Los detalles de su amistad y trabajo con Fidel Castro son legendarios. En 1959 se incorporó a la agencia de noticias Prensa Latina, fundada por el Che Guevara y Jorge Ricardo Masetti. Cuando venía a la isla se quedaba en una de las lujosas casas de protocolo que el Comandante reservaba para sus amigos. Allí compartieron sus pasiones culinarias. El plato favorito de Gabo era la “langosta a la Macondo”, a Fidel le encantaba todo lo que tuviese que ver con el bacalao. Pero sobre todo compartieron sus sueños de cómo la revolución traería, algún día, la prosperidad sin fin para los cubanos de a pie que esperaban en fila durante horas bajo el sol, libro de racionamiento en mano, por unas cuantas libras de pollo, arroz y frijoles.

En 1988, viviendo en La Habana, García Márquez avanzó en la escritura de El general en su laberinto, su clásico sobre los últimos años de Simón Bolívar. Gerald Martin, autor de la primera biografía completa de García Márquez publicada en Inglés, sugiere que su descripción de Bolívar en el libro se inspiró en los rasgos de Castro. En 1989 le dedicó el libro a uno de sus grandes amigos, Antonio “Tony” de la Guardia, un coronel del Ministerio del Interior de Cuba: “Para Tony, que siembra el bien”.

Ese mismo año, de La Guardia fue condenado a muerte, acusado de tráfico de drogas y traición. Cuando la hija de de la Guardia le rogó a García Márquez que intercediera en nombre de su padre, él le dijo que “Fidel estaría loco si tuviera que autorizar las ejecuciones”, dándole esperanzas. Pero poco después, de la Guardia fue ejecutado.

Al parecer, la devoción que García Márquez sentía por Castro le hizo racionalizar la ejecución de de la Guardia como tan sólo “un problema entre militares”, como le dijo a Francois Miterrand durante la celebración del bicentenario de la Revolución Francesa. También afirmó públicamente que los cargos de traición estaban justificados, y que dada la situación, Castro no tuvo alternativa.

Lo más triste del caso de García Márquez, sin embargo, es que su actitud es el ejemplo prototípico del intelectual “izquierdista” de América Latina, siempre dispuesto a idolatrar a cualquier tirano que grite una consigna anti-imperialista o sobre la “justicia social”.

Después de leer “Operación Carlota: Cuba en Angola”, una crónica escrita por García Márquez bajo la supervisión de Castro, el también Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa lo acusó de ser un “lacayo” del dictador. Aunque llegaron a ser muy amigos, con los años los escritores se distanciaron por sus diferencias ideológicas. Y lo que es tan triste como el caso de García Márquez, Vargas Llosa se ​​convirtió en su polo opuesto pero a la vez complementario, idolatrado por los intelectuales “liberales” de derecha en toda América Latina.

Al igual que García Márquez, Vargas Llosa racionaliza la perversidad de la autoridad con bastante frecuencia, y quizás el ejemplo más claro tiene que ver con un suceso que implicó muchas más muertes que la ejecución de un solo hombre. En el período previo a la invasión estadounidense de Irak en 2003, Vargas Llosa declaró pública y vehementemente su oposición a la la guerra. Pero unos meses más tarde, después de cubrir la invasión sobre el terreno en una misión para el periódico El País, proclamó que a pesar de la pérdida masiva de vidas y recursos de la que fue testigo, “Con lo que he visto y oído en esta breve estancia, hubiera apoyado la intervención [sic], sin vacilar”.

Por muy triste que pueda llegar a ser, el contraste de la miopía ideológica y el genio literario de cada escritor por su cuenta no puede ni compararse con el profundo sufrimiento que el choque entre las dos visiones del mundo que tan típicamente representan le ha provocado a América Latina. Demasiados de nuestros complejos de inferioridad cultural se reducen a nuestra obsesión con la superpotencia, ya sea como la causa de todos y cada uno de nuestros problemas sociales, o como una fuente divina de paz, prosperidad y justicia. Inevitablemente, cualquier enfoque racional sobre cómo estructurar nuestra relación con ella, o cómo arreglar nuestros propios asuntos políticos como gente adulta, se pierde en un juego interminable de echarle la culpa al otro, creando divisiones de proporciones épicas.

