Las típicas defensas de las maquiladoras con argumentos de libre mercado se centran en el hecho de que “las maquiladoras son mejores que las alternativas disponibles“. Estas defensas también tienden a enfatizar el papel de las maquiladoras en un “proceso de desarrollo que en última instancia aumenta la calidad de vida”.

Si la autoridad bloquea otras opciones utilizando la violencia estatal sistemática a lo largo de décadas para arrebatarle a las personas sus derechos y recursos, entonces por supuesto que el empleo en una maquiladora comienza a parecer una buena opción, o incluso la mejor.

Pero esta redacción selectiva de la historia es la razón por la que tantos supuestos defensores del libre mercado se ganan la reputación de hacer la vista gorda ante la injusticia económica. Los anarquistas de mercado no ven ninguna razón coherente u honesta por la que los defensores de la libertad, la competencia y los derechos individuales debemos desperdiciar nuestras palabras justificando el régimen de esclavitud salarial ofrecido por las maquiladoras.

La frase “esclavitud salarial” suele enfadar bastante a la mayoría de los promotores de la libertad de mercado, que suelen argumentar que la relación empleador-empleado es un sencillo acuerdo voluntario basado en la libertad de contratación.

Sin embargo, la definición de un contrato legítimo asume que las relaciones han estado ausentes de coerción y coacción hasta alcanzarse el punto de “acuerdo”. Pero, ¿y si no lo han estado? ¿Y si la historia ha sido una serie de desventuras trágicas y violentas, una larga lista de expropiaciones, injusticias y otras villanías llevadas a cabo por el Estado para enriquecer a una pequeña clase dominante?

¿Seguiríamos estando dispuestos a defender las maquiladoras o empezaríamos a atacarlas con argumentos de libre mercado? Tal como lo expresó William Bailie, “la esclavitud salarial es simplemente la fase moderna de la esclavitud tradicional”. Al igual que los anarquistas de mercado de hoy en día, Bailie veía el capitalismo no como un proceso de avance y desarrollo, sino como un “retroceso económico” que socavaba la libertad personal.

Los anarquistas de mercado tienen más fe en la libertad, el espíritu empresarial y la soberanía individual que la mayoría de los que se autodenominan defensores de la libre empresa. No creemos que la gente de los países en desarrollo elegiría trabajar horas interminables en condiciones infrahumanas si no estuviesen limitados por restricciones arbitrarias como la ley de propiedad intelectual y tuviesen libre acceso a los recursos comunes como la tierra.

Los apologistas de las maquinadoras tienden a ignorar el problema del monopolio de la tierra, o tal como los describió Murray Rothbard, el problema de la “continua confiscación de la tierra por los agresores”. Rothbard argumentaba que los legítimos dueños de la tierra son “los verdaderos poseedores”, en lugar de aquellos “cuya original y continua ocupación de la tierra y sus frutos proviene de la coerción y la violencia”.

La historia de lo que hoy es considerado como el mundo en desarrollo, donde se encuentran la mayoría de las maquiladoras, está plagado por la monopolización política y el robo de la tierra, los cuales han deprimido los salarios y apuntalado las rentas. Esta profunda coacción política no tiene nada que ver con los verdaderos principios del libre mercado.

Cabe preguntarse si los defensores de “libre mercado” de las maquiladoras realmente creen que llegamos a la situación actual por el camino de la libre empresa, lo cual, de ser así, permitiría defender las condiciones económicas de hoy en día.

Puede ser que los defensores de las maquiladoras reconozcan sus antecedentes históricos, pero que aun así sigan considerando que es importante reconocerlas como la mejor alternativa para los pobres en el mundo en desarrollo. Pero nadie niega ese hecho en sí mismo – por el contrario, los anarquistas de mercado simplemente afirman que estos fenómenos son injustos e insostenibles tal como existen hoy en el mundo.

Artículo original publicado por David S. D’Amato el 30 de noviembre de 2014.

Traducido del inglés por Alan Furth.

Oficialmente, la esclavitud en Brasil, el último país de la América independiente en la que todavía existía essa institución para entonces, se abolió el 13 de mayo de 1888. Sin embargo, la aristocracia nunca firmaría una ley que resolviese los problemas de las personas de raza negra, a las que, durante siglos, robó de su dignidad y mano de obra. Se había preparado y moldeado el ambiente durante 40 años de manera que la abolición pudiese proceder de la mejor manera posible para los propietarios de esclavos.

Sometido a la presión de Inglaterra, Brasil se había estado moviendo en la dirección de la abolición durante mucho tiempo. La más famosa e ineficaz de las llamadas “leyes para los ingleses ver” (una expresión todavía usada en el país con la que se designan las leyes completamente vacías pero rimbombantes) fue la Ley Feijo, promulgada en 1832 y que daba libertad nominal a los esclavos que trabajaban las tierras de Brasil. Pero no fue hasta 1850 que la Ley Eusebio de Queirós prohibió el tráfico de esclavos. Por más que la esclavitud estuviese agonizando, se tomaron varias medidas para extender su vida.

En 1871 se aprobó la llamada Ley de Vientres Libres, “liberando” a los hijos de los esclavos, que serían “cuidados” por sus amos o por el Estado hasta los 21 años de edad en una condición de esclavitud de facto. En 1885 la Ley de los Sexagenarios “liberó” a los esclavos de más de 65 años de edad, en realidad dándole licencia a sus propietarios para descartarlos. Por último, la “abolición” se produjo con la aprobación de la “Ley Áurea”.

Es de esperar que medidas como las anteriores preservarían los privilegios de los blancos, pero ninguna llegó a parecerse en su inhumanidad perpetuada hasta nuestros días a la menos conocida “Ley de Tierras”.

Sancionada solo dos semanas después de la Ley Eusebio de Queirós, la ley número 601 del 18 de septiembre de 1850 estableció el fin de la libre ocupación de la tierra: no podría convertirse en propiedad por ocupación y transformación a través del trabajo, sino que tendría que ser comprada al Estado. La tierra ya ocupada sería sometida a ciertos requisitos de uso o revertiría al Estado y se vendería a su discreción.

Esta ley no solo impidió que los antiguos esclavos se apropiasen de la tierra a través de su trabajo, sino que también estipuló subsidios gubernamentales para la colonización extranjera del país, que trajo mano de obra extranjera y devaluó aún más el trabajo de las personas de raza negra.

Cuando se produjo la abolición los negros fueron abandonados a su suerte sin indemnización, reparación o tierra alguna – a pesar de que no hay valor que puediese compensar la injusticia de vidas enteras de trabajo forzoso. No se les permitió trabajar las tierras, pero tampoco tenían dinero para comprarlas directamente al Estado (que de todas maneras tenía el poder de determinar quiénes serían los nuevos propietarios de la tierra y las personas negras no tenían ninguna prioridad en ese sentido). La única opción que tenía la población negra era huir a las ciudades para vivir en casas de alquiler y vender precariamente su trabajo a cambio de salarios de esclavitud.

