Ignorando a tentativa óbvia de Shaw de conversar levar a conversa por um caminho histérico, talvez seja uma boa ideia responder a suas objeções de forma caridosa, dando o contexto apropriado a elas, a começar por Ferguson.

A observação mais óbvia que se deve fazer é que atravessar fora da faixa de pedestres, pequenos furtos ou fugir de policiais não são crimes puníveis com morte em qualquer lugar dos Estados Unidos. O fato de Michael Brown foi morto por um desses três motivos é ultrajante e as pessoas ficaram justificavelmente revoltadas. Isso, porém, não é tudo que acontece em Ferguson. A composição demográfica da cidade diz muito.

De acordo com dados extraídos do Departamento de Recenseamento dos Estados Unidos e com algumas reportagens, cerca de 64% da população de 21.203 habitantes de Ferguson — ou seja, 14.290 — é formada por negros. Seu prefeito, James Knowles, contudo, é branco; cinco dos seis membros do Conselho Municipal são brancos; seis dos sete oficiais da mesa diretora educacional são brancos; e dos 53 policiais do Departamento de Ferguson, três – três! – são negros.

Tem mais. De acordo com a Procuradoria Geral do Estado do Missouri, embora brancos em Ferguson tenham maior probabilidade de serem pegos carregando “contrabando” em buscas policiais que negros, há uma probabilidade seis vezes maior de que negros terão seus carros parados por policiais, 11 vezes maior de que sejam revistados e 12 vezes maior de que sejam presos.

O assassinato de Michael Brown serviu para catalisar as insatisfações de uma população intensamente perseguida, destituída e discriminada racialmente. E esse não foi um incidente isolado. Ao longo de 2014 houveram vários casos de alta repercussão de policiais que mataram homens negros desarmados e não-violentos, como Luis Rodriguez em Moore, Oklahoma, e Eric Garner em Staten Island, Nova York. Quatro casos ocorreram somente em agosto, de acordo com Josh Harkinson do site Mother Jones.

No entanto, Jazz Shaw acredita que os que lutam pela desmilitarização da polícia, como Radley Balko, Rand Paul e outros, simplesmente querem voltar aos bons e velhos tempos da polícia, “a era em que o policial caminhava tranquilamente, rodando seu cassetete e apontando o dedo para a criança levada que roubava uma máquina de doces”.

Ele quer que soldados o protejam de rebeliões como a de Ferguson (que ocorreu apenas em uma noite em uma semana de protestos e violência da polícia) ou os distúrbios em Los Angeles por conta do caso de Rodney King em 1992. Shaw quer proteção. Quer que soldados policiais patrulhem as ruas totalmente paramentados a todo momento, em todas as comunidades, para protegê-lo e proteger aqueles como ele de atiradores nas escolas, negros e qualquer outra pessoa que tenha ousado quebrar o contrato social conservador que ele criou para todos nós.

“Antes de exigir a ‘desmilitarização’ da polícia”, escreve ele, “talvez você queira se lembrar de quem é que garante que a sua vizinhança hoje em dia seja diferente da de Los Angeles em 1992″.

Nós lembramos. E por isso queremos a desmilitarização total, seguida da completa abolição, não apenas do Departamento de Polícia de Ferguson, mas de todas as polícias, em todos os lugares.

Traduzido por Erick Vasconcelos.

La Policía Federal ha estado convocando a interrogatorio (o como lo llaman en su jerga totalitaria, a “proporcionar aclaraciones”) a varios individuos vistos como líderes de las protestas que se produjeron en junio durante la Copa FIFA Confederaciones. EPL estuvo moderadamente involucrado en ellas, y sus varias páginas de Facebook ayudaron a organizar manifestaciones a varios grupos. A continuación, Torres fue interrogado sobre toda su actividad política e institucional – tuvo que explicar incluso la procedencia del dinero para sus viajes al exterior (lo que debería recordarnos la verdadera razón por la que existen pasaportes: el control y la vigilancia de las personas).

Los libertarios en los medios sociales se movilizaron rápidamente en apoyo a Torres y en contra del amedrentamiento de la Policía Federal, pero debemos recordar que los libertarios no son los únicos que han sido atacados por el gobierno brasileño. El mismo tratamiento se ha dispensado a muchas personas que han participado en las manifestaciones políticas, en particular a las vinculadas a la Marcha da Maconha (“Marcha de la Marihuana”, un colectivo en pos del replanteamiento de las política públicas en materia de drogas) y a Movimento Passe Livre (“Movimiento Viaje Gratis”, que aboga principalmente por el transporte público gratuito). La Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará en Brasil a finales de este año, y los Juegos Olímpicos de verano de 2016, han arrojado al país a un estado de excepción, permitiendo al gobierno y a la policía emplear métodos cada vez más represivos y autoritarios para alcanzar sus metas. Con la excusa de proporcionar una seguridad adecuada para los eventos deportivos de carácter internacional, el gobierno brasileño obtuvo la justificación conveniente que necesitaba para reforzar la vigilancia de Internet, aumentar la violencia empleada contra los manifestantes en la calle y, peor aún, llevar al límite el estado policial ya establecido en las favelas brasileras.

El terror se siente con especial fuerza en las favelas “pacificadas” de Río de Janeiro, donde los residentes viven vigilados por rifles de la Policía Militar, convirtiéndose efectivamente en ciudadanos de segunda clase. Las redadas de la policía en las favelas también han llevado a los traficantes de drogas a zonas alejadas de los centros de las ciudades, donde son “invisibles”, tolerando la existencia de las llamadas “milicias” (escuadrones de la muerte) que luchan por el control de las comunidades.

