Las típicas defensas de las maquiladoras con argumentos de libre mercado se centran en el hecho de que “las maquiladoras son mejores que las alternativas disponibles“. Estas defensas también tienden a enfatizar el papel de las maquiladoras en un “proceso de desarrollo que en última instancia aumenta la calidad de vida”.

Si la autoridad bloquea otras opciones utilizando la violencia estatal sistemática a lo largo de décadas para arrebatarle a las personas sus derechos y recursos, entonces por supuesto que el empleo en una maquiladora comienza a parecer una buena opción, o incluso la mejor.

Pero esta redacción selectiva de la historia es la razón por la que tantos supuestos defensores del libre mercado se ganan la reputación de hacer la vista gorda ante la injusticia económica. Los anarquistas de mercado no ven ninguna razón coherente u honesta por la que los defensores de la libertad, la competencia y los derechos individuales debemos desperdiciar nuestras palabras justificando el régimen de esclavitud salarial ofrecido por las maquiladoras.

La frase “esclavitud salarial” suele enfadar bastante a la mayoría de los promotores de la libertad de mercado, que suelen argumentar que la relación empleador-empleado es un sencillo acuerdo voluntario basado en la libertad de contratación.

Sin embargo, la definición de un contrato legítimo asume que las relaciones han estado ausentes de coerción y coacción hasta alcanzarse el punto de “acuerdo”. Pero, ¿y si no lo han estado? ¿Y si la historia ha sido una serie de desventuras trágicas y violentas, una larga lista de expropiaciones, injusticias y otras villanías llevadas a cabo por el Estado para enriquecer a una pequeña clase dominante?

¿Seguiríamos estando dispuestos a defender las maquiladoras o empezaríamos a atacarlas con argumentos de libre mercado? Tal como lo expresó William Bailie, “la esclavitud salarial es simplemente la fase moderna de la esclavitud tradicional”. Al igual que los anarquistas de mercado de hoy en día, Bailie veía el capitalismo no como un proceso de avance y desarrollo, sino como un “retroceso económico” que socavaba la libertad personal.

Los anarquistas de mercado tienen más fe en la libertad, el espíritu empresarial y la soberanía individual que la mayoría de los que se autodenominan defensores de la libre empresa. No creemos que la gente de los países en desarrollo elegiría trabajar horas interminables en condiciones infrahumanas si no estuviesen limitados por restricciones arbitrarias como la ley de propiedad intelectual y tuviesen libre acceso a los recursos comunes como la tierra.

Los apologistas de las maquinadoras tienden a ignorar el problema del monopolio de la tierra, o tal como los describió Murray Rothbard, el problema de la “continua confiscación de la tierra por los agresores”. Rothbard argumentaba que los legítimos dueños de la tierra son “los verdaderos poseedores”, en lugar de aquellos “cuya original y continua ocupación de la tierra y sus frutos proviene de la coerción y la violencia”.

La historia de lo que hoy es considerado como el mundo en desarrollo, donde se encuentran la mayoría de las maquiladoras, está plagado por la monopolización política y el robo de la tierra, los cuales han deprimido los salarios y apuntalado las rentas. Esta profunda coacción política no tiene nada que ver con los verdaderos principios del libre mercado.

Cabe preguntarse si los defensores de “libre mercado” de las maquiladoras realmente creen que llegamos a la situación actual por el camino de la libre empresa, lo cual, de ser así, permitiría defender las condiciones económicas de hoy en día.

Puede ser que los defensores de las maquiladoras reconozcan sus antecedentes históricos, pero que aun así sigan considerando que es importante reconocerlas como la mejor alternativa para los pobres en el mundo en desarrollo. Pero nadie niega ese hecho en sí mismo – por el contrario, los anarquistas de mercado simplemente afirman que estos fenómenos son injustos e insostenibles tal como existen hoy en el mundo.

Artículo original publicado por David S. D’Amato el 30 de noviembre de 2014.

Traducido del inglés por Alan Furth.

Oficialmente, la esclavitud en Brasil, el último país de la América independiente en la que todavía existía essa institución para entonces, se abolió el 13 de mayo de 1888. Sin embargo, la aristocracia nunca firmaría una ley que resolviese los problemas de las personas de raza negra, a las que, durante siglos, robó de su dignidad y mano de obra. Se había preparado y moldeado el ambiente durante 40 años de manera que la abolición pudiese proceder de la mejor manera posible para los propietarios de esclavos.

Sometido a la presión de Inglaterra, Brasil se había estado moviendo en la dirección de la abolición durante mucho tiempo. La más famosa e ineficaz de las llamadas “leyes para los ingleses ver” (una expresión todavía usada en el país con la que se designan las leyes completamente vacías pero rimbombantes) fue la Ley Feijo, promulgada en 1832 y que daba libertad nominal a los esclavos que trabajaban las tierras de Brasil. Pero no fue hasta 1850 que la Ley Eusebio de Queirós prohibió el tráfico de esclavos. Por más que la esclavitud estuviese agonizando, se tomaron varias medidas para extender su vida.

En 1871 se aprobó la llamada Ley de Vientres Libres, “liberando” a los hijos de los esclavos, que serían “cuidados” por sus amos o por el Estado hasta los 21 años de edad en una condición de esclavitud de facto. En 1885 la Ley de los Sexagenarios “liberó” a los esclavos de más de 65 años de edad, en realidad dándole licencia a sus propietarios para descartarlos. Por último, la “abolición” se produjo con la aprobación de la “Ley Áurea”.

Es de esperar que medidas como las anteriores preservarían los privilegios de los blancos, pero ninguna llegó a parecerse en su inhumanidad perpetuada hasta nuestros días a la menos conocida “Ley de Tierras”.

Sancionada solo dos semanas después de la Ley Eusebio de Queirós, la ley número 601 del 18 de septiembre de 1850 estableció el fin de la libre ocupación de la tierra: no podría convertirse en propiedad por ocupación y transformación a través del trabajo, sino que tendría que ser comprada al Estado. La tierra ya ocupada sería sometida a ciertos requisitos de uso o revertiría al Estado y se vendería a su discreción.

Esta ley no solo impidió que los antiguos esclavos se apropiasen de la tierra a través de su trabajo, sino que también estipuló subsidios gubernamentales para la colonización extranjera del país, que trajo mano de obra extranjera y devaluó aún más el trabajo de las personas de raza negra.

Cuando se produjo la abolición los negros fueron abandonados a su suerte sin indemnización, reparación o tierra alguna – a pesar de que no hay valor que puediese compensar la injusticia de vidas enteras de trabajo forzoso. No se les permitió trabajar las tierras, pero tampoco tenían dinero para comprarlas directamente al Estado (que de todas maneras tenía el poder de determinar quiénes serían los nuevos propietarios de la tierra y las personas negras no tenían ninguna prioridad en ese sentido). La única opción que tenía la población negra era huir a las ciudades para vivir en casas de alquiler y vender precariamente su trabajo a cambio de salarios de esclavitud.

El espíritu contemporáneo de la época ya demandaba el fin de la esclavitud, pero Brasil impuso todos los obstáculos posibles al movimiento abolicionista. Estos obstáculos moldearon las oportunidades que tendría la gente negra y perpetuó el privilegio blanco.

Cuando miramos a nuestro alrededor en el Día de la Conciencia Negra nos damos cuenta de que el color de la piel de los pobres, marginados y explotados en nuestra sociedad es diferente del de las élites. Esto no sucedió por casualidad: fue el resultado de una serie de medidas destinadas a mantener a la población negra en la sumisión.

En 1900, el gran abolicionista y libertario Joaquim Nabuco declaró en su autobiografía: “La esclavitud permanecerá por mucho tiempo como la característica nacional de Brasil”. Y tenía toda la razón.

