La BBC de Londres reporta que “El Secretario General de Naciones Unidas ha exigido al presidente Alassane Ouattara, que cuenta con el apoyo de la comunidad internacional, investigar cientos de muertes atribuídas en parte a sus adeptos”. La violencia ha continuado en el país africano desde que Ouattara ganó unas elecciones el otoño pasado, quien ha sido popular desde hace mucho tiempo en el norte del país, controlado por fuerzas rebeldes.

El presidente en funciones para entonces, Laurent Gbagbo, se negó a dejar la presidencia, haciendo caso omiso de la fecha límite fijada para el 24 de marzo del año pasado por la Unión Africana. El inevitable resultado ha sido violencia y derramamiento de sangre en las calles de Abidján, centro urbano del país, mientras Gbagbo y sus acólitos acusaban a Ouattara y las fuerzas que lo respaldan de ser, entre otras cosas, encubridores de una maniobra francesa por ocupar el país. Independientemente de la veracidad de esa acusación o la legitimidad de la elección en disputa, se hace obligatorio revisar la reputación de estabilidad y paz de Costa de Marfil.

Con una infraestructura y economía que fueron la envidia de sus vecinos durante años, podría pensarse que no existían razones para que explotase una guerra civil en Costa de Marfil. Pero para los anarquistas de libre mercado, la polarización que existe en el país es consecuencia del estatismo de su programa económico.

La “liberalización de mercado” llevada cabo en el país, promovida como un modelo para el resto del continente africano y señalada como la causa fundamental de su “boom económico”, en realidad fue el típico proceso de privatización engañosa usado para drenar al país de sus recursos, tranfiriéndolos a élites favorecidas. A mediados de los 90, una “guía para invertir en empresas estatales” (un manual de “privatización” escrito por nada más y nada menos que Ernst & Young) indicaba que la mayoría de las empresas cedidas al “sector privado”, se dedicaban a la actividad industrial o agroindustrial.

Por supuesto, en un país en donde la riqueza está concentrada en la industria del cacao, solo los beneficios fueron privatizados, su mayoría en favor de accionistas franceses. En cambio, los costos de la infraestructura del país, la envidia del continente africano, fueron pagados por el trabajador marfileño. Para la clase dirigente, que se beneficia de la intervención estatal en la economía, la “privatización” y la “libre empresa” son conceptos totalmente distintos del significado que les da el anarquista de libre mercado.

En Costa de Marfil los plutócratas corporativos bien conectados cumplen el rol que antaño tenían los colonialistas franceses, capturando los beneficios producidos por sus exportaciones agrícolas. Si las clases trabajadores de Costa de Marfil están preocupadas por la posibilidad de la guerra civil y la ocupación, deberían preocuparse entonces por el estado en sí mismo sin importar quién loc controle.

Y a pesar de toda su palabrería acerca del “derececho popular a la autodeterminación”, las Naciones Unidas y la sagrada comunidad internacional no han dudado en hacer sus propias proclamaciones condescendientes acerca del futuro de Costa de Marfil.

Naturalmente, al consorcio internacional de bandas criminales que llamamos Naciones Unidas no se le ha ocurrido que la gente de Costa de Marfil pueda preferir escapar de las fronteras arbitrarias del África por sí misma. Ciertamente, el paradigma estatista no es compatible con la idea de que “autodeterminación” pueda significar algo más que la aceptación pasiva de un candidato aprobado por las Naciones Unidas o las líneas trazadas en un mapa por burócratas y administradores coloniales.

Los anarquistas de mercado, en cambio, mantienen que el estado es la fuente de la violencia y la explotación económica. Un mercado genuinamente libre que consista nada más que de intercambios voluntarios y mutuamente beneficiosos entre individuos es la verdadera vía hacia la atuodeterminación. El estado, que es la encarnación de la coerción legitimizada, permite a las élites arrasar con los recursos de una nación mientras confronta a sus habitantes entre sí.

El tipo de privatización aconsejada por el anarquista de libre mercado, en lugar de transferirle activos industriales a corporaciones jerárquicas y protegidas por el estado, haría dueño a cada trabajador, en lugar de utilizarlo como ficha de negociación entre poderosas mega-instituciones. Para la población marfileña, agotada y desmoralizada por un proceso político que no ha funcionado ni puede funcionar a su favor, la única salida viable es el proceso apolítico de educación y libre asociación.

Artículo original publicado por David D’Amato el 4 de abril de 2011.

Traducido del inglés por Alan Furth.

His opponent, the incumbent Laurent Gbagbo, declined to vacate the presidency, staying on after the March 24 deadline imposed by the African Union expired. The ineluctable result has been violence and bloodshed in the streets of the country’s urban center, Abidjan, with Gbagbo and his supporters accusing Ouattara’s forces of, among other things, serving as cover for a French occupation. Regardless of the truth of that claim or the fairness of the contested election, a reexamination of Ivory Coast’s reputation for peace and stability is in order.

With infrastructure and an economy that were the envy of its neighbors for years, the conventional wisdom tells us that civil war shouldn’t be happening in Ivory Coast. For free market anarchists, though, the country’s internal dissension is the predictable result of its statist economic program.

The nation’s “market liberalization,” hailed as a reform model for the rest of Africa and credited with the country’s “economic boom,” was in truth little more than the kind of crafty “privatization” subterfuge so often used to drain a country of its resources for favored elites. In the mid-1990s, a guide to “investing in state-owned enterprises” — a “privatization” handbook published by none other than Ernst & Young — noted that, of the agencies turned over to the “private sector,” “most … [were] industrial or agro-industrial concerns.”

Of course, in a country where the riches reside in the cocoa industry, only the profits were privatized — in large part to stockholders in France. In contrast, the costs of the country’s infrastructure, the envy of the African continent, were defrayed by the Ivorian laborer. For the ruling class, directing and benefiting from the state’s interventions into the economy, “privatization” and “free enterprise” mean something far different from the meaning free market anarchists attach to them.

In Ivory Coast, connected, corporate plutocrats stepped into the shoes of French colonial governors to reap the benefits of its abundant cash crop exports. If the working classes of Ivory Coast are worried about the prospects of civil war and occupation, then they need to be worried about the state itself, no matter who it is behind the wheel.

And for all of its characteristic and obligatory bromides about “a people’s right to political self-determination,” the UN and the sacred “international community” have had no reservations about making their own condescending proclamations regarding Ivory Coast’s future.

Naturally it hasn’t occurred to the international consortium of criminal bands we call the UN that the people of Ivory Coast might wish to escape Africa’s arbitrary political boundaries themselves. It certainly doesn’t comport with the statist worldview that “self-determination” might mean more to people than passive acceptance of either a politician endorsed by the UN or the lines on a map drawn by colonial surveyors and bureaucrats.

Market anarchists, on the other hand, maintain that the state is the source of both violence and economic exploitation. A genuine free market consisting of nothing more than the voluntary and mutually beneficial exchanges of individuals is the true means to self-determination. The state, the embodiment of legitimized coercion, allows elites to deplete a country’s resources while they turn neighbors against one another.

The privatization counseled by free market anarchists would, instead of turning industry over to hierarchical, state-protected corporations, make each worker an owner himself, not a bargaining chip between large, powerful institutions. For the Ivorian population, sapped and dispirited by a political process that has not and cannot work for them, the egress from oppression is the anti-political process of education and free association.

Translations for this article:

• Spanish, Autodeterminación en Costa de Marfil.