Cada escritor representa el arquetipo de la rebelión latinoamericana hacia una forma de autoridad y de su sumisión hacia otra. Tal vez estamos eternamente condenados por una maldición mágico-realista a vivir por siempre apegados a uno de los extremos de esa falsa dicotomía. Pero quiero pensar que el exponernos a la contradicción interna provocada por la lectura de cada palabra que estos dos grandes y trágicamente errados escritores han puesto sobre el papel, nos ayudará a romperla.

…Fue aquí, en Europa, gracias a siglos de lucha… que un conjunto particular de ideas comenzaron a surgir: la creencia de que a través de la conciencia y el libre albedrío, cada uno de nosotros tiene derecho a vivir como queramos. La creencia de que el poder se deriva del consentimiento de los gobernados…

David Graeber, un antropólogo y pensador anarquista estrechamente asociado al movimiento Occupy Wall Street desde sus primeros días, tiene mucho que decir sobre la noción de que el autogobierno es una abstracción sumamente avanzada; tan avanzada como para que la raza humana haya sufrido en la oscuridad de la ignorancia hasta que aparecieron unos tipos listos en Atenas, París o Filadelfia, que se encargaron de pensar sobre lo que hasta entonces era impensable.

En “Fragmentos de antropología anarquista”, Graeber argumenta que a lo largo de la historia, casi todos los grupos de gente común y corriente que interactúan cara a cara han practicado el autogobierno, porque cuando no existe una fuerza policial o un ejército para someter a todo el mundo a los golpes, el sentido común lleva naturalmente a escuchar la opinión de los demás y a establecer un consenso sobre la mejor manera de hacer las cosas. Es lo que normalmente sucede en los consejos de aldeas, así como en las instituciones populares para el gobierno los recursos comunes estudiados por Elinor Ostrom. Y estas instituciones populares para el autogobierno local persistieron por mucho tiempo después de que el Estado se superpuso sobre la sociedad; por ejemplo, en las instituciones campesinas como el Mir ruso, las mutuales y otras organizaciones sociales voluntarias. En cuanto a la idea de que las personas deben poder participar equitativamente en las decisiones que las afectan, pues prácticamente todo el mundo la entiende de manera intuitiva.

Pero los estudiosos occidentales de la historia del pensamiento político no suelen ver a “un consejo de aldea Sulawesi o Talensi” exactamente “en el mismo nivel que Pericles”. Dice Graeber que tal vez las decisiones por mayoría y el voto “en realidad no sean ideas tan increíblemente sofisticadas como para que nunca se le hayan ocurrido a nadie hasta que unos genios de la antigüedad las ‘inventaran’…”. Quizás la razón de que el modelo occidental de democracia mayoritaria no era ampliamente utilizado en las sociedades igualitarias, es simplemente que sin una maquinaria coercitiva centralizada para imponer por la fuerza las decisiones de la mayoría sobre la minoría, era más sensato tomar decisiones por consenso y evitar la polarización y fragmentación de la comunidad en facciones.

La democracia mayoritaria ha surgido sólo bajo dos condiciones: 1) la mayoría de la gente cree que es correcto tener voz y voto en las decisiones que la afectan, y 2) existe “un aparato coercitivo capaz de hacer cumplir sus decisiones”. De hecho, es inusual que ambos estén presentes al mismo tiempo, porque en las sociedades con valores igualitarios ampliamente difundidos, por lo general la coerción sistemática es considera como intrínsecamente inmoral. Y donde quiera que ha existido, la coerción sistemática surgió entre la gente que usaba deliberadamente la fuerza para hacer valer sus propios intereses a expensas de los afectados por sus decisiones. El estado originalmente surgió como medio para proteger los privilegios de las clases que lo controlaban, y extraer rentas a la mayoría de las personas bajo su dominio.

La democracia, como ideología moderna, surgió en sociedades que ya estaban gobernadas por estados coercitivos que defendían los intereses de una clase dominante. Y los sentimientos igualitarios democráticos generalmente han sido cooptados por facciones disidentes dentro de las clases dominantes, o por clases que aspiraban a ser dominantes, para reclutar a las clases bajas en sus esfuerzos por desplazar al régimen existente; después de lo cual la nueva clase dominante proclama una falsa “democracia” con ella misma como guardián, y se avoca a gobernar a la mayoría a favor de sus propios intereses.