Artículo original publicado por Eduardo Lopes el 20 de noviembre de 2014.

Traducido por Alan Furth a partir de la traducción al inglés de Erick de Vasconcelos de la versión original en portugués, escrita por Eduardo Lopes.

La manera más efectiva de evitar el monopolio (el objetivo aparente de la ley antimonopolio, también llamada “ley de protección de la competencia”), no es instituir nuevas reglas y regulaciones arbitrarias, sino permitir a cualquier persona participar en cualquier negocio pacífico y voluntario que le interese. La constante amenaza de nuevos competidores es el contrapeso más eficaz a la potencia comercial de los gigantes corporativos tradicionales.

Dado que estas empresas tradicionales están más arraigadas y son más cercanas a los legisladores y reguladores, apoyarse en instrumentos legales y reglamentarios en lugar de la competencia abierta simplemente crea oportunidades para la corrupción y el abuso que surgen con la “captura del regulador”. Los grupos de presión y cabildeo cuentan con el acceso y los recursos para moldear la política pública a favor de sus fines privados.

La legislación antimonopolio es solo un ejemplo más del afán de planificar la economía, basado en las mismas falacias que sustentan otros controles económicos centralizados. Los esfuerzos por determinar o predecir qué fusiones y adquisiciones dañarán el ambiente competitivo asumen que sabemos mucho más acerca de la economía en general de lo que jamás podríamos. Representan lo que Friedrich Hayek célebremente denominó La fatal arrogancia.

Hayek entendió que los mercados en los que los individuos interactúan y comercian libremente son la única manera de organizar y coordinar la profusión de conocimiento disperso que llamamos “la economía”. Y así como nosotros no sabemos y de hecho no podríamos saber todo lo que es necesario para planificar una economía, tampoco podemos predecir las consecuencias de, por ejemplo, permitir algunas fusiones e impedir otras.

Aún así, los anarquistas de mercado son tan críticos del poder corporativo como cualquier otro representante de la izquierda política. Nosotros también creemos que hay que hacer algo para remediar la dominación explotadora de las grandes empresas, pero la teoría y la observación nos han enseñado que el Estado es la enfermedad, no la medicina. De hecho, es el privilegio otorgado por el estado el que le permite a las potencias corporativas de hoy estrangular las relaciones económicas.

Una vez los privilegios coercitivos y criminales del Estado se eliminen del sistema económico no habrá necesidad de “leyes de competencia” diseñadas para evitar que cualquier actor de mercado se haga demasiado grande y poderoso. Estas leyes parecen deseables sólo cuando las barreras regulatorias y de licenciamiento ya han ilegalizado la competencia en sí, dándole una ventaja a grupos favorecidos.

En lugar de añadir nuevas capas de reglas sin sentido y arbitrarias — para ser administradas por abogados y burócratas — los anarquistas de mercado proponen que le demos una oportunidad sincera a la libre competencia de la que tanto hemos oído hablar. El poder político y económico se necesitan mutuamente; en realidad, puede que sea un error considerarlos como fenómenos separados y distintos, ya que históricamente siempre han estado profundamente entrelazados.

Las enormes corporaciones multinacionales de hoy son en gran medida una creación del poder estatal, los sucesores del “sistema mercantil” criticado por Adam Smith. Para frenar su poder solo necesitamos permitir la competencia plena y genuina. El sistema más libre posible también sería el más justo, por lo que eliminaría la necesidad de la ley antimonopolio.

Artículo original publicado por David D’Amato el 6 de octubre de 2014.

Traducido del inglés por Alan Furth.

Nosotros los anarquistas de mercado tomamos nuestro nombre del hecho de que, a diferencia de comunistas libertarios, anarcosindicalistas y otros anarquistas que expresamente no son de mercado, vemos el intercambio mercantil voluntario como una forma perfectamente válida de organizar la vida económica. Pero esto no significa que el nexo del dinero vaya a ser la forma de organización predominante en una sociedad sin Estado. De hecho, como David Graeber ha mostrado en su libro Deuda, el nexo del dinero se convierte en la forma dominante de organizar la vida económica sólo en sociedades basadas en la conquista militar y la esclavitud.

Como anarquistas concebimos una sociedad en la cual todas las funciones son organizadas, en palabras de Kropotkin, por “acuerdos libres pactados entre los diversos grupos, territoriales y profesionales, constituidos libremente en pro de la producción y el consumo, y también para la satisfacción de la infinita variedad de necesidades y aspiraciones de los seres civilizados”. Esto incluye los mercados. También incluye las economías sociales y las economías del regalo, el trabajo colaborativo y las redes horizontales de todo tipo.

El comunal puede que sea la forma más eficiente de organizar algunas funciones económicas. Esto es puede que sea cierto para los recursos no renovables como los minerales, y para los bienes comunes renovables como bosques, pastos y caladeros, al estudio de los cuales Elinor Ostrom dedicó su carrera. Es desde luego cierto para la información, que es replicable infinitamente a coste marginal cero.

Los mercados son más apropiados para las esferas de la producción y la distribución que involucren bienes que sean replicables, pero sólo al coste del esfuerzo. Pero incluso dentro de esta esfera de bienes producidos por el trabajo humano cuya oferta es elástica, los bienes y servicios que se ajustan mejor a la producción a pequeña escala podrían perfectamente organizarse fuera del nexo del dinero, a través de varias organizaciones sociales primarias: sindicatos locales y mutuas, comunidades familiares o multifamiliares y proyectos de covivienda, asociaciones vecinales, comunidades intencionales, y otras unidades sociales de puesta en común de ingresos, costes y riesgos.

La tasación monetaria probablemente sería la opción más deseable en los casos que impliquen insumos (por ejemplo, microprocesadores) que requieran de instalaciones de producción caras y grandes áreas de mercado, y de otros bienes que sean distribuidos a lo largo de grandes distancias o requieran un relativo anonimato (como las formas de producción que requieran maquinaria más cara y una red de distribución que abarque una ciudad entera).

Incluso en el caso de la producción orientada al nexo del dinero, en una sociedad genuinamente libre sin derechos de propiedad artificiales, escasez artificial, monopolios y otros privilegios protegidos por el Estado, podemos esperar que las formas de producción cooperativas o autogestionarias sean mucho más comunes que hoy en día, y que tengan lugar en una atmósfera en la que la mayoría de los trabajadores tengan la opción de retirarse al comunal por un tiempo y rechazar ofertas de trabajo que no sean de su gusto (como hicieron los campesinos ingleses antes del Cercamientos, los cuales podían elegir entre aceptar el trabajo asalariado o abandonarlo y subsistir en el comunal).

También es importante recordar que el intercambio monetario tendrá lugar en un contexto en el que los bancos ya no tendrán un monopolio garantizado por el Estado en el tema del crédito y los medios de intercambio.

Los anarquistas de mercado, como todos los anarquistas, parten de la premisa de que la gente común y corriente considera a los demás como iguales, y decide sin coerción la mejor forma de trabajar juntos para cubrir sus necesidades mutuas. Esto puede ser mediante el intercambio del producto de su trabajo, produciendo cooperativamente o compartiendo. Lo importante, como ha argumentado el anarquista David Graeber, es que sean cuales sean las formas de organización que emerjan lo harán a través de un proceso indefinido de interacción entre iguales y en el que ninguna de las partes pueda hace uso de la fuerza para obligar a otros a obedecer sus deseos.

Artículo original publicado por Kevin Carson el 25 de agosto de 2014.

Traducido del inglés por Tomás Braña.