El espíritu contemporáneo de la época ya demandaba el fin de la esclavitud, pero Brasil impuso todos los obstáculos posibles al movimiento abolicionista. Estos obstáculos moldearon las oportunidades que tendría la gente negra y perpetuó el privilegio blanco.

Cuando miramos a nuestro alrededor en el Día de la Conciencia Negra nos damos cuenta de que el color de la piel de los pobres, marginados y explotados en nuestra sociedad es diferente del de las élites. Esto no sucedió por casualidad: fue el resultado de una serie de medidas destinadas a mantener a la población negra en la sumisión.

En 1900, el gran abolicionista y libertario Joaquim Nabuco declaró en su autobiografía: “La esclavitud permanecerá por mucho tiempo como la característica nacional de Brasil”. Y tenía toda la razón.

Artículo original publicado por Eduardo Lopes el 20 de noviembre de 2014.

Traducido por Alan Furth a partir de la traducción al inglés de Erick de Vasconcelos de la versión original en portugués, escrita por Eduardo Lopes.

Entre los que discrepan con las declaraciones del Papa está Keith Farrell, un coordinador de campus de los Estudiantes por la Libertad en la Universidad de Connecticut (“Por qué el Papa está equivocado respecto a la desigualdad“, City AM, 21 de agosto). Acusa al Papa de “convertir a los ricos en chivos expiatorios de la pobreza” y atribuye a Marx el haber concebido la idea “de que el éxito de algunos perjudica a otros económicamente y que los ricos sólo se han hecho ricos a expensas de los pobres”. Farrell cita a un surcoreano: “Si alguien ha hecho una fortuna por sí mismo, en buena lid, y tiene un montón de dinero, no creo que eso sea algo que deba ser condenado”.

Es una hipótesis interesante, pero, ¿exactamente cuánto de la creciente concentración de la riqueza de la élite económica en realidad se hizo “en buena lid?” A lo largo de su artículo de opinión, Farrell iguala implícitamente el sistema en que vivimos ahora con la “libertad económica” y “la libre empresa”. Pero eso es un ejemplo de lo que yo llamo “libertarismo vulgar“: defender el capitalismo corporativo existente como si se tratara de un mercado libre, y el uso de retórica de “libre empresa” para defender la riqueza y el poder económico que los capitalistas corporativos han en realidad acumulado a través de un sistema de poder abrumadoramente estatista.

Es difícil creer en la idea de que Marx haya sido el primero en darse cuenta de que en una sociedad de clases, gobernada por un Estado de clase, los ricos se hacen ricos a costa de los pobres. Probablemente se le haya ocurrido algún campesino chino o sumerio mientras se rompía el lomo con una azada tratando de producir lo suficiente como para sobrevivir después de pagar las rentas del sacerdocio del templo. Y un montón de pensadores radicales de libre mercado —Thomas Hodgskin, Benjamin Tucker, Franz Oppenheimer— llegaron a la misma conclusión en tiempos más recientes. El sistema capitalista en el que vivimos hoy es el heredero lineal de los sistemas de clase impuestos por el Estado de miles de años atrás.

“Los mercados libres”, lejos de definir estructuralmente al capitalismo, se les permite operar en sus márgenes en la medida en que son compatibles con los intereses de los propietarios que controlan el Estado. Incluso durante el supuesto “laissez-faire” del siglo XIX, la “libre empresa” fue una superestructura erigida sobre cimientos creados por siglos de robo masivo —el cercamiento de la tierra y la desposesión del campesinado, primero en el occidente incipientemente industrial y luego en el mundo colonial, restricciones masivas a la libre circulación y asociación de los trabajadores en la Gran Bretaña industrial, el trabajo esclavo y la confiscación de la riqueza minera global. Hoy en día muchos de los frutos de ese robo, como los títulos absentistas sobre terrenos baldíos y la propiedad corporativa de los recursos naturales del Tercer Mundo, y el monopolio de la oferta de crédito y el medio de intercambio por parte de los dueños de la riqueza robada, todavía gozan de legitimidad legal.

Hoy en día el capitalismo corporativo depende aún más del estatismo —”propiedad intelectual”, cárteles regulatorios y otras barreras a la entrada, y enormes sistemas de subsidio directo como los son el Complejo Militar-Industrial y el sistema interestatal de autopistas y de aviación civil.

Es cierto, como dice Farrell, que los niveles de vida han aumentado en términos absolutos a pesar del aumento de la desigualdad — cierto hasta donde cabe. Pero el hecho es que las ventajas de los avances tecnológicos se rigen por el mismo mecanismo de discriminación de precios que rige a todos los monopolios: Las grandes corporaciones utilizan patentes monopólicas para acaparar el progreso tecnológico, permitiendo que gotee sobre las clases trabajadoras apenas lo suficiente de los beneficios de la mayor productividad como para que les valga la pena seguir comprando, apropiándose del resto en forma de rentas monopólicas.

La declaración de Farrell según la cual “el capitalismo ha traído la libertad y la abundancia” a Corea del Sur amerita un análisis similar. El capitalismo de Corea del Sur fue construido sobre los cimientos de la ocupación militar estadounidense y un régimen militar instalado por la autoridad de ocupación, que posteriormente liquidó la sociedad cuasi-anarquista de comunidades rurales autogobernadas y fábricas autogestionadas que había surgido después de la retirada japonesa en 1945. Este régimen echó a anarquistas e izquierdistas de todo tipo a las fosas comunes, y durante sus décadas en el poder no era exactamente amable a la “libertad económica” de —por ejemplo— los trabajadores coreanos que querían sindicalizarse.

Curiosamente, Farrell comparte una suposición errónea con el Papa Francisco: que la reducción de la desigualdad requiere que el gobierno “redistribuya la riqueza”. Ambos están equivocados. Lo que tenemos ahora equivale a una redistribución hacia arriba de la riqueza, con “impuestos” sobre las clases productoras en forma de las rentas monopólicas impuestas por el Estado que pagamos a los terratenientes y capitalistas. No necesitamos la intervención del Estado para redistribuir la riqueza hacia abajo. Necesitamos una revolución que impida que el estado siga redistribuyendo la riqueza hacia arriba.

Es hora de que los partidarios del libre mercado dejen de actuar como boxeadores contratados por el actual sistema de poder y empiecen a usar las ideas de libre mercado para defender la verdadera justicia económica.

Artículo original publicado por Kevin Carson el 23 de agosto de 2014.

Traducido del inglés por Alan Furth.

Pero los primeros años de la historia política de los Kirchner son aún más relevantes que los últimos 11 años. Durante la década de los años 70, Fernández y su esposa establecieron un estudio jurídico en Río Gaellgos, en la provincia patagónica de Santa Cruz. Al estudio le fue muy bien durante esos años, sobre todo justo después de una fuerte devaluación del peso en 1980 que resultó de las catastróficas políticas económicas implementadas por la junta militar que gobernaba al país en ese entonces. Cuando las tasas de interés indexadas a la inflación sobre hipotecas se dispararon a niveles estratosféricos y la gente se vio obligada a vender sus casas a precios irrisorios, los Kirchner hicieron mucho dinero asistiendo a varios bancos en los procesos de desalojo.