Es precisamente este tipo de “democracia” la que Obama exalta. Noam Chomsky la llama “democracia del espectador”: elegir entre candidatos que representan alas contendientes de la misma clase dominante, elegidos por dicha clase entre sus propios miembros, y sentarse y cerrar la boca después de que la elección haya terminado, para que la nueva dirigencia proceda a tomar órdenes del Banco Mundial y el FMI, y a firmar el último tratado de “Libre Comercio” elaborado por empresas transnacionales, al igual que lo hacían los dirigentes anteriores. Si por algún accidente, el gobierno de un país refleja un cierto grado de democracia genuina, amenazando los intereses económicos del capital transnacional, Washington lo condena como un “Estado terrorista”, o “Estado fallido”, y les envía funcionarios de la CIA, la Fundación Nacional para la Democracia y la Fundación Soros para socavarlo, o anima a oficiales militares con vínculos estadounidenses a derrocarlo.

La democracia existía mucho antes de que los Estados emergiesen, porque los seres humanos se organizaron primordialmente en comunidades. Y va a seguir existiendo después de que el Estado desaparezca.

Artículo original publicado por Kevin Carson el 4 de abril de 2014.

Traducido del inglés por Alan Furth.

Tanto el informe del FMI (“Redistribución, Desigualdad, y Crecimiento“, FMI, Nota de Discusión SDN/14/02, febrero de 2014) como el artículo de Schneider confunden la “redistribución” con la “igualdad”: operan desde el supuesto tácito de que la desigualdad es el resultado espontáneo “del mercado”, mientras que el logro de una mayor igualdad requiere de la intervención del gobierno para redistribuir el ingreso en contra de esta tendencia natural del mercado.

Estos supuestos no declarados son, por supuesto, nada especial, constituyendo como lo hacen el núcleo de la ideología oficial del nexo gran-capital gran-gobierno que define al sistema capitalista existente. Los actores dominantes de la economía corporativa tienen un gran interés en promover el supuesto erróneo de que la concentración de la riqueza y el poder económico son legítimos, que son el resultado del buen desempeño en “nuestra economía de libre mercado”, en “nuestro sistema de libre empresa”. Y los que promueven el Estado regulador, tienen un interés similar en promover el supuesto igualmente erróneo de que la intervención del Estado es necesaria para evitar las crecientes concentraciones de poder económico y las disparidades de riqueza.

Sin embargo, estos supeustos no son ciertos. La acción del Estado para redistribuir la riqueza hacia abajo no es un correctivo a la tendencia normal del mercado hacia la desigualdad — al contrario, la desigualdad es el resultado de la intervención estatal sistemática en el mercado para distribuir la riqueza hacia arriba. La función primordial del Estado es hacer cumplir los mecanismos de escasez artificial, los derechos de propiedad artificiales, los monopolios, las barreras a la entrada, y los cárteles mediante los que la clase económica dominante extrae sus rentas; y no sólo eso, sino que también subsidia directamente los costos de operación de las grandes empresas a expensas de los contribuyentes. La inmensa mayor parte de la renta generada por la tenencia de la tierra, de los beneficios corporativos, y de los ingresos de la plutocracia, se mantiene gracias a esos monopolios impuestos por el Estado.

Lo que normalmente se conoce como “redistribución” es totalmente secundario. Debido a que estas rentas tienden a transferir ingresos de las clases que necesitan gastar dinero para vivir a las clases que lo invierten o lo ahorran, el capitalismo corporativo está plagado de una tendencia crónica y creciente a la sobreinversión, el exceso de capacidad de producción, y el subconsumo. Como resultado, el sistema se ve amenazado por un empeoramiento constante de las crisis económicas, y por la radicalización política de las clases bajas que resulta de la inseguridad económica, o hasta del hambre y la indigencia.

La tributación progresiva y el estado del bienestar — en la medida modesta en que realmente existen — implican tomar una pequeña fracción de los ingresos que se redistribuyen hacia arriba y volver a transferirla hacia abajo, para evitar niveles de pobreza políticamente desestabilizadores entre los más paupérrimos de la clase baja, y aumentar el poder de compra popular lo suficiente para reducir la capacidad industrial ociosa. El ingreso “redistribuido” a través de los cupones de alimentos, la asistencia social, y mecanismos similares, es por lo menos un orden de magnitud menos que el que originalmente redistribuye el Estado hacia arriba a favor de los arrendadores, los capitalistas, usureros, titulares de derechos de “propiedad intelectual” y otros monopolios, a los altos niveles gerenciales corporativos y las clases administrativas. Es el equivalente a que un atracador le deje algo de cambio a su víctima para que tome un taxi que le permita llegar seguro a casa, seguir trabajando, y ganar más dinero para que pueda robarle en un atraco futuro.