Entre los que discrepan con las declaraciones del Papa está Keith Farrell, un coordinador de campus de los Estudiantes por la Libertad en la Universidad de Connecticut (“Por qué el Papa está equivocado respecto a la desigualdad“, City AM, 21 de agosto). Acusa al Papa de “convertir a los ricos en chivos expiatorios de la pobreza” y atribuye a Marx el haber concebido la idea “de que el éxito de algunos perjudica a otros económicamente y que los ricos sólo se han hecho ricos a expensas de los pobres”. Farrell cita a un surcoreano: “Si alguien ha hecho una fortuna por sí mismo, en buena lid, y tiene un montón de dinero, no creo que eso sea algo que deba ser condenado”.

Es una hipótesis interesante, pero, ¿exactamente cuánto de la creciente concentración de la riqueza de la élite económica en realidad se hizo “en buena lid?” A lo largo de su artículo de opinión, Farrell iguala implícitamente el sistema en que vivimos ahora con la “libertad económica” y “la libre empresa”. Pero eso es un ejemplo de lo que yo llamo “libertarismo vulgar“: defender el capitalismo corporativo existente como si se tratara de un mercado libre, y el uso de retórica de “libre empresa” para defender la riqueza y el poder económico que los capitalistas corporativos han en realidad acumulado a través de un sistema de poder abrumadoramente estatista.

Es difícil creer en la idea de que Marx haya sido el primero en darse cuenta de que en una sociedad de clases, gobernada por un Estado de clase, los ricos se hacen ricos a costa de los pobres. Probablemente se le haya ocurrido algún campesino chino o sumerio mientras se rompía el lomo con una azada tratando de producir lo suficiente como para sobrevivir después de pagar las rentas del sacerdocio del templo. Y un montón de pensadores radicales de libre mercado —Thomas Hodgskin, Benjamin Tucker, Franz Oppenheimer— llegaron a la misma conclusión en tiempos más recientes. El sistema capitalista en el que vivimos hoy es el heredero lineal de los sistemas de clase impuestos por el Estado de miles de años atrás.

“Los mercados libres”, lejos de definir estructuralmente al capitalismo, se les permite operar en sus márgenes en la medida en que son compatibles con los intereses de los propietarios que controlan el Estado. Incluso durante el supuesto “laissez-faire” del siglo XIX, la “libre empresa” fue una superestructura erigida sobre cimientos creados por siglos de robo masivo —el cercamiento de la tierra y la desposesión del campesinado, primero en el occidente incipientemente industrial y luego en el mundo colonial, restricciones masivas a la libre circulación y asociación de los trabajadores en la Gran Bretaña industrial, el trabajo esclavo y la confiscación de la riqueza minera global. Hoy en día muchos de los frutos de ese robo, como los títulos absentistas sobre terrenos baldíos y la propiedad corporativa de los recursos naturales del Tercer Mundo, y el monopolio de la oferta de crédito y el medio de intercambio por parte de los dueños de la riqueza robada, todavía gozan de legitimidad legal.

Hoy en día el capitalismo corporativo depende aún más del estatismo —”propiedad intelectual”, cárteles regulatorios y otras barreras a la entrada, y enormes sistemas de subsidio directo como los son el Complejo Militar-Industrial y el sistema interestatal de autopistas y de aviación civil.

Es cierto, como dice Farrell, que los niveles de vida han aumentado en términos absolutos a pesar del aumento de la desigualdad — cierto hasta donde cabe. Pero el hecho es que las ventajas de los avances tecnológicos se rigen por el mismo mecanismo de discriminación de precios que rige a todos los monopolios: Las grandes corporaciones utilizan patentes monopólicas para acaparar el progreso tecnológico, permitiendo que gotee sobre las clases trabajadoras apenas lo suficiente de los beneficios de la mayor productividad como para que les valga la pena seguir comprando, apropiándose del resto en forma de rentas monopólicas.

La declaración de Farrell según la cual “el capitalismo ha traído la libertad y la abundancia” a Corea del Sur amerita un análisis similar. El capitalismo de Corea del Sur fue construido sobre los cimientos de la ocupación militar estadounidense y un régimen militar instalado por la autoridad de ocupación, que posteriormente liquidó la sociedad cuasi-anarquista de comunidades rurales autogobernadas y fábricas autogestionadas que había surgido después de la retirada japonesa en 1945. Este régimen echó a anarquistas e izquierdistas de todo tipo a las fosas comunes, y durante sus décadas en el poder no era exactamente amable a la “libertad económica” de —por ejemplo— los trabajadores coreanos que querían sindicalizarse.

Curiosamente, Farrell comparte una suposición errónea con el Papa Francisco: que la reducción de la desigualdad requiere que el gobierno “redistribuya la riqueza”. Ambos están equivocados. Lo que tenemos ahora equivale a una redistribución hacia arriba de la riqueza, con “impuestos” sobre las clases productoras en forma de las rentas monopólicas impuestas por el Estado que pagamos a los terratenientes y capitalistas. No necesitamos la intervención del Estado para redistribuir la riqueza hacia abajo. Necesitamos una revolución que impida que el estado siga redistribuyendo la riqueza hacia arriba.

Es hora de que los partidarios del libre mercado dejen de actuar como boxeadores contratados por el actual sistema de poder y empiecen a usar las ideas de libre mercado para defender la verdadera justicia económica.

Artículo original publicado por Kevin Carson el 23 de agosto de 2014.

Traducido del inglés por Alan Furth.

Pero los primeros años de la historia política de los Kirchner son aún más relevantes que los últimos 11 años. Durante la década de los años 70, Fernández y su esposa establecieron un estudio jurídico en Río Gaellgos, en la provincia patagónica de Santa Cruz. Al estudio le fue muy bien durante esos años, sobre todo justo después de una fuerte devaluación del peso en 1980 que resultó de las catastróficas políticas económicas implementadas por la junta militar que gobernaba al país en ese entonces. Cuando las tasas de interés indexadas a la inflación sobre hipotecas se dispararon a niveles estratosféricos y la gente se vio obligada a vender sus casas a precios irrisorios, los Kirchner hicieron mucho dinero asistiendo a varios bancos en los procesos de desalojo.

Y los métodos que usaban podrían quizá calificarse como “buitrescos”. El abogado Rafael Flores –que compartió el peronismo con los Kirchner cuando regresó la democracia al país pero que se convertiría en uno de sus principales detractores durante la década de los 90– tomó el caso de la Sra. Ana Victoria de Asaet, una dedudora hipotecaria que se vio en problemas por aquel entonces y que demandó penalmente a los Kirchner, quienes se habrían quedado con sus pagarés en lugar de romperlos después del cobro. Cuando Flores se encontró con Fernández a la salida de los tribunales locales y le preguntó qué necesidad tenían ella y su esposo de hacer lo que hacían, su célebre respuesta fue que “Queremos hacer política, y para hacer política en serio se necesita ‘platita'”. Tony Montana no podría haberlo dicho mejor.

Lamentablemente, los opositores de Fernández en Argentina, muchos de los cuales se identifican como libertarios, han asumido la patética posición de defensores de los fondos buitre, llevando a cabo uno de los más descarados ejercicios de falsa retórica de libre mercado que se hayan visto en el país desde la era menemista.

Sus argumentos no son más que refritos bastante crudos del discurso publicitario de Paul Singer en Elliot Management y de otros personajes del mundo de los fondos de cobertura. Tal como lo resumió Jim Armitage en un artículo recientemente publicado en The Independent,

Los buitres argumentan que si no fuese por la presión ejercida por sus implacables e inquebrantables batallas en las cortes, los dictadores de pacotilla, los cleptócratas y los líderes populistas irresponsables no tendrían nada que temer a la hora de endeudarse hasta la coronilla, malgastar (o robar) el dinero, y después desaparecer en la distancia.