Y los métodos que usaban podrían quizá calificarse como “buitrescos”. El abogado Rafael Flores –que compartió el peronismo con los Kirchner cuando regresó la democracia al país pero que se convertiría en uno de sus principales detractores durante la década de los 90– tomó el caso de la Sra. Ana Victoria de Asaet, una dedudora hipotecaria que se vio en problemas por aquel entonces y que demandó penalmente a los Kirchner, quienes se habrían quedado con sus pagarés en lugar de romperlos después del cobro. Cuando Flores se encontró con Fernández a la salida de los tribunales locales y le preguntó qué necesidad tenían ella y su esposo de hacer lo que hacían, su célebre respuesta fue que “Queremos hacer política, y para hacer política en serio se necesita ‘platita'”. Tony Montana no podría haberlo dicho mejor.

Lamentablemente, los opositores de Fernández en Argentina, muchos de los cuales se identifican como libertarios, han asumido la patética posición de defensores de los fondos buitre, llevando a cabo uno de los más descarados ejercicios de falsa retórica de libre mercado que se hayan visto en el país desde la era menemista.

Sus argumentos no son más que refritos bastante crudos del discurso publicitario de Paul Singer en Elliot Management y de otros personajes del mundo de los fondos de cobertura. Tal como lo resumió Jim Armitage en un artículo recientemente publicado en The Independent,

Los buitres argumentan que si no fuese por la presión ejercida por sus implacables e inquebrantables batallas en las cortes, los dictadores de pacotilla, los cleptócratas y los líderes populistas irresponsables no tendrían nada que temer a la hora de endeudarse hasta la coronilla, malgastar (o robar) el dinero, y después desaparecer en la distancia.

La falacia más escandalosa de esta manera de presentar el asunto es la conflación de la clase política de un país con su ciudadanía. Toda vez que los buitres logran cobrar el valor total de bonos gubernamentales impagos, los que terminan pagando son, por supuesto, los contribuyentes, los ciudadanos de a pie. Al tomar dinero prestado en nombre del pueblo, los políticos locales obtienen pingües beneficios económicos y políticos, pero jamás contribuirán a pagarlo mucho más que un ciudadano cualquiera que se gane la vida en un trabajo de verdad. ¿Cómo es que se supone que eso pudiese llegar a incentivar en lo más mínimo la frugalidad fiscal de la clase política? ¿Cómo es que los que dicen defender una noción mínimamente significativa de la libertad humana aúpan el intento de socializar las pérdidas de acreedores que voluntariamente decidieron prestar dinero a gobiernos corruptos e irresponsables? ¿No equivale eso a someter al ciudadano común y corriente a la esclavitud por deudas en nombre de los intereses de operadores financieros cómplices cómplices del poder político?

De hecho, muchos eruditos pro-Elliot de “libre mercado” están tan empecinados en hacerle la contra al gobierno de Fernández a cualquier costo que terminan defendiendo la interpretación bizarramente heterodoxa que hizo el juez Griesa de la cláusula pari passu en el contexto de los bonos de deuda soberana. Tal como lo señaló recientemente el bloguero especializado en finanazas Félix Salmon, la cláusula es un “claro ejemplo de letra chica vacía que no significa absolutamente nada en el contexto de la deuda soberana”.

La interpretación tradicional de la cláusula pari passu por los agentes del mercado en las transacciones financieras internacionales es que el principio impide a los prestatarios incurrir en obligaciones hacia otros acreedores que tengan mayores derechos de cobro que el instrumento de deuda que contenga la cláusula. Fuera del contexto de los procedimientos típicos de bancarrota corporativa, la noción de que una cláusula pari passu implica que no puede pagarse a un acreedor que goza de un nivel de derechos determinado si no se paga a todos los acreedores del mismo nivel es una falacia pura y dura.

Nadie que tenga un mínimo de sentido común y honestidad intelectual debería tratar de presentar a operadores financieros expertos en extraer rentas a través de manipulaciones legales inescrupulosas como si fuesen actores en un mercado libre que intentan hacer cumplir términos contractuales sensatos. Sobre todo, no deberían hacerlo aquellos que se identifican como “libertarios”.

Las ideas básicas del libertarismo de izquierda, tal como las entendemos los que pertenecemos a la Alianza de la Izquierda Libertaria (ALL) y al Centro para una Sociedad sin Estado (C4SS), son más amplias de lo que postulan nuestras organizaciones por sí mismas. La década de los años 90 fueron una especie de era del motor de vapor para la idea general de un libertarismo con orientación de izquierda, y para el uso de las ideas de libre mercado como un arma contra los males del capitalismo corporativo; una serie de pensadores han desarrollado líneas paralelas de análisis de forma independiente el uno del otro, y se han convertido en una tendencia ideológica amplia y unida por vínculos relativamente flexibles. Pero teniendo en cuenta el papel desproporcionado que ALL y C4SS han jugado en la creciente importancia de esta tendencia, parece sensato explicar de dónde venimos y lo que entendemos que es el libertarismo de izquierda.

El uso más antiguo y más amplio del término “libertario de izquierda”, y que tal vez sea el más familiar para aquellos en el movimiento anarquista en general, se remonta a finales del siglo XIX e incluye a prácticamente toda la izquierda no-estatista, horizontalista o decentralista — básicamente a todo el mundo menos a los socialdemócratas y a los leninistas. Originalmente fue utilizado como sinónimo de “socialista libertario” o “anarquista”, y solía incluir a sindicalistas, comunistas consejistas, a los seguidores de Rosa Luxemburgo y Daniel DeLeon, etc. Muchos de nosotros en C4SS nos consideraríamos parte de esta comunidad libertaria de izuqierda más amplia, a pesar de que lo que queremos decir cuando decimos que somos “libertarios de izquierda” es más específico.

Para el público en general de hoy en día, puede que el “libertarismo de izquierda” evoque a una escuela de pensamiento representada durante los últimos veinte años por gente como Hillel Steiner y Peter Vallentyne, entre otros. La mayoría de los seguidores de esta filosofía, combinan la creencia en la soberanía personal y el principio de no agresión con ideas izquierdistas acerca de la limitada medida en que los individuos pueden desasociarse del comunal, y adquirir derechos ilimitados de disposición sobre él con simplemente combinar su trabajo con éste. Se solapa en gran medida con el Georgismo y el Geolibertarismo. Aunque esta versión del libertarismo de izquierda no abarca a lo que promovemos en ALL/C4SS, y algunos de nuestros miembros se opondrían a aspectos de la misma, es fácil imaginar a un adherente de esta filosofía que se sintiese como en casa entre nosotros.