Así que la llamada “redistribución” hacia abajo es sólo una corrección secundaria a la anterior redistribución hacia arriba del ingreso ejecutada por el Estado. La única solución verdaderamente justa es eliminar la redistribución que ocurre en un principio, dejando que la competencia de mercado y la cooperación voluntaria destruyan los ingresos rentistas de nuestra clase dirigente corporativa.

Artículo original publicado por Kevin Carson el 9 de marzo de 2014.

Traducido por Alan Furth.

Y tiene razón — pero no en el sentido que él cree. Antes de elaborar al respecto, veamos qué más dijo Francisco.

Se quejó de que «hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida».

Este último comentario es parcialmente acertado y parcialmente equivocado.

«En este contexto», continúa el Papa,

…algunos todavía defienden las teorías del «derrame», que suponen que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante.

De nuevo, esto es parcialmente cierto, aunque no en el sentido que él cree, y parcialmente falso.

Además, dijo que «Este desequilibrio [o sea, desigualdad] proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados».

Aquí el Papa entiende las cosas exactamente al revés.

«En este sistema», añadió, «que tiende a fagocitarlo todo en orden a acrecentar beneficios, cualquier cosa que sea frágil, como el medio ambiente, queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado, convertidos en regla absoluta».

Esto apunta a un tema importante, al que volveré en un momento.

Cuando digo que el Papa tiene razón, pero no en el sentido que él cree, esto es lo que quiero decir: En un sentido importante, sí que tenemos «una economía de la exclusión y la inequidad». Pero no es una economía basada en el libre mercado, sino más bien en el intervencionismo, el corporativismo, el capitalismo de amigotes, o simplemente en el capitalismo, es decir, la derogación del libre mercado en nombre de intereses particulares, en su mayoría relacionados al mundo de los negocios. El sistema imperante está plagado de exclusión y desigualdad, y sus víctimas son las personas más vulnerables de la sociedad. Es fácil pasar por alto esta realidad porque el sistema produce un gran volumen y variedad de bienes de consumo a los que incluso las personas de bajos ingresos pueden acceder. (El sistema depende de los consumidores, aunque sin la intervención gubernamental podríamos esperar que los precios fuesen aún más bajos).

Es cierto que aquellos a los que llamamos «pobres» en este país tienen productos para el hogar de los que carecían la mayoría de las personas de clase media hace 40 años, y muchas cosas que nadie tenía hace menos de 20 años debido a que no se habían inventado todavía. También es cierto que la pobreza en todo el mundo ha disminuido mucho en las últimas décadas, gracias a la desaparición de la planificación central y la introducción de reformas de mercado limitadas (que sin embargo no están a la altura del «sistema de libertad natural» de Adam Smith, que si se aplicase consistentemente incluiría una reforma agraria).

Pero estas no son las únicas medidas del bienestar. A la gente se le excluye y se le trata de manera desigual en la medida en que los gobiernos le impiden romper con el empleo asalariado tradicional (y, en el contexto actual, opresor) y establecerse por cuenta propia o en empresas cooperativas con sus pares. La perspectiva de trabajo por cuenta propia, particularmente entre las personas de bajos ingresos educados en el sistema público administrado por el gobierno es casi nula, debido a la estructura impositiva, la regulación de productos, licencias ocupacionales, la zonificación y otras restricciones y exclusiones de uso del suelo, normas de construcción, de máxima densidad residencial y otros requisitos que fomentan el crecimiento urbano desmesurado, límites a los vendedores ambulantes y a los taxis, leyes de salario mínimo, la «propiedad intelectual», entre otros muchos factores. El gobierno tiene miles de maneras de encarecer lo que se entiende por una subsistencia cómoda. Todo esto se decreta en nombre de intereses creados que quieren preservar sus ventajas actuales.

«Mientras más pobre es uno, más necesita acceso a alternativas informales y flexibles, y más se necesita la oportunidad de dedicarse a buscarse la vida creativamente. Cuando el estado impide eso, condena a los pobres a la existencia aislada típica de los guetos», escribe Charles W. Johnson. (Véase su ensayo «Cómo el Gobierno crea la Pobreza tal como la Conocemos», y «El Gobierno no es Amigo de los Pobres» de Gary Chartier).