La falacia más escandalosa de esta manera de presentar el asunto es la conflación de la clase política de un país con su ciudadanía. Toda vez que los buitres logran cobrar el valor total de bonos gubernamentales impagos, los que terminan pagando son, por supuesto, los contribuyentes, los ciudadanos de a pie. Al tomar dinero prestado en nombre del pueblo, los políticos locales obtienen pingües beneficios económicos y políticos, pero jamás contribuirán a pagarlo mucho más que un ciudadano cualquiera que se gane la vida en un trabajo de verdad. ¿Cómo es que se supone que eso pudiese llegar a incentivar en lo más mínimo la frugalidad fiscal de la clase política? ¿Cómo es que los que dicen defender una noción mínimamente significativa de la libertad humana aúpan el intento de socializar las pérdidas de acreedores que voluntariamente decidieron prestar dinero a gobiernos corruptos e irresponsables? ¿No equivale eso a someter al ciudadano común y corriente a la esclavitud por deudas en nombre de los intereses de operadores financieros cómplices cómplices del poder político?

De hecho, muchos eruditos pro-Elliot de “libre mercado” están tan empecinados en hacerle la contra al gobierno de Fernández a cualquier costo que terminan defendiendo la interpretación bizarramente heterodoxa que hizo el juez Griesa de la cláusula pari passu en el contexto de los bonos de deuda soberana. Tal como lo señaló recientemente el bloguero especializado en finanazas Félix Salmon, la cláusula es un “claro ejemplo de letra chica vacía que no significa absolutamente nada en el contexto de la deuda soberana”.

La interpretación tradicional de la cláusula pari passu por los agentes del mercado en las transacciones financieras internacionales es que el principio impide a los prestatarios incurrir en obligaciones hacia otros acreedores que tengan mayores derechos de cobro que el instrumento de deuda que contenga la cláusula. Fuera del contexto de los procedimientos típicos de bancarrota corporativa, la noción de que una cláusula pari passu implica que no puede pagarse a un acreedor que goza de un nivel de derechos determinado si no se paga a todos los acreedores del mismo nivel es una falacia pura y dura.

Nadie que tenga un mínimo de sentido común y honestidad intelectual debería tratar de presentar a operadores financieros expertos en extraer rentas a través de manipulaciones legales inescrupulosas como si fuesen actores en un mercado libre que intentan hacer cumplir términos contractuales sensatos. Sobre todo, no deberían hacerlo aquellos que se identifican como “libertarios”.

Las ideas básicas del libertarismo de izquierda, tal como las entendemos los que pertenecemos a la Alianza de la Izquierda Libertaria (ALL) y al Centro para una Sociedad sin Estado (C4SS), son más amplias de lo que postulan nuestras organizaciones por sí mismas. La década de los años 90 fueron una especie de era del motor de vapor para la idea general de un libertarismo con orientación de izquierda, y para el uso de las ideas de libre mercado como un arma contra los males del capitalismo corporativo; una serie de pensadores han desarrollado líneas paralelas de análisis de forma independiente el uno del otro, y se han convertido en una tendencia ideológica amplia y unida por vínculos relativamente flexibles. Pero teniendo en cuenta el papel desproporcionado que ALL y C4SS han jugado en la creciente importancia de esta tendencia, parece sensato explicar de dónde venimos y lo que entendemos que es el libertarismo de izquierda.

El uso más antiguo y más amplio del término “libertario de izquierda”, y que tal vez sea el más familiar para aquellos en el movimiento anarquista en general, se remonta a finales del siglo XIX e incluye a prácticamente toda la izquierda no-estatista, horizontalista o decentralista — básicamente a todo el mundo menos a los socialdemócratas y a los leninistas. Originalmente fue utilizado como sinónimo de “socialista libertario” o “anarquista”, y solía incluir a sindicalistas, comunistas consejistas, a los seguidores de Rosa Luxemburgo y Daniel DeLeon, etc. Muchos de nosotros en C4SS nos consideraríamos parte de esta comunidad libertaria de izuqierda más amplia, a pesar de que lo que queremos decir cuando decimos que somos “libertarios de izquierda” es más específico.

Para el público en general de hoy en día, puede que el “libertarismo de izquierda” evoque a una escuela de pensamiento representada durante los últimos veinte años por gente como Hillel Steiner y Peter Vallentyne, entre otros. La mayoría de los seguidores de esta filosofía, combinan la creencia en la soberanía personal y el principio de no agresión con ideas izquierdistas acerca de la limitada medida en que los individuos pueden desasociarse del comunal, y adquirir derechos ilimitados de disposición sobre él con simplemente combinar su trabajo con éste. Se solapa en gran medida con el Georgismo y el Geolibertarismo. Aunque esta versión del libertarismo de izquierda no abarca a lo que promovemos en ALL/C4SS, y algunos de nuestros miembros se opondrían a aspectos de la misma, es fácil imaginar a un adherente de esta filosofía que se sintiese como en casa entre nosotros.

Dentro de la comunidad libertaria anglosajona, y entre los que se describen como “liberales” en el resto del mundo, el término “libertario de izquierda” podría estar asociado con el intento de Murray Rothbard y Karl Hess de forjar una alianza con los anarquistas en la SDS alrededor de 1970, y con los movimientos como el agorismo de Sam Konkin que crecieron a partir del mismo. Aunque el rothbardismo de izquierda y el agorismo de Konkin no son la posición oficial de ALL/C4SS, sería justo decir que tenemos una cierta continuidad organizativa con el Movimiento de la Izquierda Libertaria de Konkin, y una parte significativa de nuestra membresía central más antigua viene de la tradición rothbardiana de izquierda y konkinista. Yo, por ejemplo, no vengo de ninguna de esas dos tendencias. Somos una coalición multi-tendencia que incluye rothbardianos de izquierda, anarquistas individualistas clásicos del siglo XIX, georgistas, y muchas otras tradiciones.

También hay una tendencia entre los libertarios estadounidenses a confundirnos con los “Libertarios idealistas” [Bleeding Heart Libertarians], que en realidad es el nombre de un blog específico. Aunque en ese blog hay unos cuantos artículos buenos y han publicado algunas de nuestras cosas, no somos libertarios idealistas como tales. Los libertarios idealistas son mucho más afines al fusionismo “liberaltario”, con desviaciones que van desde el “paternalismo libertario” de Cass Sunstein a la defensa de los talleres clandestinos y los asentamientos israelíes. Por no hablar de que la mayoría de ellos no son anarquistas y nosostros sí.

Así que ahora que hemos considerado todas las cosas que no somos en ALL/C4SS, y lo que no queremos decir con “libertarismo de izquierda”, ¿qué es lo que realmente representamos? Nosotros nos autodenominamos libertarios de izquierda, en primer lugar, porque queremos rescatar las raíces izquierdistas del libertarismo de libre mercado, y en segundo lugar, porque queremos demostrar la pertinencia y utilidad del pensamiento de libre mercado para abordar las preocupaciones actuales de la izquierda.

El liberalismo clásico y el movimiento socialista clásico de principios del siglo XIX tuvieron raíces comunes muy afines en la Ilustración. El liberalismo de Adam Smith, David Ricardo y otros economistas clásicos, era en gran medida un asalto izquierdista contra los arraigados privilegios económicos de la gran oligarquía terrateniente Whig y el mercantilismo de las clases adineradas.

A medida que los industriales en auge derrotaron a los terratenientes y mercantilistas Whig en el siglo XIX y ganaron una posición predominante en el Estado, el liberalismo clásico fue adquiriendo el carácter de una doctrina apologética en defensa de los intereses arraigados del capital industrial. A pesar de eso, las vetas de izquierda – incluso socialistas – del pensamiento de libre mercado sobrevivieron en los márgenes del liberalismo establecido.