Dentro de la comunidad libertaria anglosajona, y entre los que se describen como “liberales” en el resto del mundo, el término “libertario de izquierda” podría estar asociado con el intento de Murray Rothbard y Karl Hess de forjar una alianza con los anarquistas en la SDS alrededor de 1970, y con los movimientos como el agorismo de Sam Konkin que crecieron a partir del mismo. Aunque el rothbardismo de izquierda y el agorismo de Konkin no son la posición oficial de ALL/C4SS, sería justo decir que tenemos una cierta continuidad organizativa con el Movimiento de la Izquierda Libertaria de Konkin, y una parte significativa de nuestra membresía central más antigua viene de la tradición rothbardiana de izquierda y konkinista. Yo, por ejemplo, no vengo de ninguna de esas dos tendencias. Somos una coalición multi-tendencia que incluye rothbardianos de izquierda, anarquistas individualistas clásicos del siglo XIX, georgistas, y muchas otras tradiciones.

También hay una tendencia entre los libertarios estadounidenses a confundirnos con los “Libertarios idealistas” [Bleeding Heart Libertarians], que en realidad es el nombre de un blog específico. Aunque en ese blog hay unos cuantos artículos buenos y han publicado algunas de nuestras cosas, no somos libertarios idealistas como tales. Los libertarios idealistas son mucho más afines al fusionismo “liberaltario”, con desviaciones que van desde el “paternalismo libertario” de Cass Sunstein a la defensa de los talleres clandestinos y los asentamientos israelíes. Por no hablar de que la mayoría de ellos no son anarquistas y nosostros sí.

Así que ahora que hemos considerado todas las cosas que no somos en ALL/C4SS, y lo que no queremos decir con “libertarismo de izquierda”, ¿qué es lo que realmente representamos? Nosotros nos autodenominamos libertarios de izquierda, en primer lugar, porque queremos rescatar las raíces izquierdistas del libertarismo de libre mercado, y en segundo lugar, porque queremos demostrar la pertinencia y utilidad del pensamiento de libre mercado para abordar las preocupaciones actuales de la izquierda.

El liberalismo clásico y el movimiento socialista clásico de principios del siglo XIX tuvieron raíces comunes muy afines en la Ilustración. El liberalismo de Adam Smith, David Ricardo y otros economistas clásicos, era en gran medida un asalto izquierdista contra los arraigados privilegios económicos de la gran oligarquía terrateniente Whig y el mercantilismo de las clases adineradas.

A medida que los industriales en auge derrotaron a los terratenientes y mercantilistas Whig en el siglo XIX y ganaron una posición predominante en el Estado, el liberalismo clásico fue adquiriendo el carácter de una doctrina apologética en defensa de los intereses arraigados del capital industrial. A pesar de eso, las vetas de izquierda – incluso socialistas – del pensamiento de libre mercado sobrevivieron en los márgenes del liberalismo establecido.

Thomas Hodgskin, un liberal clásico que escribió desde 1820 hasta 1860, era también un socialista que veía la renta, las ganancias y los intereses como rendimientos monopólicos sustentados en privilegios y derechos de propiedad artificiales. Josiah Warren, Benjamin Tucker y otros individualistas estadounidenses también favorecieron una forma de socialismo de libre mercado en el que la libre competencia destruiría la renta, las gangncias e intereses y garantizaría que “el salario natural del trabajo en un mercado libre fuese su producto”. Muchos anarquistas individualistas asociados con el grupo Libertad de Tucker tenían estrechos vínculos con movimientos laborales radicales y grupos socialistas como los Caballeros del Trabajo, la Asociación Internacional de los Trabajadores y la Federación Occidental de Mineros.

Esta rama del libertarismo era también izquierdista desde un punto de vista cultural, estrechamente asociada con los movimientos por la abolición de la esclavitud, por la igualdad racial, el feminismo y la libertad sexual.

A medida que las guerras de clase del siglo XIX se desarrollaban, la retórica de “libre mercado” y de “libre empresa” en la política convencional estadounidense se asoció cada vez más con la defensa militante del capital corporativo frente a los desafíos radicales del movimiento populista laboral y granjero. Al mismo tiempo, la división interna dentro del movimiento anarquista entre los comunistas y los individualistas dejó a los últimos aislados y vulnerables a la colonización por parte de la derecha. En el siglo XX, “el libertarismo de libre mercado” llegó a estar estrechamente asociado con las defensas derechistas del capitalismo esgrimidas por Mises y Rand. La tradición individualista sobreviviente fue despojada de sus antiguas tradiciones culturales izquierdistas, pro-laborales y socialistas, y asumió un carácterde derecha cada vez más apologético.

Sin embargo, incluso entonces algunos remanentes de la tradición de izquierda más antigua sobrevivieron en el libertarismo estadounidense. En particular, georgistas y cuasi-georgistas como Bolton Hall, Albert Nock y Ralph Borsodi siguieron dando vueltas por ahí más allá de la mitad del siglo XX.

Los que pertenecemos a la Izquierda Libertaria consideramos absolutamente perverso que el libertarismo de libre mercado, una doctrina que tuvo sus orígenes como un ataque contra el privilegio económico de los terratenientes y comerciantes, haya sido cooptado en defensa del poder establecido de la plutocracia y las grandes empresas. El uso del “libre mercado” como una ideología legitimadora para el capitalismo corporativo triunfante, y el crecimiento de una comunidad de propagandistas “libertarios”, es una perversión de los principios del libre mercado tanto como la cooptación de los símbolos y la retórica del movimiento socialista histórico por parte de los regímenes estalinistas fue una perversión del movimiento de la clase obrera.

El sistema capitalista industrial que la corriente libertaria convencional ha estado defendiendo desde la mitad del siglo XIX nunca se ha aproximado en lo más mínimo a un régimen de libre mercado. El capitalismo, como sistema histórico que surgió en la época moderna, es en muchos sentidos una consecuencia directa del feudalismo bastardo de la Baja Edad Media. Se fundamentó en la disolución de los campos abiertos, el cercamiento de las tierras comunales y otras expropiaciones masivas de los campesinos. En Gran Bretaña la población rural no sólo fue transformada en un proletariado desposeído y coaccionado hacia el trabajo asalariado, sino que también se criminalizó su libertad de asociación y de circulación con la implementación de un Estado policial draconiano durante las dos primeras décadas del siglo XIX.

A nivel mundial, el capitalismo se expandió como sistema mundial a través de la ocupación colonial, la expropiación y la esclavización de gran parte del Sur global. Decenas y cientos de millones de campesinos fueron despojados de sus tierras por las potencias coloniales, obligándolos a entrar en el mercado de trabajo asalariado, y sus antiguas tenencias fueron consolidadas para la agricultura de cultivos comerciales en una especie de reedición mundial de los Cercamientos de Gran Bretaña. Tanto en tiempos coloniales como post-coloniales, las tierras y los recursos naturales del Tercer Mundo fueron cercados, robados y saqueados por los intereses comerciales occidentales. La actual concentración de la tierra del Tercer Mundo en manos de las élites terratenientes que producen en connivencia con los intereses de la agroindustria occidental, y de los recursos de petróleo y minerales en las manos de las corporaciones occidentales, es una herencia directa de cuatrocientos años de robo colonial y neo-colonial.