Estamos hablando de un tipo de exclusión y desigualdad especialmente vicioso. Y no cabe esperar que mejore con teléfonos inteligentes baratos o televisores de pantalla grande equipadas con TiVos. Esas cosas puede que alivien un poco la tortura de trabajar bajo la autoridad arbitraria de otra persona en un empleo que nubla la mente, pero no rectifican la injusticia ni derogan los peajes que el Estado erige en el camino hacia el progreso individual.

En otras palabras, el Papa se equivoca cuando dice que «hoy todo entra dentro del juego de la competitividad». Es precisamente esta supresión legislada y prohibición de la competencia lo que provoca que «grandes masas de la población se vean excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida».

No hay demasiada competencia, sino muy poca, ya que la supresión de la competencia es la herramienta con la que los que tienen acceso al poder político mantienen a raya a sus rivales potenciales. Como se ha señalado, estas restricciones hacen que las personas de bajos ingresos (y otras) dependan de un empleo asalariado: las regulaciones gubernamentales eliminan en gran medida al auto-empleo y a las empresas cooperativas como alternativas a un puesto de trabajo, lo que disminuye el poder de negociación de los trabajadores y los deja más vulnerables a los caprichos de empresas sobredimensionadas, jerárquicas y políticamente protegidas, por no hablar de las recesiones en la economía y el desempleo estructural resultante provocados por los bancos centrales de los gobiernos y el favoritismo inflador de burbujas. (Gracias al costo cada vez menor de las computadoras y otros bienes de capital, es cada vez más factible que la gente arranque empresas de manufactura casera. Para más detalles sobre las posibilidades en ese sentido, consultar La Revoulción Industrial Casera de Kevin Carson).

Así que cuando el Papa escribe que nuestros problemas sociales son el resultado de «ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados», comete un grave error. La autonomía del mercado fue comprometida desde el principio por aquellos que usaron el estado para asegurarse privilegios que no hubiesen podido obtenerse en un mercado liberado.

Cuando dice «En este sistema que tiende a fagocitarlo todo en orden a acrecentar beneficios, cualquier cosa que sea frágil, como el medio ambiente, queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado, convertidos en regla absoluta», se contradice a sí mismo. Una de las cosas que fue devorada hace mucho tiempo, precisamente porque era un obstáculo para los beneficios empresariales políticamente inflados, lo que los economistas denominan «rentas», es el el libre mercado. (Esto también ha tenido implicaciones ambientales, como cuando las cortes del siglo XIX decidieron darle prioridad a la industrialización sobre las protecciones a la propiedad inherentes al derecho común).

Por último, el Papa muestra su confusión cuando en un solo párrafo equipara el libre mercado con los «los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante». Cualquiera sea la manera que uno quiera llamar al sistema económico imperante, tal como lo he demostrado aquí, no puede ser «libre mercado». En un mercado liberado no habría dominio eminente (cuyas víctimas son los más desfavorecidos económicamente), subsidios, rescates corporativos, especulación alimentada por la deuda del gobierno, y todos los obstáculos para el progreso individual mencionados más arriba. (Esta no es la primera vez que llamado la atención del Vaticano acerca de ideas de libre mercado. Ver esto.)

La preocupación del Papa por los pobres y excluidos es acertada. No debemos tolerar su condición o sus causas. Pero lo que los pobres y los excluidos necesitan son libertad y mercados liberados – mercados realmente libres, no «el sistema económico imperante» – para que puedan liberarse de la opresión que les impide progresar.

Cuando el Papa se lamenta de que las ideologías dominantes violan «el derecho de control de los Estados, encargados de velar por el bien común», hay que hacer un gran esfuerzo para reprimir las ganas de reír. ¿Cuándo han velado los estados alguna vez por el bien común? Son los estados y sus patrones elitistas los que preservan la exclusión y la desigualdad que el Papa aborrece, impidiendo la cooperación social inherente a los mercados liberados y el surgimiento de la prosperidad de abajo hacia arriba (en lugar de a través de mecanismos de derrame) que facilitan. Son los estados los que encarnan el peor sentido del principio de la «supervivencia del más apto», definiendo «apto» en términos de destreza en la navegación de los pasillos del poder. Sabemos muy bien quiénes son incluidos y quiénes quedan excluidos en ese proceso.