Thomas Hodgskin, un liberal clásico que escribió desde 1820 hasta 1860, era también un socialista que veía la renta, las ganancias y los intereses como rendimientos monopólicos sustentados en privilegios y derechos de propiedad artificiales. Josiah Warren, Benjamin Tucker y otros individualistas estadounidenses también favorecieron una forma de socialismo de libre mercado en el que la libre competencia destruiría la renta, las gangncias e intereses y garantizaría que “el salario natural del trabajo en un mercado libre fuese su producto”. Muchos anarquistas individualistas asociados con el grupo Libertad de Tucker tenían estrechos vínculos con movimientos laborales radicales y grupos socialistas como los Caballeros del Trabajo, la Asociación Internacional de los Trabajadores y la Federación Occidental de Mineros.

Esta rama del libertarismo era también izquierdista desde un punto de vista cultural, estrechamente asociada con los movimientos por la abolición de la esclavitud, por la igualdad racial, el feminismo y la libertad sexual.

A medida que las guerras de clase del siglo XIX se desarrollaban, la retórica de “libre mercado” y de “libre empresa” en la política convencional estadounidense se asoció cada vez más con la defensa militante del capital corporativo frente a los desafíos radicales del movimiento populista laboral y granjero. Al mismo tiempo, la división interna dentro del movimiento anarquista entre los comunistas y los individualistas dejó a los últimos aislados y vulnerables a la colonización por parte de la derecha. En el siglo XX, “el libertarismo de libre mercado” llegó a estar estrechamente asociado con las defensas derechistas del capitalismo esgrimidas por Mises y Rand. La tradición individualista sobreviviente fue despojada de sus antiguas tradiciones culturales izquierdistas, pro-laborales y socialistas, y asumió un carácterde derecha cada vez más apologético.

Sin embargo, incluso entonces algunos remanentes de la tradición de izquierda más antigua sobrevivieron en el libertarismo estadounidense. En particular, georgistas y cuasi-georgistas como Bolton Hall, Albert Nock y Ralph Borsodi siguieron dando vueltas por ahí más allá de la mitad del siglo XX.

Los que pertenecemos a la Izquierda Libertaria consideramos absolutamente perverso que el libertarismo de libre mercado, una doctrina que tuvo sus orígenes como un ataque contra el privilegio económico de los terratenientes y comerciantes, haya sido cooptado en defensa del poder establecido de la plutocracia y las grandes empresas. El uso del “libre mercado” como una ideología legitimadora para el capitalismo corporativo triunfante, y el crecimiento de una comunidad de propagandistas “libertarios”, es una perversión de los principios del libre mercado tanto como la cooptación de los símbolos y la retórica del movimiento socialista histórico por parte de los regímenes estalinistas fue una perversión del movimiento de la clase obrera.

El sistema capitalista industrial que la corriente libertaria convencional ha estado defendiendo desde la mitad del siglo XIX nunca se ha aproximado en lo más mínimo a un régimen de libre mercado. El capitalismo, como sistema histórico que surgió en la época moderna, es en muchos sentidos una consecuencia directa del feudalismo bastardo de la Baja Edad Media. Se fundamentó en la disolución de los campos abiertos, el cercamiento de las tierras comunales y otras expropiaciones masivas de los campesinos. En Gran Bretaña la población rural no sólo fue transformada en un proletariado desposeído y coaccionado hacia el trabajo asalariado, sino que también se criminalizó su libertad de asociación y de circulación con la implementación de un Estado policial draconiano durante las dos primeras décadas del siglo XIX.

A nivel mundial, el capitalismo se expandió como sistema mundial a través de la ocupación colonial, la expropiación y la esclavización de gran parte del Sur global. Decenas y cientos de millones de campesinos fueron despojados de sus tierras por las potencias coloniales, obligándolos a entrar en el mercado de trabajo asalariado, y sus antiguas tenencias fueron consolidadas para la agricultura de cultivos comerciales en una especie de reedición mundial de los Cercamientos de Gran Bretaña. Tanto en tiempos coloniales como post-coloniales, las tierras y los recursos naturales del Tercer Mundo fueron cercados, robados y saqueados por los intereses comerciales occidentales. La actual concentración de la tierra del Tercer Mundo en manos de las élites terratenientes que producen en connivencia con los intereses de la agroindustria occidental, y de los recursos de petróleo y minerales en las manos de las corporaciones occidentales, es una herencia directa de cuatrocientos años de robo colonial y neo-colonial.

Los que nos identificamos con la Izquierda Libertaria tal como la entendemos en C4SS queremos arrancar los principios del libre mercado de las manos de los asalariados de las grandes empresas y la plutocracia y volver a usarlos en función de su propósito original: de un asalto total contra los intereses económicos atrincherados y las clases privilegiadas de nuestro tiempo. Si el liberalismo clásico de Smith y Ricardo fue un ataque contra el poder de los oligarcas terratenientes partidarios del Whig y los intereses adinerados, nuestro libertarismo de izquierda es un ataque a lo que más se parece a eso en nuestro tiempo: el capital financiero global y las corporaciones transnacionales. Repudiamos el papel del libertarismo dominante en la defensa del capitalismo corporativo en el siglo XX y su alianza con el conservadurismo.

En la Izquierda Libertaria queremos demostrar la pertinencia de los principios de libre mercado, de libre asociación y de cooperación voluntaria para abordar las preocupaciones de la izquierda de hoy en día: la injusticia económica, la concentración y la polarización de la riqueza, la explotación del trabajo, la contaminación y los residuos, el poder empresarial, y las formas estructurales de opresión como el racismo, el sexismo, la homofobia y la transfobia.

Dondequiera que se haya perpetrado el robo o la injusticia, tomamos una firme postura a favor de la plena rectificación. Dondequiera que persista la propiedad de la tierra por parte de élites neo-feudales, debe ser tratada como propiedad legítima de aquellos cuyos antepasados la ​​han trabajado y utilizado. Los campesinos expulsados ​​de la tierra para levantar cultivos comerciales para Cargill y ADM deben ser reestablecidos como legítimos propietarios. Las haciendas en América Latina deberían abrirse para que los campesinos sin tierra puedan ocuparlas productivamente. Los títulos de propiedad de la tierra vacante y no mejorada en los Estados Unidos y otras sociedades de colonos que se ha cercado y dejado fuera de uso por propietarios ausentes, deberían ser anulados. En los casos donde la tierra originalmente reclamada en virtud de un título tan ilegítimo esté siendo efectivamente trabajada o habitada por inquilinos o pagadores de hipoteca, la titularidad completa debe ser inmediatamente transferida a ellos. Los títulos de propiedad corporativa de las minas, los bosques y los campos petrolíferos obtenidos mediante robo colonial deberían ser anulados.

La lista mínima de las exigencias del libertarismo de izquierda debe incluir la abolición de todos los derechos de propiedad artificial, la escasez artificial, los monopolios, las barreras de entrada, los carteles reglamentarios y las subvenciones, gracias a los cuales prácticamente la totalidad de las empresas del Fortune 500 generan la mayor parte de sus ganancias. Debe incluir la terminación de todo título de propiedad sobre terrenos baldíos y sin mejoras, todos los monopolios de “propiedad intelectual”, y todas las restricciones a la libre competencia en el tema del dinero y del crédito o a la libre adopción de cualquiera y todos los medios de intercambio elegidos por las partes de una transacción. Por ejemplo, la abolición de las patentes y las marcas comerciales significaría el fin de todas las barreras legales que impiden a los contratistas de Nike en Asia producir inmediatamente imitaciones idénticas de las zapatillas y comercializarlas a la población local a una pequeña fracción del precio sin el recargo que implica el “Swoosh”. Significaría el fin inmediato de todas las restricciones a la producción y venta de versiones competitivas de los medicamentos bajo patente, a menudo por tan poco como el 5% del precio. Queremos que la porción del precio de todos los bienes y servicios conformada por las rentas incorporadas sobre la “propiedad” de ideas o técnicas —a menudo la mayor parte de su precio— desaparezca ante la competencia inmediata.