Los que nos identificamos con la Izquierda Libertaria tal como la entendemos en C4SS queremos arrancar los principios del libre mercado de las manos de los asalariados de las grandes empresas y la plutocracia y volver a usarlos en función de su propósito original: de un asalto total contra los intereses económicos atrincherados y las clases privilegiadas de nuestro tiempo. Si el liberalismo clásico de Smith y Ricardo fue un ataque contra el poder de los oligarcas terratenientes partidarios del Whig y los intereses adinerados, nuestro libertarismo de izquierda es un ataque a lo que más se parece a eso en nuestro tiempo: el capital financiero global y las corporaciones transnacionales. Repudiamos el papel del libertarismo dominante en la defensa del capitalismo corporativo en el siglo XX y su alianza con el conservadurismo.

En la Izquierda Libertaria queremos demostrar la pertinencia de los principios de libre mercado, de libre asociación y de cooperación voluntaria para abordar las preocupaciones de la izquierda de hoy en día: la injusticia económica, la concentración y la polarización de la riqueza, la explotación del trabajo, la contaminación y los residuos, el poder empresarial, y las formas estructurales de opresión como el racismo, el sexismo, la homofobia y la transfobia.

Dondequiera que se haya perpetrado el robo o la injusticia, tomamos una firme postura a favor de la plena rectificación. Dondequiera que persista la propiedad de la tierra por parte de élites neo-feudales, debe ser tratada como propiedad legítima de aquellos cuyos antepasados la ​​han trabajado y utilizado. Los campesinos expulsados ​​de la tierra para levantar cultivos comerciales para Cargill y ADM deben ser reestablecidos como legítimos propietarios. Las haciendas en América Latina deberían abrirse para que los campesinos sin tierra puedan ocuparlas productivamente. Los títulos de propiedad de la tierra vacante y no mejorada en los Estados Unidos y otras sociedades de colonos que se ha cercado y dejado fuera de uso por propietarios ausentes, deberían ser anulados. En los casos donde la tierra originalmente reclamada en virtud de un título tan ilegítimo esté siendo efectivamente trabajada o habitada por inquilinos o pagadores de hipoteca, la titularidad completa debe ser inmediatamente transferida a ellos. Los títulos de propiedad corporativa de las minas, los bosques y los campos petrolíferos obtenidos mediante robo colonial deberían ser anulados.

La lista mínima de las exigencias del libertarismo de izquierda debe incluir la abolición de todos los derechos de propiedad artificial, la escasez artificial, los monopolios, las barreras de entrada, los carteles reglamentarios y las subvenciones, gracias a los cuales prácticamente la totalidad de las empresas del Fortune 500 generan la mayor parte de sus ganancias. Debe incluir la terminación de todo título de propiedad sobre terrenos baldíos y sin mejoras, todos los monopolios de “propiedad intelectual”, y todas las restricciones a la libre competencia en el tema del dinero y del crédito o a la libre adopción de cualquiera y todos los medios de intercambio elegidos por las partes de una transacción. Por ejemplo, la abolición de las patentes y las marcas comerciales significaría el fin de todas las barreras legales que impiden a los contratistas de Nike en Asia producir inmediatamente imitaciones idénticas de las zapatillas y comercializarlas a la población local a una pequeña fracción del precio sin el recargo que implica el “Swoosh”. Significaría el fin inmediato de todas las restricciones a la producción y venta de versiones competitivas de los medicamentos bajo patente, a menudo por tan poco como el 5% del precio. Queremos que la porción del precio de todos los bienes y servicios conformada por las rentas incorporadas sobre la “propiedad” de ideas o técnicas —a menudo la mayor parte de su precio— desaparezca ante la competencia inmediata.

Nuestro programa debe incluir, además, el fin de todas las barreras artificiales a la actividad por cuenta propia, a la empresa casera, a la vivienda vernácula o autoconstruida y a otros medios de subsistencia de bajo costo — esto incluye las leyes de habilitación y zonificación o códigos de seguridad. Y debe incluir terminar con todas las restricciones legales sobre el derecho de los trabajadores a organizarse y para negarse a prestar sus servicios bajo cualquier circunstancia o a participar en boicots, y el fin de todos los privilegios legales que dan a los establecimientos sindicales certificados el derecho a restringir las huelgas salvajes y otros tipos de acción directa por parte de sus trabajadores de base.

En el caso de la contaminación y el agotamiento de los recursos, la agenda de la izquierda libertaria debe exigir el fin de todo tipo de acceso privilegiado a la tierra por parte de las industrias extractivas (es decir, la colusión de la Oficina de Administración de Tierras de EE.UU. con las compañías petroleras, mineras, madereras y ganaderas), de todos los subsidios a la energía y el consumo de transporte (incluyendo el fin de los subsidios a aeropuertos y autopistas y el uso del dominio eminente para esos fines), el fin de la utilización del dominio eminente para oleoductos y gasoductos, la eliminación de todas las limitaciones regulatorias de la responsabilidad corporativa por derrames de petróleo y otros tipos de contaminación, el fin de la doctrina por la cual las normas mínimas regulatorias impiden normas preexistentes de responsabilidad más estrictas derivadas del derecho consuetudinario, y la restauración completa de la responsabilidad ilimitada (tal como existía en el marco del derecho consuetudinario de agravios original) para actividades contaminantes como el fracking y la remoción de la cima de las montañas. Y debe abolir, obviamente, el rol del Estado guerrerista de EE.UU. en asegurar el acceso estratégico a las cuencas petroleras extranjeras o mantener las rutas marítimas abiertas para los barcos petroleros.

El capitalismo corporativo y la opresión de clase deben su existencia a la intervención del Estado a favor de los privilegiados y poderosos. Los mercados genuinamente libres, la cooperación voluntaria y la libre asociación actuará como dinamita en los cimientos de este sistema de opresión.

Cualquier agenda de izquierda libertaria digna de ese nombre debe incluir también una preocupación por la justicia social y la lucha contra la opresión estructural. Eso significa, obviamente, el fin de toda discriminación impuesta por el Estado en cuanto a raza, género u orientación sexual. Pero significa mucho más que eso.

Es cierto que como libertarios nos oponemos a todas las restricciones legales a la libertad de asociación, incluyendo las leyes contra la discriminación por parte de las empresas privadas. Pero debemos apoyar con entusiasmo la acción directa para combatir la injusticia en el ámbito social. E históricamente, las leyes estatales contra la discriminación solo han servido para codificar, de mala gana y después del hecho, las triunfos obtenidos sobre el terreno a través de la acción directa, como los boicots de autobuses, las sentadas en los despachos de almuerzo y los disturbios de Stonewall. Debemos apoyar el uso de la acción directa, la presión social, los boicots y la solidaridad social para combatir las formas estructurales de opresión como el racismo y la cultura de la violación, y desafiar las normas interiorizadas que perpetúan estos sistemas de coerción.