En comparación, las visitas de los activistas de clase media a la Policía Federal son como un paseo por el parque.

Con carta blanca para arremeter con violencia contra el pueblo, el gobierno se ha avocado a explotarlo económicamente durante los últimos años. Las protestas de junio, que explotaron por el mal estado del transporte público en todo el país, no son más que un síntoma de un problema más amplio. Fuertes subsidios al desarrollo inmobiliario (o mejor dicho, el dinero que el gobierno regala a los contratistas) han hecho que las grandes ciudades de Brasil crezcan aún más, convirtiendo al país en uno de los más caros del mundo‒y creando una burbuja inmobiliaria muy similar a la estadounidense. La infraestructura urbana, incapaz de absorber el shock, se cae a pedazos por doquier.

Los estadios de fútbol construidos para la Copa del Mundo son catalizadores de la revuelta popular por simbolizar el derroche de los dineros públicos, pero además esconden la tragedia humana de las expropiaciones violentas de miles de familias. Todo en nombre del deporte, para una Copa Mundial acorde a los estándares de calidad de la FIFA.

Por eso es aún más doloroso cuando los íconos del fútbol como Ronaldo encuentran adecuado actuar descaradamente como mascotas del gobierno, y declaran que un Mundial se hace con estadios, no hospitales. Este es el tipo de cosas que impide que los bloques negros dejen de gritar el slogan “No Habrá Copa“.

Por lo tanto, hoy en día Brasil es el paraíso de la violencia estatista, lo que refuerza a la casta que goza del poder en este momento y asegura un flujo constante de dinero a las corporaciones bien conectadas. Es por eso que el gobierno tiene razón al temer nuevas protestas y disturbios cercanos a la celebración del Mundial. Esa es la razón por la que Policía Federal tendrá que desenterrar muchos registros de viajes internacionales más.

Artículo original publicado por Erick Vasconcelos el 17 de marzo de 2014.

Traducido del inglés por Alan Furth.

Chocante, pero no soprprendente — los defensores de la dictadura militar siempre han usado la palabra “revolución” por sus connotaciones positivas, y no son los únicos que lo han hecho. De hecho, los libros de historia durante los 21 años del régimen siempre hablaban de la Revolución Democrática de 1964, y ha habido una resistencia de larga data en contra de esta cooptación lingüística de la palabra “revolución” por fuerzas políticas que claramente no tienen nada que ver con ningún tipo de cambio real.

En la misma línea, durante los febriles disturbios en Venezuela contra el gobierno de Nicolás Maduro, el régimen ha acusado a la oposición de “demonizar la revolución”. El meme ha alcanzado al resto de América Latina, y es bastante fácil encontrar denuncias de los reaccionarios anti-Maduro y cartas de amor a la “Revolución Bolivariana”. Es un viejo tema entre los gobiernos socialistas que han alcanzado el poder en el mundo. Cuba ha celebrado su “revolución” continua durante 50 años. La de Venezuela sigue llevándose a cabo desde 1998, y ya con sus dulces dieciséis años cumplidos, sigue siendo subversiva y antisistema.

Es comprensible que los defensores de regímenes claramente opresivos y explotadores quieran vestir a sus ídolos con ropas revolucionarias. Al fin y al cabo, el orden actual está vinculado a todos los problemas sociales que actualmente afectan a la sociedad, y las revoluciones sólo pueden significar la subversión y potencial resolución de estas cuestiones. Así, incluso conservadores obvios como Rômulo Bini Pereira encuentran conveniente etiquetar su forma preferida de gobierno como “revolucionaria”.

Para la izquierda estatista, sin embargo, es un mito fundacional. La izquierda era originalmente el partido del cambio, de la transformación, en contra de las cadenas del Antiguo Régimen. Los corporativistas y socialdemócratas que integran la izquierda estatista hoy en día mantienen ese sentimiento de rebeldía, pero lo enmarcan en una retórica pro-gobierno.

En Brasil, el Partido de los Trabajadores (PT) ha gobernado el país durante 12 años, y sus partidarios de izquierda han tratado de difundir la narrativa de que han sido rebeldes y perseguidos todo el tiempo. Hace unos meses, políticos del PT condenados por corrupción lograron distorsionar tanto el relato de los hechos que prácticamente proclamaron ser presos políticos de sus aliados.

En Venezuela, incluso con el régimen acercándose a dos décadas de gobierno, los chavistas y sus secuaces siguen reclamando ser víctimas de una agenda antirevolucionaria. Y la izquierda estatista latinoamericano no escatima en sus intentos de minimizar la violencia sufrida por la población venezolana, respaldando la versión de que todo se trata de un movimiento orquestado por la élite en contra del progreso social.

Pero eso es una posición esquizofrénica. Regímenes de décadas de antigüedad no pueden ser revolucionarios. El gobierno venezolano (y lo mismo ocurre con muchos otros gobiernos de “izquierda” en América Latina) no es más que la misma vieja oligarquía con nuevas consignas.

La izquierda tiene que decidirse entre mantener su autoimagen rockera o aceptar su disposición a idolatrar el estado. O los izquierdistas se convierten en libertarios de pleno derecho dispuestos a cuestionar el poder de cualquier signo, o salen del armario para admitir ser amantes de la autoridad. No pueden pretender ser las dos cosas a la vez.

Los manifestantes venezolanos sin duda agradecerían a los estatistas revolucionarios que dejaran de justificar los gases lacrimógenos y balazos de goma con que los atacan.

Artículo original publicado por Erick Vasconcelos el 24 de febrero de 2014.

Traducido del inglés por Alan Furth.