Nuestro programa debe incluir, además, el fin de todas las barreras artificiales a la actividad por cuenta propia, a la empresa casera, a la vivienda vernácula o autoconstruida y a otros medios de subsistencia de bajo costo — esto incluye las leyes de habilitación y zonificación o códigos de seguridad. Y debe incluir terminar con todas las restricciones legales sobre el derecho de los trabajadores a organizarse y para negarse a prestar sus servicios bajo cualquier circunstancia o a participar en boicots, y el fin de todos los privilegios legales que dan a los establecimientos sindicales certificados el derecho a restringir las huelgas salvajes y otros tipos de acción directa por parte de sus trabajadores de base.

En el caso de la contaminación y el agotamiento de los recursos, la agenda de la izquierda libertaria debe exigir el fin de todo tipo de acceso privilegiado a la tierra por parte de las industrias extractivas (es decir, la colusión de la Oficina de Administración de Tierras de EE.UU. con las compañías petroleras, mineras, madereras y ganaderas), de todos los subsidios a la energía y el consumo de transporte (incluyendo el fin de los subsidios a aeropuertos y autopistas y el uso del dominio eminente para esos fines), el fin de la utilización del dominio eminente para oleoductos y gasoductos, la eliminación de todas las limitaciones regulatorias de la responsabilidad corporativa por derrames de petróleo y otros tipos de contaminación, el fin de la doctrina por la cual las normas mínimas regulatorias impiden normas preexistentes de responsabilidad más estrictas derivadas del derecho consuetudinario, y la restauración completa de la responsabilidad ilimitada (tal como existía en el marco del derecho consuetudinario de agravios original) para actividades contaminantes como el fracking y la remoción de la cima de las montañas. Y debe abolir, obviamente, el rol del Estado guerrerista de EE.UU. en asegurar el acceso estratégico a las cuencas petroleras extranjeras o mantener las rutas marítimas abiertas para los barcos petroleros.

El capitalismo corporativo y la opresión de clase deben su existencia a la intervención del Estado a favor de los privilegiados y poderosos. Los mercados genuinamente libres, la cooperación voluntaria y la libre asociación actuará como dinamita en los cimientos de este sistema de opresión.

Cualquier agenda de izquierda libertaria digna de ese nombre debe incluir también una preocupación por la justicia social y la lucha contra la opresión estructural. Eso significa, obviamente, el fin de toda discriminación impuesta por el Estado en cuanto a raza, género u orientación sexual. Pero significa mucho más que eso.

Es cierto que como libertarios nos oponemos a todas las restricciones legales a la libertad de asociación, incluyendo las leyes contra la discriminación por parte de las empresas privadas. Pero debemos apoyar con entusiasmo la acción directa para combatir la injusticia en el ámbito social. E históricamente, las leyes estatales contra la discriminación solo han servido para codificar, de mala gana y después del hecho, las triunfos obtenidos sobre el terreno a través de la acción directa, como los boicots de autobuses, las sentadas en los despachos de almuerzo y los disturbios de Stonewall. Debemos apoyar el uso de la acción directa, la presión social, los boicots y la solidaridad social para combatir las formas estructurales de opresión como el racismo y la cultura de la violación, y desafiar las normas interiorizadas que perpetúan estos sistemas de coerción.

Al abordar todas las formas de injusticia, debemos adoptar un enfoque interseccional. Eso incluye el repudio a las prácticas de la vieja izquierda de desestimar las preocupaciones de raza y género como “divisivas” o postergables “hasta más tarde” en interés de la unidad de clase. También incluye un repudio de los movimientos de justicia racial y de género dominados por profesionales de clase media alta que solo se preocupan por ver “caras negras o femeninas en las altas esferas del poder”, y “gabinetes/juntas directivas que se parezcan al resto de Estados Unidos”, dejando el poder de esas altas esferas, gabinetes y juntas directivas intacto. El asalto a una forma de privilegio arraigada no debe ser razón para llegar a una solución de compromiso en otras luchas; más bien, todas las luchas son complementarios y se refuerzan mutuamente.

Preocuparnos especialmente por las necesidades interseccionales de los compañeros menos favorecidos en cada movimiento de justicia —mujeres y personas de color en la clase obrera; mujeres pobres y trabajadoras, mujeres de color, mujeres transexuales y trabajadoras sexuales dentro del feminismo; las mujeres, los pobres y los trabajadores en el movimiento por la justicia racial; etc.— no divide estos movimientos. De hecho los fortalece ante los intentos de la clase dominante para dividir y conquistar mediante la explotación de las líneas de fractura interna como fuente de debilidad. Por ejemplo, los grandes terratenientes derrotaron a los sindicatos de granjeros arrendatarios en el sur estadounidense durante la década de 1930 mediante el fomento y la explotación de la discordia racial, logrando que el movimiento se dividiese en sindicatos blancos y negros separados. Cualquier movimiento de clase, justicia racial o sexual que no tenga en cuenta la combinación de múltiples formas de opresión entre sus propios miembros, en lugar de prestar especial atención a las necesidades especiales de los menos privilegiados, queda abierto al mismo tipo de manipulación. En última instancia, este tipo de atención a los problemas interseccionales debe incluir un enfoque de espacios seguros que cree un ambiente receptivo de verdadero debate para todos, sin el efecto amedrentador causado por el acoso deliberado y las difamaciones.

Los libertarios —a menudo por nuestra propia culpa— han sido descartados por muchos como “republicanos que fuman marihuana” que adhieren a una ideología insular principalmente de hombres blancos de clase media que trabajan en startups de Silicon Valley. En demasiadas publicaciones y comunidades en línea libertarias convencionales, la tendencia reflexiva es defender a los grandes negocios contra los ataques de los trabajadores y los consumidores, a los arrendadores contra los arrendatarios, y a Walmart contra la gente común, rechazando a cualquiera que sea crítico en este sentido como enemigo del libre mercado y tratando a las corporaciones como si fuesen portavoces de los principios del libre mercado. Esta tendencia es paralela a otra similar a descartar cualquier preocupación por la justicia racial y sexual como “colectivista”. El resultado es un movimiento que la gente pobre y trabajadora, las mujeres y las personas de color ven como totalmente irrelevantes a sus preocupaciones. Mientras tanto, los varones blancos de 20 y pico de años que trabajan en las industrias de alta tecnología explican la falta de mujeres y minorías en función de su “colectivismo natural”, y con aire taciturno citan mutuamente “El trabajo de Isaías” de Nock.

Los que estamos en la Izquierda Libertaria no queremos ser relegados a las catacumbas, o ser el equivalente moderno de los jacobitas sentados en los cafés recordando a Bonnie Prince Charlie y el ’15. No queremos rezongar sobre cómo la sociedad se va al garete mientras que la mayoría de la gente que lucha para cambiar las cosas para mejor nos ignora. Queremos que nuestras ideas estén en el centro de las luchas por la justicia y una vida mejor en todo el mundo. Y sólo podemos hacer esto abordando las preocupaciones reales de la gente real, repetándolas como se merecen, y mostrándoles cómo nuestras ideas son relevantes. Y eso es lo que pretendemos hacer.