Artículo original publicado por Sheldon Richman en la Future of Freedom Foundation el20 de diciembre de 2013.

Traducido del inglés por Alan Furth.

Cuando no están ocupados prohibiendo el tabaco, lo están prohibiendo las grasas trans. Cuando no están prohibiendo las grasas trans, están prohibiendo los refrescos en envases grandes. Y como la prohibición de los refrescos fracasó, su próximo objetivo son los cigarrillos electrónicos. «¡Por la salud pública!» es el nuevo «¡Ví a Sarah Good con el diablo!, ¡Ví a Good Osburn con el diablo!, ¡Ví a Bridget Bishop con el diablo!».

Si no me creen, créanle a los políticos de la ciudad que votaron a favor de extender la prohibición de fumar para que abarque el «no fumar, pero que se parece en algo al fumar si uno es muy pero muy estúpido».

La presidenta del Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York, Christine Quinn, no cita menciona ninguna preocupación genuina sobre la salud pública cuando explica so apoyo a la prohibición del vaping. Simplemente asevera que será más difícil hacer cumplir la prohibición de fumar si no es también ilegal aquello que un policía ciego, sordo y retardado mental que se encuentre bajo los efectos del crack pudiese confundir con el acto de fumar.

Como la justificación es tan obviamente vaga, nos confiesa su verdadera convicción: «Ahora muy pocas personas se sienten incómodas diciendo que no se puede fumar en público. No queremos dar un paso atrás en eso». En otras palabras, no prohibir los cigarrillos electrónicos podría hacer que los neoyorquinos reconsideren permitirle a Christine Quinn dirigir sus vidas. ¡Peligro, Will Robinson! ¡Peligro!.

El concejal James Gennaro y el «Comisionado de Salud» Thomas A. Farley se refieren a la ausencia de una prohibición de las exhalaciones de vapor que contienen 1/5 del contenido potencialmente tóxico del «humo de segunda mano» como un «vacío legal». «Vemos que estos cigarrillos [sic] están empezando a proliferar, y eso es inaceptable», declaró Gennaro. «He sido informado de gente fumando cigarrillos [sic – no son cigarrillos, no «se fuman», y lo que Gennaro realmente quiere decir es «he sido informado de personas que viven sus vidas sin consultarme y reverenciarme»] en las bibliotecas públicas. Y ciertamente se están haciendo más comunes en los restaurantes y bares».

Por supuesto, no es justo atribuir todo esto exclusivamente a los delirios controladores de sociópatas como Quinn, Gennaro y Farley. También hay dinero de por medio. Mucho dinero – 1,50 dólares en impuestos de la ciudad por cada paquete de cigarrillos «reales» que se venden legalmente (alrededor del 60% de los cigarrillos entran a la ciudad por contrabando para eludir a los atracadores más entusiastas de la ciudad, sus políticos), más cualquiera sea la proporción de los 4,35 dólares por paquete en concepto de impuesto estatal que se canaliza a través de Quinn, Gennaro y Compañía.

El asunto tiene que ver con el afán de controlar. Tiene que ver con el dinero. Con lo que no tiene que ver ni una pizca es con la «salud pública».

Eso no quiere decir que los cigarrillos electrónicos no sean riesgosos en asboluto. Puede que lo sean en cierta medida; los pocos estudios realizados hasta la fecha sugieren que pueden haber riesgos menores (muchísmo menos severos que los asociados con los cigarrillos «reales») en su consumo.

Pero no hay duda razonable alguna de que los cigarrillos electrónicos son más seguros que el fumar tabaco. Tampoco hay duda de que los cigarrillos electrónicos son una de las maneras más eficaces de conseguir que la gente deje de fumar tabaco – reduciendo los fondos para sobornos de Quinn y Gennaro en más de un dólar y medio por paquete de cigarrillos no fumado, y hasta que se apruebe la nueva prohibición, aflojando ligeramente los collares de perro que Quinn, Gennaro y Compañía han pasado tantos años ajustando alrededor del cuello de cada neoyorquino.

Los neoyorquinos saldrán perdiendo con la prohibición de los cigarrillos electrónicos. Y estarían mucho mejor sin “su” gobierno de la ciudad.

Artículo original publicado por Thomas L. Knapp el 20 de diciembre de 2013.

Traducido del inglés por Alan Furth.