludir a los atracadores más entusiastas de la ciudad, sus políticos), más cualquiera sea la proporción de los 4,35 dólares por paquete en concepto de impuesto estatal que se canaliza a través de Quinn, Gennaro y Compañía.

El asunto tiene que ver con el afán de controlar. Tiene que ver con el dinero. Con lo que no tiene que ver ni una pizca es con la «salud pública».

Eso no quiere decir que los cigarrillos electrónicos no sean riesgosos en asboluto. Puede que lo sean en cierta medida; los pocos estudios realizados hasta la fecha sugieren que pueden haber riesgos menores (muchísmo menos severos que los asociados con los cigarrillos «reales») en su consumo.

Pero no hay duda razonable alguna de que los cigarrillos electrónicos son más seguros que el fumar tabaco. Tampoco hay duda de que los cigarrillos electrónicos son una de las maneras más eficaces de conseguir que la gente deje de fumar tabaco – reduciendo los fondos para sobornos de Quinn y Gennaro en más de un dólar y medio por paquete de cigarrillos no fumado, y hasta que se apruebe la nueva prohibición, aflojando ligeramente los collares de perro que Quinn, Gennaro y Compañía han pasado tantos años ajustando alrededor del cuello de cada neoyorquino.

Los neoyorquinos saldrán perdiendo con la prohibición de los cigarrillos electrónicos. Y estarían mucho mejor sin “su” gobierno de la ciudad.

Artículo original publicado por Thomas L. Knapp el 20 de diciembre de 2013.

Traducido del inglés por Alan Furth.

Cuando llegó el momento de abordar el tema de las funciones militares, la discusión se tornó sumamente reveladora sobre lo que significa la “privatización” para buena parte de la Derecha libertaria. Stossel señaló que “gran parte del ejército ya está privatizado”, con Halliburton como proveedor de comidas y servicios de lavandería, construyendo facilidades de alojamiento, etc. No solo eso, agregó Friedman, “Todo el tema de armamento está privatizado”. Al fin y al cabo, los ejeŕcitos “no fabrican sus propias armas y tanques y otros instrumentos, sino que los compran a empresas privadas”.

De nuevo, ésto resulta muy iluminador en cuanto a cómo muchos libertarios de derechas conciben lo que es una economía de “libre mercado”. Claro, lo que importa a la hora de determinar cuánto se aproxima una economía al ideal del libre mercado es la porción de los ingresos totales que pasa por manos nominalmente “privadas” (en lugar de las manos de aquellos que están oficialmente en la nómina del gobierno), ¿no es cierto?.

Pues, no. Un mercado libre no es una sociedad en la que todas las funciones sociales son llevadas a cabo por corporaciones privadas con fines de lucro, sino una sociedad en la que todas las funciones son llevadas a cabo por asociaciones libres y voluntarias. Esto significa que la gente se abastece de los servicios que necesita organizándolos cooperativamente con otras personas por voluntad propia, o persuadiendo a alguien para que los provea voluntariamente. Y nadie es forzado a pagar por servicios que no desea.

Eso sería un mercado libre. Pero no sería el capitalismo – es decir, no sería un sistema en el que los capitalistas privados actúan a través del estado para garantizarse ganancias a través de la intervención coercitiva en el mercado. Los capitalistas no se enriquecen por fabricar cosas o la prestación de servicios. Se enriquecen mediante el control – con la ayuda del estado – de las circunstancias bajo las cuales se permite a la gente a fabricar cosas o prestar servicios. Si de hecho fabrican cosas o prestan servicios, lo hacen bajo circunstancias cuidadosamente controladas en las que reciben el dinero de clientes involuntarios que son reclutados como pagadores por el estado, o el estado limita la capacidad de otras empresas para competir con ellos. Ya sabes, como Halliburton y los contratistas militares. O el seguro médico privado que la gente tiene que comprar bajo Obamacare. En el capitalismo, las empresas privilegiadas ganan dinero cargándole los costos a los demás. Los grandes negocios obtienen sus ganancias externalizando sus costos operativos en el contribuyente.

Halliburton y los contratistas militares son casos extremos, pero en realidad eso es lo que sucede con casi toda la lista Fortune 500. Sus ganancias provienen, mayoritariamente, de los subsidios del gobierno o de derechos monopólicos de varios tipos impuestos forzosamente por el gobierno (como las patentes y derechos de autor) que prohíben a otros competir con ellos.

¿No me crees? Piénsalo un minuto: ¿cuáles son las industrias más rentables del mundo hoy en día? Hay industrias que dependen de la “propiedad intelectual” para restringir la competencia: software, entretenimiento, farmacéuticas, biotecnología, electrónica de consumo, los fabricantes que utilizan el intercambio y la agreagación de patentes para cartelizar mercados, y empresas que utilizan las marcas para controlar la producción subcontratada a talleres clandestinos del Tercer Mundo vendiendo al público por un precio de venta que multiplica muchas veces el costo unitario. Hay industrias extractivas, como la minería, la exploración petrolera y la agroindustria, que operan en tierras robadas gracias al legado del colonialismo y la complicidad de las élites terratenientes locales con las corporaciones occidentales. Ahí quedan incluidas las industrias directamente subvencionadas por el gobierno, como la agroindustria y los contratistas militares. ¿Qué queda?.

Sinceramente, ¿a quién le importa si una corporación como Halliburton es nominalmente “privada” o “pública?”. Si hace su dinero a través de la fuerza ejercida por el estado en su nombre, no deja de ser una parte del estado. La única diferencia es que en vez de sólo tener que pagarle a los empleados de la administración pública, los contribuyentes también tienen que alimentar a los accionistas y el resto de los cerditos millonarios vestidos de traje y corbata. Bajo estas circunstancias, en las que el contribuyente paga la cuenta y las personas que realizan la función son de facto funcionarios del estado de cualquier manera, en realidad sería más libertario realizar la función directamente a través del estado en lugar de pasar por la farsa de la subcontratación a un negocio “privado”. Por lo menos habría menos grupos de parásitos que alimentar.

Artículo original publicado por Kevin Carson el 2 de diciembre de 2013.

Traducido del inglés por Alan Furth.