Al abordar todas las formas de injusticia, debemos adoptar un enfoque interseccional. Eso incluye el repudio a las prácticas de la vieja izquierda de desestimar las preocupaciones de raza y género como “divisivas” o postergables “hasta más tarde” en interés de la unidad de clase. También incluye un repudio de los movimientos de justicia racial y de género dominados por profesionales de clase media alta que solo se preocupan por ver “caras negras o femeninas en las altas esferas del poder”, y “gabinetes/juntas directivas que se parezcan al resto de Estados Unidos”, dejando el poder de esas altas esferas, gabinetes y juntas directivas intacto. El asalto a una forma de privilegio arraigada no debe ser razón para llegar a una solución de compromiso en otras luchas; más bien, todas las luchas son complementarios y se refuerzan mutuamente.

Preocuparnos especialmente por las necesidades interseccionales de los compañeros menos favorecidos en cada movimiento de justicia —mujeres y personas de color en la clase obrera; mujeres pobres y trabajadoras, mujeres de color, mujeres transexuales y trabajadoras sexuales dentro del feminismo; las mujeres, los pobres y los trabajadores en el movimiento por la justicia racial; etc.— no divide estos movimientos. De hecho los fortalece ante los intentos de la clase dominante para dividir y conquistar mediante la explotación de las líneas de fractura interna como fuente de debilidad. Por ejemplo, los grandes terratenientes derrotaron a los sindicatos de granjeros arrendatarios en el sur estadounidense durante la década de 1930 mediante el fomento y la explotación de la discordia racial, logrando que el movimiento se dividiese en sindicatos blancos y negros separados. Cualquier movimiento de clase, justicia racial o sexual que no tenga en cuenta la combinación de múltiples formas de opresión entre sus propios miembros, en lugar de prestar especial atención a las necesidades especiales de los menos privilegiados, queda abierto al mismo tipo de manipulación. En última instancia, este tipo de atención a los problemas interseccionales debe incluir un enfoque de espacios seguros que cree un ambiente receptivo de verdadero debate para todos, sin el efecto amedrentador causado por el acoso deliberado y las difamaciones.

Los libertarios —a menudo por nuestra propia culpa— han sido descartados por muchos como “republicanos que fuman marihuana” que adhieren a una ideología insular principalmente de hombres blancos de clase media que trabajan en startups de Silicon Valley. En demasiadas publicaciones y comunidades en línea libertarias convencionales, la tendencia reflexiva es defender a los grandes negocios contra los ataques de los trabajadores y los consumidores, a los arrendadores contra los arrendatarios, y a Walmart contra la gente común, rechazando a cualquiera que sea crítico en este sentido como enemigo del libre mercado y tratando a las corporaciones como si fuesen portavoces de los principios del libre mercado. Esta tendencia es paralela a otra similar a descartar cualquier preocupación por la justicia racial y sexual como “colectivista”. El resultado es un movimiento que la gente pobre y trabajadora, las mujeres y las personas de color ven como totalmente irrelevantes a sus preocupaciones. Mientras tanto, los varones blancos de 20 y pico de años que trabajan en las industrias de alta tecnología explican la falta de mujeres y minorías en función de su “colectivismo natural”, y con aire taciturno citan mutuamente “El trabajo de Isaías” de Nock.

Los que estamos en la Izquierda Libertaria no queremos ser relegados a las catacumbas, o ser el equivalente moderno de los jacobitas sentados en los cafés recordando a Bonnie Prince Charlie y el ’15. No queremos rezongar sobre cómo la sociedad se va al garete mientras que la mayoría de la gente que lucha para cambiar las cosas para mejor nos ignora. Queremos que nuestras ideas estén en el centro de las luchas por la justicia y una vida mejor en todo el mundo. Y sólo podemos hacer esto abordando las preocupaciones reales de la gente real, repetándolas como se merecen, y mostrándoles cómo nuestras ideas son relevantes. Y eso es lo que pretendemos hacer.

Artículo original publicado por Kevin Carson el 15 de junio de 2014.

Traducido del inglés por Alan Furth.

[e]l dinamismo inherente de los mercados competitivos está reduciendo tanto los costos de muchos bienes y servicios, que se están haciendo casi gratuitos, muy abundantes, y por lo tanto cada vez menos sujetos a las fuerzas del mercado.

Los argumentos de Rifkin sobre cómo las reducciones de costo marginal afectan a las relaciones económicas, me recuerdan al anarquista estadounidense Josiah Warren. Inventor y promotor de reformas sociales radicales, Warren sostuvo que el costo es el límite equitativo de los precios, y que la competencia legítima eliminaría los flujos de renta, intereses, y ganancias de los privilegiados. Su obra influyó en una generación de radicales que veían en la competencia la manera de resolver los problemas económicos de la época.

Este grupo de anarquistas norteamericanos decimonónicos asaltó al capitalismo de una manera que podría sorprender a sus críticos contemporáneos: atacándolo por la izquierda, pero usando argumentos de libre mercado. Para estos anarquistas de mercado, era cierto que el capitalismo representaba un sistema de privilegios y explotación, que era un sucesor de los sistemas económicos anteriores, como el feudalismo y el mercantilismo. Pero en lugar de confundir las nociones de capitalismo y libre mercado, estos archi-individualistas vieron el remedio para las relaciones depredadores y usureras del capitalismo en la verdadera liberación de las relaciones económicas: en el genuino intercambio voluntario, la competencia abierta, y la abolición de los privilegios especiales.

Este grupo de anarquistas del laissez faire eran de la idea de que “el poder de aumento” de los capitalistas, su habilidad para generar un ingreso sin tener que trabajar, se derivaba de lo que ellos llamaban “legislación de clase” – barreras políticas a la competencia real que le daban una ventaja injusta a los empleadores. Continuando con esta línea de pensamiento, los anarquistas de mercado de hoy en día ven el poder coercitivo del gobierno como la principal fuerza que sesga las relaciones económicas a favor de las élites con influencia política.

Como partidarios del libre mercado, decentralistas e individualistas, ocupamos una esquina del movimiento libertario. Al mismo tiempo, como críticos de la desigualdad de la riqueza y defensores de las clases pobres y trabajadoras, nos encontramos dentro de los movimientos anticapitalistas contemporáneos que promueven la justicia económica. Dados los términos bajo los que comúnmente se desarrolla el debate político, los balidos repletos de falsas dicotomías que predominan en las noticias por cable y los artículos de opinión de todos los días, estos compromisos pueden parecer ser contradictorios. Los partidarios del libre mercado suelen ser presentados como defensores de un orden económico plutocrático, y el estado como baluarte contra la competencia feroz y protector de la gente de a pie.