Artículo original publicado por Kevin Carson el 15 de junio de 2014.

Traducido del inglés por Alan Furth.

No cabe duda de que las acusaciones de fraude y negligencia están justificadas, pero una demanda podría no ser la mejor manera de buscar justicia en la economía no regulada de Internet. Es curioso que los miembros de la comunidad de Bitcoin, muchos de los cuales se oponen a la intervención del gobierno en la creación de moneda, recurran tan rápidamente a los sistemas jurídicos del estado cuando la situación se descontrola. Una demanda sin duda abrirá nuevas vías para que los legisladores compliquen aún más el uso de Bitcoin y criptomonedas similares.

El activista político estadounidense Samuel Edward Konkin III popularizó el término “contra-economía” para describir todas las transacciones voluntarias que ocurren fuera de la esfera del mercado regulado por el estado. Bitcoin, y las criptomoedas en general, cumplen un rol importante en la contra-economía al eliminar del todo a la moneda fiduciaria de la ecuación. Sin embargo, para mantener al máximo el poder de la contra-economía, tenemos que integrar sistemas jurídicos no gubernamentales dentro de su marco general. En lugar de correr de vuelta al estado cuando las cosas toman un giro equivocado, la oportunidad debería ser aprovechada para discutir y desarrollar sistemas mediante los cuales pueda hacerse responsabilizerse a las empresas de la contra-economía por sus acciones.

Un ejemplo de la regulación contra-económica proviene de la comunidad en torno a la “Ruta de la Seda”, un mercado en línea basado en Bitcoin para la compra y venta de drogas ilegales. Un grupo de sus usuarios que se hace llamar “Los Vengadores del LSD”, hicieron análisis químicos del ácido que compraban para probar si en realidad estaban en posesión de LSD auténtico, proveyendo a los demás usuarios un estándar de seguridad para la compra y consumo de drogas. Esto ilustra cómo un mercado negro puede autorregularse sin necesidad de recurrir a la imposición de los organismos burocráticos, como la Administración de Alimentos y Drogas.

Bitcoin juega un papel liberador en lugares como Ucrania e Irán, proporcionando un sistema de pago independiente de la intromisión de los gobiernos y de las directrices establecidos por los bancos centrales. Es posible que si el destino de Mt.Gox se coloca en manos de los jueces, surgirá un marco para su regulación. La regulación puede que satisfaga nuestra necesidad occidental de que se nos garanticen sentimientos ilusorios de seguridad. Pero lastimará a la libertad económica de los países en los que vive gente menos afortunada que en Occidente. Esto redundará en detrimento del potencial revolucionario de la moneda digital.

Actualmente no existe un sistema para imponer la responsabilidad en las transacciones llevadas a cabo en los mercados de Bitcoin. Puede que el recurso a los sistemas jurídicos del estado sea la única manera de que los clientes de Mt.Gox reciban la restitución que se merecen. Lo que sí hay que tener en cuenta, es que esta opción está lejos de ser óptima. No sería sorprendente que a raíz de esto se desencadene una discusión sobre la regulación gubernamental de las criptomonedas. De hecho, parece inevitable. En el futuro, la contra- economía digital tendrá que encontrar maneras de regularse a sí misma. Los ingeniosos métodos que seguramente surgirán en cuanto a la regulación de las transacciones en línea podrían dar lugar a ideas para autoregular también nuestras comunidades “analógicas”. llegará el día en el que la regulación gubernamental del mercado será una cosa del pasado, a medida que la auto-regulación contra-económica la reemplace por completo.

Artículo original publicado por Christiaan Elderhorst el 7 de marzo de 2014.

Traducido del inglés por Alan Furth.

[e]l dinamismo inherente de los mercados competitivos está reduciendo tanto los costos de muchos bienes y servicios, que se están haciendo casi gratuitos, muy abundantes, y por lo tanto cada vez menos sujetos a las fuerzas del mercado.

Los argumentos de Rifkin sobre cómo las reducciones de costo marginal afectan a las relaciones económicas, me recuerdan al anarquista estadounidense Josiah Warren. Inventor y promotor de reformas sociales radicales, Warren sostuvo que el costo es el límite equitativo de los precios, y que la competencia legítima eliminaría los flujos de renta, intereses, y ganancias de los privilegiados. Su obra influyó en una generación de radicales que veían en la competencia la manera de resolver los problemas económicos de la época.

Este grupo de anarquistas norteamericanos decimonónicos asaltó al capitalismo de una manera que podría sorprender a sus críticos contemporáneos: atacándolo por la izquierda, pero usando argumentos de libre mercado. Para estos anarquistas de mercado, era cierto que el capitalismo representaba un sistema de privilegios y explotación, que era un sucesor de los sistemas económicos anteriores, como el feudalismo y el mercantilismo. Pero en lugar de confundir las nociones de capitalismo y libre mercado, estos archi-individualistas vieron el remedio para las relaciones depredadores y usureras del capitalismo en la verdadera liberación de las relaciones económicas: en el genuino intercambio voluntario, la competencia abierta, y la abolición de los privilegios especiales.

Este grupo de anarquistas del laissez faire eran de la idea de que “el poder de aumento” de los capitalistas, su habilidad para generar un ingreso sin tener que trabajar, se derivaba de lo que ellos llamaban “legislación de clase” – barreras políticas a la competencia real que le daban una ventaja injusta a los empleadores. Continuando con esta línea de pensamiento, los anarquistas de mercado de hoy en día ven el poder coercitivo del gobierno como la principal fuerza que sesga las relaciones económicas a favor de las élites con influencia política.

Como partidarios del libre mercado, decentralistas e individualistas, ocupamos una esquina del movimiento libertario. Al mismo tiempo, como críticos de la desigualdad de la riqueza y defensores de las clases pobres y trabajadoras, nos encontramos dentro de los movimientos anticapitalistas contemporáneos que promueven la justicia económica. Dados los términos bajo los que comúnmente se desarrolla el debate político, los balidos repletos de falsas dicotomías que predominan en las noticias por cable y los artículos de opinión de todos los días, estos compromisos pueden parecer ser contradictorios. Los partidarios del libre mercado suelen ser presentados como defensores de un orden económico plutocrático, y el estado como baluarte contra la competencia feroz y protector de la gente de a pie.

Pero este relato interpreta erróneamente el papel histórico del Estado en el sistema económico, posicionándolo en un conflicto con el capital que en realidad nunca ha existido. De hecho, las élites políticas y económicas siempre han cooperado. La cultura de “puerta giratoria” de Washington pone de manifiesto esta historia de poder y colusión, con la colocación de ejecutivos corporativos en importantes puestos burocráticos del gobierno federal, y viceversa.

Rifkin tiene razón de ver la “cada vez más actual realidad de una economía marginal de costo cero” como amenaza para el capitalismo. Las nuevas tecnologías nos permiten encontrar una ruta alternativa (parafraseando la famosa expresión sobre Internet) para eludir los impedimentos al intercambio que siempre han sido la fuente de poder monopólico del capital. El sueño de Warren, “Costo como Límite del Precio”, — o por lo menos algo muy parecido — está constantemente convirtiéndose en una posibilidad cada vez más real.

Artículo original publicado por David D’Amato el 18 de marzo de 2014.

Traducido del inglés por Alan Furth.

Y tiene razón — pero no en el sentido que él cree. Antes de elaborar al respecto, veamos qué más dijo Francisco.

Se quejó de que «hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida».

Este último comentario es parcialmente acertado y parcialmente equivocado.

«En este contexto», continúa el Papa,

…algunos todavía defienden las teorías del «derrame», que suponen que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante.

De nuevo, esto es parcialmente cierto, aunque no en el sentido que él cree, y parcialmente falso.

Además, dijo que «Este desequilibrio [o sea, desigualdad] proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados».

Aquí el Papa entiende las cosas exactamente al revés.

«En este sistema», añadió, «que tiende a fagocitarlo todo en orden a acrecentar beneficios, cualquier cosa que sea frágil, como el medio ambiente, queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado, convertidos en regla absoluta».

Esto apunta a un tema importante, al que volveré en un momento.

Cuando digo que el Papa tiene razón, pero no en el sentido que él cree, esto es lo que quiero decir: En un sentido importante, sí que tenemos «una economía de la exclusión y la inequidad». Pero no es una economía basada en el libre mercado, sino más bien en el intervencionismo, el corporativismo, el capitalismo de amigotes, o simplemente en el capitalismo, es decir, la derogación del libre mercado en nombre de intereses particulares, en su mayoría relacionados al mundo de los negocios. El sistema imperante está plagado de exclusión y desigualdad, y sus víctimas son las personas más vulnerables de la sociedad. Es fácil pasar por alto esta realidad porque el sistema produce un gran volumen y variedad de bienes de consumo a los que incluso las personas de bajos ingresos pueden acceder. (El sistema depende de los consumidores, aunque sin la intervención gubernamental podríamos esperar que los precios fuesen aún más bajos).

Es cierto que aquellos a los que llamamos «pobres» en este país tienen productos para el hogar de los que carecían la mayoría de las personas de clase media hace 40 años, y muchas cosas que nadie tenía hace menos de 20 años debido a que no se habían inventado todavía. También es cierto que la pobreza en todo el mundo ha disminuido mucho en las últimas décadas, gracias a la desaparición de la planificación central y la introducción de reformas de mercado limitadas (que sin embargo no están a la altura del «sistema de libertad natural» de Adam Smith, que si se aplicase consistentemente incluiría una reforma agraria).

Pero estas no son las únicas medidas del bienestar. A la gente se le excluye y se le trata de manera desigual en la medida en que los gobiernos le impiden romper con el empleo asalariado tradicional (y, en el contexto actual, opresor) y establecerse por cuenta propia o en empresas cooperativas con sus pares. La perspectiva de trabajo por cuenta propia, particularmente entre las personas de bajos ingresos educados en el sistema público administrado por el gobierno es casi nula, debido a la estructura impositiva, la regulación de productos, licencias ocupacionales, la zonificación y otras restricciones y exclusiones de uso del suelo, normas de construcción, de máxima densidad residencial y otros requisitos que fomentan el crecimiento urbano desmesurado, límites a los vendedores ambulantes y a los taxis, leyes de salario mínimo, la «propiedad intelectual», entre otros muchos factores. El gobierno tiene miles de maneras de encarecer lo que se entiende por una subsistencia cómoda. Todo esto se decreta en nombre de intereses creados que quieren preservar sus ventajas actuales.

«Mientras más pobre es uno, más necesita acceso a alternativas informales y flexibles, y más se necesita la oportunidad de dedicarse a buscarse la vida creativamente. Cuando el estado impide eso, condena a los pobres a la existencia aislada típica de los guetos», escribe Charles W. Johnson. (Véase su ensayo «Cómo el Gobierno crea la Pobreza tal como la Conocemos», y «El Gobierno no es Amigo de los Pobres» de Gary Chartier).

Estamos hablando de un tipo de exclusión y desigualdad especialmente vicioso. Y no cabe esperar que mejore con teléfonos inteligentes baratos o televisores de pantalla grande equipadas con TiVos. Esas cosas puede que alivien un poco la tortura de trabajar bajo la autoridad arbitraria de otra persona en un empleo que nubla la mente, pero no rectifican la injusticia ni derogan los peajes que el Estado erige en el camino hacia el progreso individual.

En otras palabras, el Papa se equivoca cuando dice que «hoy todo entra dentro del juego de la competitividad». Es precisamente esta supresión legislada y prohibición de la competencia lo que provoca que «grandes masas de la población se vean excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida».

No hay demasiada competencia, sino muy poca, ya que la supresión de la competencia es la herramienta con la que los que tienen acceso al poder político mantienen a raya a sus rivales potenciales. Como se ha señalado, estas restricciones hacen que las personas de bajos ingresos (y otras) dependan de un empleo asalariado: las regulaciones gubernamentales eliminan en gran medida al auto-empleo y a las empresas cooperativas como alternativas a un puesto de trabajo, lo que disminuye el poder de negociación de los trabajadores y los deja más vulnerables a los caprichos de empresas sobredimensionadas, jerárquicas y políticamente protegidas, por no hablar de las recesiones en la economía y el desempleo estructural resultante provocados por los bancos centrales de los gobiernos y el favoritismo inflador de burbujas. (Gracias al costo cada vez menor de las computadoras y otros bienes de capital, es cada vez más factible que la gente arranque empresas de manufactura casera. Para más detalles sobre las posibilidades en ese sentido, consultar La Revoulción Industrial Casera de Kevin Carson).

Así que cuando el Papa escribe que nuestros problemas sociales son el resultado de «ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados», comete un grave error. La autonomía del mercado fue comprometida desde el principio por aquellos que usaron el estado para asegurarse privilegios que no hubiesen podido obtenerse en un mercado liberado.

Cuando dice «En este sistema que tiende a fagocitarlo todo en orden a acrecentar beneficios, cualquier cosa que sea frágil, como el medio ambiente, queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado, convertidos en regla absoluta», se contradice a sí mismo. Una de las cosas que fue devorada hace mucho tiempo, precisamente porque era un obstáculo para los beneficios empresariales políticamente inflados, lo que los economistas denominan «rentas», es el el libre mercado. (Esto también ha tenido implicaciones ambientales, como cuando las cortes del siglo XIX decidieron darle prioridad a la industrialización sobre las protecciones a la propiedad inherentes al derecho común).

Por último, el Papa muestra su confusión cuando en un solo párrafo equipara el libre mercado con los «los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante». Cualquiera sea la manera que uno quiera llamar al sistema económico imperante, tal como lo he demostrado aquí, no puede ser «libre mercado». En un mercado liberado no habría dominio eminente (cuyas víctimas son los más desfavorecidos económicamente), subsidios, rescates corporativos, especulación alimentada por la deuda del gobierno, y todos los obstáculos para el progreso individual mencionados más arriba. (Esta no es la primera vez que llamado la atención del Vaticano acerca de ideas de libre mercado. Ver esto.)

La preocupación del Papa por los pobres y excluidos es acertada. No debemos tolerar su condición o sus causas. Pero lo que los pobres y los excluidos necesitan son libertad y mercados liberados – mercados realmente libres, no «el sistema económico imperante» – para que puedan liberarse de la opresión que les impide progresar.

Cuando el Papa se lamenta de que las ideologías dominantes violan «el derecho de control de los Estados, encargados de velar por el bien común», hay que hacer un gran esfuerzo para reprimir las ganas de reír. ¿Cuándo han velado los estados alguna vez por el bien común? Son los estados y sus patrones elitistas los que preservan la exclusión y la desigualdad que el Papa aborrece, impidiendo la cooperación social inherente a los mercados liberados y el surgimiento de la prosperidad de abajo hacia arriba (en lugar de a través de mecanismos de derrame) que facilitan. Son los estados los que encarnan el peor sentido del principio de la «supervivencia del más apto», definiendo «apto» en términos de destreza en la navegación de los pasillos del poder. Sabemos muy bien quiénes son incluidos y quiénes quedan excluidos en ese proceso.

Artículo original publicado por Sheldon Richman en la Future of Freedom Foundation el20 de diciembre de 2013.

Traducido del inglés por Alan Furth.