Pero este relato interpreta erróneamente el papel histórico del Estado en el sistema económico, posicionándolo en un conflicto con el capital que en realidad nunca ha existido. De hecho, las élites políticas y económicas siempre han cooperado. La cultura de “puerta giratoria” de Washington pone de manifiesto esta historia de poder y colusión, con la colocación de ejecutivos corporativos en importantes puestos burocráticos del gobierno federal, y viceversa.

Rifkin tiene razón de ver la “cada vez más actual realidad de una economía marginal de costo cero” como amenaza para el capitalismo. Las nuevas tecnologías nos permiten encontrar una ruta alternativa (parafraseando la famosa expresión sobre Internet) para eludir los impedimentos al intercambio que siempre han sido la fuente de poder monopólico del capital. El sueño de Warren, “Costo como Límite del Precio”, — o por lo menos algo muy parecido — está constantemente convirtiéndose en una posibilidad cada vez más real.

Artículo original publicado por David D’Amato el 18 de marzo de 2014.

Traducido del inglés por Alan Furth.

Tanto el informe del FMI (“Redistribución, Desigualdad, y Crecimiento“, FMI, Nota de Discusión SDN/14/02, febrero de 2014) como el artículo de Schneider confunden la “redistribución” con la “igualdad”: operan desde el supuesto tácito de que la desigualdad es el resultado espontáneo “del mercado”, mientras que el logro de una mayor igualdad requiere de la intervención del gobierno para redistribuir el ingreso en contra de esta tendencia natural del mercado.

Estos supuestos no declarados son, por supuesto, nada especial, constituyendo como lo hacen el núcleo de la ideología oficial del nexo gran-capital gran-gobierno que define al sistema capitalista existente. Los actores dominantes de la economía corporativa tienen un gran interés en promover el supuesto erróneo de que la concentración de la riqueza y el poder económico son legítimos, que son el resultado del buen desempeño en “nuestra economía de libre mercado”, en “nuestro sistema de libre empresa”. Y los que promueven el Estado regulador, tienen un interés similar en promover el supuesto igualmente erróneo de que la intervención del Estado es necesaria para evitar las crecientes concentraciones de poder económico y las disparidades de riqueza.

Sin embargo, estos supeustos no son ciertos. La acción del Estado para redistribuir la riqueza hacia abajo no es un correctivo a la tendencia normal del mercado hacia la desigualdad — al contrario, la desigualdad es el resultado de la intervención estatal sistemática en el mercado para distribuir la riqueza hacia arriba. La función primordial del Estado es hacer cumplir los mecanismos de escasez artificial, los derechos de propiedad artificiales, los monopolios, las barreras a la entrada, y los cárteles mediante los que la clase económica dominante extrae sus rentas; y no sólo eso, sino que también subsidia directamente los costos de operación de las grandes empresas a expensas de los contribuyentes. La inmensa mayor parte de la renta generada por la tenencia de la tierra, de los beneficios corporativos, y de los ingresos de la plutocracia, se mantiene gracias a esos monopolios impuestos por el Estado.

Lo que normalmente se conoce como “redistribución” es totalmente secundario. Debido a que estas rentas tienden a transferir ingresos de las clases que necesitan gastar dinero para vivir a las clases que lo invierten o lo ahorran, el capitalismo corporativo está plagado de una tendencia crónica y creciente a la sobreinversión, el exceso de capacidad de producción, y el subconsumo. Como resultado, el sistema se ve amenazado por un empeoramiento constante de las crisis económicas, y por la radicalización política de las clases bajas que resulta de la inseguridad económica, o hasta del hambre y la indigencia.

La tributación progresiva y el estado del bienestar — en la medida modesta en que realmente existen — implican tomar una pequeña fracción de los ingresos que se redistribuyen hacia arriba y volver a transferirla hacia abajo, para evitar niveles de pobreza políticamente desestabilizadores entre los más paupérrimos de la clase baja, y aumentar el poder de compra popular lo suficiente para reducir la capacidad industrial ociosa. El ingreso “redistribuido” a través de los cupones de alimentos, la asistencia social, y mecanismos similares, es por lo menos un orden de magnitud menos que el que originalmente redistribuye el Estado hacia arriba a favor de los arrendadores, los capitalistas, usureros, titulares de derechos de “propiedad intelectual” y otros monopolios, a los altos niveles gerenciales corporativos y las clases administrativas. Es el equivalente a que un atracador le deje algo de cambio a su víctima para que tome un taxi que le permita llegar seguro a casa, seguir trabajando, y ganar más dinero para que pueda robarle en un atraco futuro.

Así que la llamada “redistribución” hacia abajo es sólo una corrección secundaria a la anterior redistribución hacia arriba del ingreso ejecutada por el Estado. La única solución verdaderamente justa es eliminar la redistribución que ocurre en un principio, dejando que la competencia de mercado y la cooperación voluntaria destruyan los ingresos rentistas de nuestra clase dirigente corporativa.

Artículo original publicado por Kevin Carson el 9 de marzo de 2014.

Traducido por Alan Furth.

Cuando llegó el momento de abordar el tema de las funciones militares, la discusión se tornó sumamente reveladora sobre lo que significa la “privatización” para buena parte de la Derecha libertaria. Stossel señaló que “gran parte del ejército ya está privatizado”, con Halliburton como proveedor de comidas y servicios de lavandería, construyendo facilidades de alojamiento, etc. No solo eso, agregó Friedman, “Todo el tema de armamento está privatizado”. Al fin y al cabo, los ejeŕcitos “no fabrican sus propias armas y tanques y otros instrumentos, sino que los compran a empresas privadas”.

De nuevo, ésto resulta muy iluminador en cuanto a cómo muchos libertarios de derechas conciben lo que es una economía de “libre mercado”. Claro, lo que importa a la hora de determinar cuánto se aproxima una economía al ideal del libre mercado es la porción de los ingresos totales que pasa por manos nominalmente “privadas” (en lugar de las manos de aquellos que están oficialmente en la nómina del gobierno), ¿no es cierto?.

Pues, no. Un mercado libre no es una sociedad en la que todas las funciones sociales son llevadas a cabo por corporaciones privadas con fines de lucro, sino una sociedad en la que todas las funciones son llevadas a cabo por asociaciones libres y voluntarias. Esto significa que la gente se abastece de los servicios que necesita organizándolos cooperativamente con otras personas por voluntad propia, o persuadiendo a alguien para que los provea voluntariamente. Y nadie es forzado a pagar por servicios que no desea.

Eso sería un mercado libre. Pero no sería el capitalismo – es decir, no sería un sistema en el que los capitalistas privados actúan a través del estado para garantizarse ganancias a través de la intervención coercitiva en el mercado. Los capitalistas no se enriquecen por fabricar cosas o la prestación de servicios. Se enriquecen mediante el control – con la ayuda del estado – de las circunstancias bajo las cuales se permite a la gente a fabricar cosas o prestar servicios. Si de hecho fabrican cosas o prestan servicios, lo hacen bajo circunstancias cuidadosamente controladas en las que reciben el dinero de clientes involuntarios que son reclutados como pagadores por el estado, o el estado limita la capacidad de otras empresas para competir con ellos. Ya sabes, como Halliburton y los contratistas militares. O el seguro médico privado que la gente tiene que comprar bajo Obamacare. En el capitalismo, las empresas privilegiadas ganan dinero cargándole los costos a los demás. Los grandes negocios obtienen sus ganancias externalizando sus costos operativos en el contribuyente.

Halliburton y los contratistas militares son casos extremos, pero en realidad eso es lo que sucede con casi toda la lista Fortune 500. Sus ganancias provienen, mayoritariamente, de los subsidios del gobierno o de derechos monopólicos de varios tipos impuestos forzosamente por el gobierno (como las patentes y derechos de autor) que prohíben a otros competir con ellos.

¿No me crees? Piénsalo un minuto: ¿cuáles son las industrias más rentables del mundo hoy en día? Hay industrias que dependen de la “propiedad intelectual” para restringir la competencia: software, entretenimiento, farmacéuticas, biotecnología, electrónica de consumo, los fabricantes que utilizan el intercambio y la agreagación de patentes para cartelizar mercados, y empresas que utilizan las marcas para controlar la producción subcontratada a talleres clandestinos del Tercer Mundo vendiendo al público por un precio de venta que multiplica muchas veces el costo unitario. Hay industrias extractivas, como la minería, la exploración petrolera y la agroindustria, que operan en tierras robadas gracias al legado del colonialismo y la complicidad de las élites terratenientes locales con las corporaciones occidentales. Ahí quedan incluidas las industrias directamente subvencionadas por el gobierno, como la agroindustria y los contratistas militares. ¿Qué queda?.

Sinceramente, ¿a quién le importa si una corporación como Halliburton es nominalmente “privada” o “pública?”. Si hace su dinero a través de la fuerza ejercida por el estado en su nombre, no deja de ser una parte del estado. La única diferencia es que en vez de sólo tener que pagarle a los empleados de la administración pública, los contribuyentes también tienen que alimentar a los accionistas y el resto de los cerditos millonarios vestidos de traje y corbata. Bajo estas circunstancias, en las que el contribuyente paga la cuenta y las personas que realizan la función son de facto funcionarios del estado de cualquier manera, en realidad sería más libertario realizar la función directamente a través del estado en lugar de pasar por la farsa de la subcontratación a un negocio “privado”. Por lo menos habría menos grupos de parásitos que alimentar.

Artículo original publicado por Kevin Carson el 2 de diciembre de 2013.

Traducido del inglés por Alan Furth.

En algunos círculos libertarios existe una gran hostilidad hacia los trabajadores estatales. Y algunos de los trabajos que éstos hacen –por ejemplo los policías que ejecutan las leyes anti-drogas o atacan brutalmente las protestas del movimiento Occupy son ilegítimos per se. Pero gran parte de estas actividades – reparto de correspondencia, apagado de incendios, proteger a la gente contra asaltos a su persona y su propiedad – serán necesarias incluso en una sociedad libre.

Al final, lo que llamamos “la economía” es gente haciendo cosas, dedicándose a actividades productivas, proveyendo bienes y servicios a los demás. A lo largo de los siglos el estado, junto con las corporaciones y otras instituciones económicas extractoras de rentas sostenidas por el estado, han secuestrado una gran parte de estas actividades productivas y han acaparado los canales a través de los que se llevan a cabo, de manera que mucha gente produce bienes y servicios para sus semejantes en un marco institucional de explotación. La producción de bienes y servicios, que naturalmente estaría gobernado por el trabajo cooperativo y el intercambio pacífico, es controlado por los estados e instituciones extractoras de renta como las corporaciones, cuyo poder monopolístico deriva de la coerción estatal.

Estas personas no son nuestros enemigos. Muchos de ellos son simplemente personas que encuentran gratificante enseñarle a los niños, salvar hogares de los incendios, y –como lo han hecho alguna vez hasta los anarquistas más acérrimos – dan por sentado el sistema existente y su autoproclamada naturalidad e inevitabilidad.

El capitalismo corporativo de estado está en una crisis terminal. El subsidio a los insumos para la producción causa un crecimiento exponencial de la demanda sobre de esos insumos, y resulta en un agotamiento de los recursos naturales y fiscales. El empeoramiento del ciclo de auge-recesión requiere un creciente gasto del gobierno para utilizar la capacidad ociosa y absorber el exceso de capital de inversión. Y las tecnologías de abundancia radical están destruyendo la escasez artificial sobre la cual depende gran parte del beneficio.

El estado, asimismo, es un grupo de gente haciendo cosas. Algunas de ellas son actividades necesarias y productivas; sólo que son llevadas a cabo en una forma distorsionada y controlada por el estado. Nuestro objetivo, cuando el sistema actual alcance sus límites, no es pretender que la gente deje de hacer lo que está haciendo. Queremos que lo siga haciendo bajo la forma de asociaciones voluntarias de productores. Estos individuos y grupos de productores actualmente trabajando en las entrañas del estado y la corporación, cuando se produzca el colapso, van a responder cada vez más a las exigencias del colapso saltándose las reglas oficiales del estado y sus jefes nominales en las corporaciones, utilizando su sentido común. Por ejemplo, las fuerzas policiales y oficinas de los sheriffs más lúcidos –tal vez tranquilamente y de forma no oficial- dejarán de derrochar recursos en desalojar morosos y detener a los okupas.

Esto es lo que Pierre-Joseph Proudhon, en su obra “Idea General de la Revolución en el Siglo XIX”, llamó “disolver el estado en el cuerpo social”. Y disolver el estado en el cuerpo social requerirá ignorar barreras legales como el Acta de Antideficiencia.

Mientras continúa el vaciado del estado y las corporaciones, es probable que en algún punto la gente que presta servicios al público, harta de los retrasos en los pagos y de la intervención burocrática, ignoren la autoridad de las agencias gubernamentales o los CEO’s a los cuales se supone que obedecen, se reorganicen en redes P2P y cooperativas, y comiencen a desempeñar sus servicios directamente para el público a cambio de una forma informal de recompensa. Esta recompensa tal vez sea algún tipo de soporte común de alguna unidad social que incluya a aquellas personas que prestan estos servicios.

Una década atrás, cuando la economía Argentina colapsó y los capitalistas en bancarrota trataron de cerrar las fábricas, los trabajadores resistieron, abrieron sus puertas y continuaron produciendo de manera autogestiva. Continuaron lo que estaban haciendo, donde lo estaban haciendo –pero su trabajo tomó un carácter totalmente diferente. Uno de estos días, los trabajadores estatales responderán al cierre del gobierno de la misma manera.

Artículo original publicado por Kevin Carson el 7 de octubre de 2013.

Traducido del inglés por Federico Otero, editado por Alan Furth.